Cebrián afirma que la piratería se combate con software, no con normas
El presidente de PRISA anuncia que los medios del grupo no cobrarán ningún canon por el uso digital de sus contenidos
El presidente ejecutivo del Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), Juan Luis Cebrián, aseguró este lunes que la defensa eficaz de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería no se podrá llevar a cabo mediante una respuesta legislativa, sino tecnológica. “No vamos a poder regular del derecho al olvido o el de propiedad intelectual con una norma sino mediante el software”, apuntó.
Cebrián, que abrió el curso Los derechos intelectuales de la creación, el conocimiento y la comunicación. Redes sociales globales que se celebra en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, indicó que los medios de comunicación y el sector editorial intentan responder al desafío digital con normas tradicionales, porque provienen de un mundo industrial, pero los cambios tecnológicos van muy por delante las normativas, que se quedan caducas rápidamente.
“A corto plazo, tenemos que proteger nuestro mercado, pero siendo conscientes de que esos derechos tienen fecha de caducidad. Porque no se trata de una transformación digital sino que estamos asistiendo a una disrupción digital que está poniendo todo patas arriba, comenzando por el sistema de financiación de los medios”, indicó el máximo directivo de PRISA.
Apuesta por una regulación global que tenga en cuenta a EE UU
En esa línea, Cebrián precisó que los esfuerzos tanto nacionales como de la Unión Europea por regular el derecho de propiedad intelectual no han resultado eficaces, y que se necesitan normas globales y mundiales, que tengan en cuenta a Estados Unidos y China, no solo porque el mundo digital no tiene fronteras sino porque los gigantes de Internet como Google o Facebook, que marcan las pautas en la Red, no son europeos.
Ante ese “cambio de civilización” que supone la era digital, con fenómenos como Wikipedia, la enciclopedia online en la que los derechos de autor quedan difuminados y los contenidos están al alcance de todo el mundo, los medios tradicionales sufren el dilema de la defensa del derecho moral del autor y de los intereses de los propietarios.
El presidente ejecutivo de PRISA se mostró muy crítico con la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por este Gobierno porque “ha conseguido el consenso formidable de que no le guste a nadie”. En particular, Cebrián censuró la normativa que establece el cobro irrenunciable por parte de los medios de un canon a todos aquellos que usen sus contenidos en Internet, desde agregadores como Google o Yahoo a otras compañías como Facebook. Dicha norma ha provocado la división de los medios integrados en la asociación de editores (AEDE), entre los que quieren cobrar y los que estiman que va en contra de sus intereses por la caída del tráfico en la Red que eso les supondría.
Derechos de creación e Internet
- La importancia de las industrias culturales. Se han convertido en un pilar básico de la economía, hasta el punto de que dentro de la Unión Europea representan el 4,2% del PIB y generan siete millones de empleos.
- Un mercado único. Creadores, juristas y representantes de los organismos de Competencia reclaman un mercado único digital dentro de la UE como fórmula para garantizar la libre circulación de contenidos culturales y se preguntan por qué Europa no es capaz de construir empresas capaces de competir con Google.
Según Cebrián, el cobro del “mal llamado canon AEDE” no puede ser irrenunciable porque se trata de un derecho patrimonial y, por tanto, renunciable, y que se debe dejar elegir libremente a los medios la facultad de cargar ese canon. El ejecutivo acusó al Gobierno del PP de seguir el modelo alemán en esa normativa que no ha funcionado en el país germano y que “tiene efectos perversos” porque involucra a los medios de comunicación en una guerra en defensa de los intereses de los operadores de telecomunicaciones.
“Mientras yo sea presidente de PRISA, ninguno de los medios del grupo va a cobrar ese canon”, avanzó Cebrián.
La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, que también participó en el curso, defendió la ley, e indicó que se ha tratado de establecer un consenso con todos los afectados, y que el canon se instaura ante el poder de mercado de medios como Google.
Por su parte, Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, indicó en su intervención, que la solución contra la piratería no solo puede ser penal y que debe actuarse preventivamente. A su juicio, la actual legislación, tras la última modificación de la LPI, es eficaz y efectiva porque abarca a todos los supuestos.
El curso sobre los derechos intelectuales se celebra desde el 6 al 8 de julio, organizado por Cinco Días, y dirigido por José Manuel Gómez Bravo, director de Propiedad Intelectual de PRISA.
Babelia
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