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Carotas

Las donaciones ilegales cuando llegan a un partido no persiguen paliar el hambre o las situaciones de marginación, ni siquiera apuntalar la democracia, persiguen un fin: ganar influencia

Sede central del PP en Madrid
Sede central del PP en Madrid

Los partidos políticos reciben subvenciones del Estado en función de su representación electoral. Por ello, en justicia, el PP es el que más dinero percibe del erario público. La cantidad anual es alta, pero a ella hay que sumarle las inyecciones de dinero público que reciben sus fundaciones, tanquetas de ideas, los pagos de asesores directos y el balance global de una serie de empleados que desempeñan tareas sin más cualificación que la pertenencia al partido. El monto total es suficiente para considerar que los partidos están extremadamente bien cuidados por el Estado. Sin embargo, no es raro que los políticos llamen subvencionadas a diferentes actividades industriales sin incluirse jamás entre ellas. En la campaña electoral andaluza es habitual afear los defectos del PER, las ayudas a temporeros y la bolsa de dinero público para desempleados, pero nunca se ha visto a un político aplicar a su partido esa reflexión sobre financiación dependiente del Estado, ni llamarse a sí mismo subvencionao, pronunciado a su manera mitinera.

Quizá por eso podría colar que Hacienda sea capaz de difundir un comunicado donde compara el uso de las donaciones anónimas por parte de un partido con el destino que dan al dinero recaudado asociaciones sin ánimo de lucro como Cáritas o Cruz Roja. Falta esa capacidad para verse a sí mismos desde la perspectiva crítica con que miran a los demás. Nadie puede dudar de que los partidos merecen estar protegidos por la financiación pública, porque son instrumentos imprescindibles para el balance democrático. Sería igual de saludable que se apreciara del mismo modo a los medios de comunicación públicos, aunque no sucede.

Pero las donaciones ilegales cuando llegan a un partido, y solo en 2008 el PP superó el millón de euros en este concepto, no persiguen paliar el hambre o las situaciones de marginación, ni siquiera apuntalar la democracia. No hace falta ser muy perspicaz para intuir que su opacidad persigue un fin: ganar influencia y medrar en los concursos públicos. De ahí que la comparación con labores humanitarias sea grotesca. La Agencia Tributaria minusvalora la inteligencia de tantos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales si no desautoriza de manera tajante esta interpretación peregrina. No es lo mismo Cáritas que Carotas.