La Biblioteca Nacional de España se emancipa con las alas recortadas

El presente 2015 será un año contradictorio para la Biblioteca Nacional de España (BNE). En pocos meses contará con una ley específica, un marco con que cuentan tan solo otras dos instituciones culturales (los museos del Prado y Reina Sofía), que saldrá adelante con notable consenso político —el proyecto de ley cosechó el apoyo de todos los grupos, salvo Izquierda Plural y UPyD, que se abstuvieron—. Pero el espaldarazo legal coincide también con una situación de intenso estrés económico, tras soportar desde 2008 un recorte del 43,6% en su presupuesto, que se traduce en falta de personal y recursos menguantes para digitalizar o adquirir fondos.

A diferencia del Prado y del Reina Sofía, que han mejorado sus cuentas, el Gobierno ni siquiera le ha concedido un respiro este año —la BNE vuelve a perder dinero—, en el que sí le otorgará la emancipación jurídica y le restituirá su rango de dirección general, perdido con el Ejecutivo de Zapatero. “No se trata solo de una cuestión administrativa ni de organigrama; se trata de respeto, de consideración y de posición”, defendió la diputada popular Ascensión Figueres en la Comisión de Cultura del Congreso, durante el debate del proyecto de ley. Allí mismo, el socialista Federico Buyolo incidió en la insuficiencia económica: “Es como salir a correr con los pies atados”.

Ana Santos, la directora de la institución, rehúye hacer un discurso catastrofista sobre el efecto de los recortes: “No tiene impacto sobre el funcionamiento cotidiano por el compromiso de la plantilla”. Admite, sin embargo, que afecta a la compra de patrimonio bibliográfico o a la digitalización, ralentizada tras años de hiperactividad gracias a los 10 millones que Telefónica puso entre 2008 y 2013, que permitieron digitalizar 122.133 títulos.

Y la BNE ha perdido 22,6 millones de presupuesto en los últimos ocho años. Se han racionalizado gastos, pero también se ha dejado tiritando a la plantilla hasta el extremo de que los empleados públicos son ya minoritarios

“La Biblioteca Digital Hispánica no existiría sin ellos”, agradece Santos. Ahora que ese mecenas ha cerrado el grifo, la digitalización (y, por tanto, la universalización del acceso a las colecciones, esencial para las instituciones que aspiran a ser una referencia internacional y para la generación de conocimiento) depende más que nunca del menguante dinero público. Y la BNE ha perdido 22,6 millones de presupuesto en los últimos ocho años. Se han racionalizado gastos, pero también se ha dejado tiritando a la plantilla —la partida salarial ha caído cuatro millones— hasta el extremo de que los empleados públicos son ya minoritarios en el desempeño de tareas bibliotecarias básicas. El 61% de estas labores está en manos de trabajadores de empresas externas, que lo mismo atienden las consultas en salas que catalogan fondos o informan al público. “Esto es indignante por el tipo de contrato que les hacen, aunque sean titulados superiores”, se queja Jesús Rodríguez Izquierdo, de UGT, presidente del comité de empresa de la BNE. El caso más reciente y extremo afecta a profesionales externos que están catalogando fondos de música y bellas artes, que llevan varios meses sin percibir sus nóminas, pese a que la contrata ha cobrado de la BNE, critica el sindicalista.

Las licitaciones a la baja de la Biblioteca también han motivado la sustitución de firmas y trabajadores de larga experiencia en tareas muy especializadas. La privatización del modelo de gestión ha conquistado tanto terreno que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para la directora. “El cambio continuo de personas altamente especializadas produce pérdida de conocimiento y compromiso con la institución, no tanto de calidad, porque, a pesar de la miseria que les pagan los trabajadores se esfuerzan”, enfatiza Santos. En 2014, fueron sustituidos empleados que llevaban años ocupándose de la elaboración de la bibliografía española al cambiar la empresa adjudicataria por la rebaja del presupuesto licitado. “Creo en el servicio público con recursos públicos. Los procesos básicos como la catalogación o los servicios en sala se deben cubrir con empleados públicos”, sostiene la directora. “El problema más grave de la casa es el modelo de gestión, que comenzó a partir de los noventa con la externalización de procesos y servicios básicos”, añade.

Dependiente del ministerio de Hacienda

El plan de Santos para revertir la situación incluye la contratación de 175 ayudantes y auxiliares de biblioteca en los próximos cuatro años, pero, como tantas cosas en el ámbito de la Cultura, dependerá de lo que autorice Hacienda. De momento, el proyecto de ley de la BNE precisa un mandato bien concreto: su aplicación no conllevará en ningún caso el aumento del gasto.