El Congreso aprueba la ley de la Biblioteca Nacional

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la ley de la Biblioteca Nacional (BNE), que se convierte en la tercera institución cultural, después de los museos del Prado y del Reina Sofía, en contar con un marco legal propio. Después de siete meses de tramitación, el proyecto de ley salió adelante con la incorporación de las enmiendas del Senado, que han sido votadas y aprobadas por separado. La Cámara ha ratificado las enmiendas del Senado, que señalan que la Biblioteca Nacional de España desarrolla su misión "en un entorno cambiante que obliga a definir un nuevo modelo de biblioteca".

La enmienda al artículo 1 ha sido aprobada con 280 votos a favor y 5 abstenciones; la del artículo 3 con 281 votos a favor y 4 en contra, mientras que el resto de enmiendas con 265 votos a favor y 10 abstenciones. que han sido votadas y aprobadas por separado. Así, la enmienda al artículo 1 ha sido aprobada con 280 votos a favor y 5 abstenciones; la del artículo 3 con 281 votos a favor y 4 en contra y el resto de enmiendas con 265 votos a favor y 10 abstenciones.

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes, recordó que la aprobación de la ley había sido uno de sus compromisos al comienzo de la legislatura. Y es, sin duda, el único que ha sacado adelante con un notable consenso, puesto que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual suscitó el rechazo de toda la oposición. La tercera gran promesa de Wert, la ley de mecenazgo, se diluyó por decisión del Ministerio de Hacienda, que se limitó a autorizar unas cuantas mejoras fiscales.

El ministro destacó que la ley era necesaria para otorgar “más autonomía financiera” a la BNE, aunque varios portavoces lamentaron que el texto definitivo resulte poco ambicioso. “Era mejorable”, señaló Montserrat Surroca, de CiU. “No es la ley que nos hubiera gustado, no está a la altura del papel que debería jugar la BNE”, incidió el socialista Federico Buyolo, que reprochó el recorte presupuestario sufrido por la institución en los últimos años (29 millones en 2015 frente a 53 millones en 2009). “No les interesa la cultura”, censuró.

Por su parte, Caridad García Álvarez, de la Izquierda Plural, expresó “serias reservas y dudas” en algunos aspectos como la elaboración del estatuto o el desarrollo de la norma futura, aunque sobre todo criticó que se “abre la puerta a la entrada privada a través de la adquisición de participaciones”. Casi todos los grupos criticaron la falta de personal y la externalización de funciones básicas.

El proyecto de Ley establece el plazo de un año para aprobar un Estatuto que regule la gestión interna y la estructura orgánica de la Biblioteca Nacional de España. A partir de ahora, la institución recupera su rango administrativo de dirección general –rebajado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en una de las medidas anticrisis-, se refuerza el papel de su actual Patronato, al que se encomienda realizar “una labor activa de captación de recursos propios, especialmente los derivados de las aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares y de los ingresos recibidos como consecuencia del patrocinio de instalaciones”.

En cuanto a los ingresos, la BNE tendrá, además de la aportación presupuestaria procedente de Cultura, fondos generadas por actividades propias y cesión de espacios. La biblioteca también podrá participar en sociedades, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro “cuyo objeto sea acorde con los fines de la Biblioteca Nacional”. Se crea también un comité científico con funciones consultivas.