La piqueta amenaza en Galicia a un icono de la arquitectura

“La corrupción normalmente se esconde, pero en Galicia se exhibe con orgullo. Humilla y atropella a lo que la rodea”. El arquitecto Carlos Quintáns habla con hartazgo. Explica que no se actúa contra la depravación haciendo leyes que la impidan, cumpliendo las que existen o no permitiendo que estas se varíen sin sentido. Esa dejadez ha terminado por desproteger el territorio, ha hecho estragos en buena parte del patrimonio arquitectónico y está aniquilando la tradición constructiva.

La última de esas destrucciones afecta a una de las obras más premiadas de la arquitectura gallega contemporánea, la casa en Ponte Sarela de Victor López-Cotelo. Alejada de cualquier exceso o prepotencia y, al revés, arraigada en el lugar y en la tradición constructiva local, la casa que hace ocho años hizo construir el promotor Otero Pombo a las afueras de Santiago, permitía pensar en otro futuro. Abría una vía para la transformación de la arquitectura preindustrial gallega que pasaba por conservar el paisaje de canales de agua y molinos que define la frondosa periferia de la capital. Esa condición pionera de reconvertir y actualizar el patrimonio de las antiguas curtidurías abandonadas convirtió este proyecto en un faro capaz de guiar futuras actuaciones. Seguramente por esa cualidad, a la vez pionera y reparadora, la casa en Ponte Sarela se mostró en la Bienal de Venecia y se hizo con el Premio Saloni y el Gran Premio Enor de arquitectura. Es una casa indiscutible. A la sobresaliente calidad arquitectónica añade humildad, cercanía con el usuario y una labor didáctica realizada no por un ayuntamiento sino por un particular, un promotor que quiere construir para mejorar lo que existe y no exclusivamente para enriquecerse. El último premio a esta vivienda ha sido una sentencia judicial con una orden de derribo.

“Nos hemos acostumbrado a que los delitos no se condenen, pero el castigo para quien lo hace bien nos lleva a la desesperación”, continúa Quintáns. A pesar de estar realizada con todos permisos municipales y con todos los controles de comisiones de patrimonio, la vivienda debe derribarse en un 65% tras estimar un tribunal que no se ajusta a la legislación. Una vecina, “que vive en una casa ilegal”, explica López Cotelo, denunció que perturbaba el ambiente de la zona. Perdió el pleito, recurrió, y lo volvió a perder. En el segundo pleito la sentencia le exigió a la propia mujer que demoliera su casa ilegal. Al promotor Otero Pombo le dio pena y pidió que no se cumpliese la sentencia.

Ahora, un nuevo juez reinterpreta la normativa urbanística y obliga a pasar de conservar el patrimonio a convertirlo en ruina. Eso sí, las casas anodinas levantadas sin licencia que la rodean permanecerán. “Este es un país que se destruye a sí mismo”, afirma el arquitecto desde Granada, donde, tras 16 años, ha concluido la Escuela de Arquitectura de la ciudad.

Hace dos décadas que López Cotelo da clases, de Proyectos y Restauración, en la Universidad Politécnica de Múnich.