Fuego cruzado entre las entidades de gestión y los usuarios por las tarifas

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) está dando los últimos pasos de su tramitación antes de su aprobación este miércoles en el Senado. El pulso entre los usuarios de derechos de repertorios culturales y las entidades de gestión ha provocado una catarata de enmiendas. Las ocho entidades —las administradoras de una parte de los derechos de propiedad intelectual— se agrupan en torno a ADEPI, organizaron hace unas semanas un acto público contra algunos puntos de la denominada Ley Lassalle —en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle— por algunos aspectos que afectan al sector, como el IVA cultural. En estos puntos recibió el apoyo unánime de toda la industria, pero ese respaldo se resquebraja en otras reivindicaciones, como con el canon digital.

Las actuaciones de las entidades de gestión, que recaudaron el año pasado 359 millones, han provocado enmiendas a la LPI por una parte importante de la industria creativa, educativa y cultural, tanto como titulares de derechos como usuarios de los repertorios que administran las entidades.

Las entidades de gestión son de autores, editores musicales y de texto (SGAE , CEDRO, VEGAP, y DAMA), de derechos conexos al de autor, que agrupa a artistas, dobladores, intérpretes y ejecutantes (AIE, AISGE), y de productores discográficos y audiovisuales (AGEDI, EGEDA). La mayor parte de sus ingresos proceden de las tarifas generales que cobran por sus repertorios y que pagan promotores de conciertos, radios y televisiones públicas y privadas, universidades, teatros, hoteles, museos, editores, bares, cines o las empresas de venta y de distribución digital, entre otros.

Estas sociedades actúan casi en régimen de monopolio en el mercado, según explican fuentes de la industria. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que reconocía que era mejorable la competencia en el sector para evitar que las entidades de gestión "ejerzan su poder de mercado en el ámbito tarifario". Las entidades de gestión rechazan esta acusación y argumentan que el número de entidades es abierto.

Estas asociaciones fijan las tasas de forma unilateral sin control de los organismos públicos, se quejan los usuarios de derechos. Fuentes de las entidades de gestión niegan esta afirmación y justifican que en caso de disputas se someten al control de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) del Ministerio de Cultura.

Obtienen sus ingresos de las tarifas tanto por los derechos exclusivos o por la reproducción y la distribución de soportes (música, cine, DVD, discos) o por la reproducción instrumental y comunicación pública de música, vídeos musicales, películas, series de televisión, musica en comercios o estadios de fútbol, redes sociales o plataformas webs.

La Asociación Española de Radios Comerciales, integrada por unas 2.000 emisoras (entre ellas la cadena SER, Cope y Onda Cero), interpuso una demanda ante la CNMC por considerar las tarifas "abusivas" por los planes de las entidades de derechos conexos distintos de los de autor, AGEDI-AIE, que pretenden subir los precios más del 100%.

Los usuarios de los repertorios reclaman que la ley regule el mecanismo para fijar las tarifas para que no se apruebe, como hasta ahora, de forma unilateral. También cuestionan el sistema porque las entidades de gestión perciben remuneraciones por duplicidad de pagos en un mismo acto de explotación. Y recuerdan que existe gran disparidad de precios para iguales categorías de servicios o distribuciones. Los usuarios se quejan de que en algunas ocasiones tienen que abonar dos veces por un mismo derecho. E incluso tienen que desembolsar cantidades por usar derechos cuyos titulares no son identificados o no se puede acreditar su propiedad. Por eso, reclaman la devolución de ese dinero así como la aplicación del principio de reciprocidad para evitar pagos dobles, como pasa en España y Portugal, en relación con derechos inexistentes en terceros países.

Estos usuarios reclaman que los repartos [es habitual que solo la mitad de lo que pagan por una obra musical vaya al autor y el otro 50% a un editor musical. Este reparto se mantiene hasta 70 años después de la muerte del autor] se determinen con criterios de equidad.

El Gobierno ha introducido cambios en la ley para que las tarifas sean aprobadas con un informe de Competencia y sean validadas por la Comisión Delegada para asuntos económicos del Ejecutivo. Las entidades de gestión se oponen y aducen que las tarifas deberían ser controladas por la CPI del Ministerio de Cultura.

Coalición Canaria (CC) ha presentado cambios para que se prohíban los dobles pagos a las entidades de gestión. También ha planteado mejoras para evitar que se pague por derechos no reconocidos en países extracomunitarios que aún así exigen las entidades de gestión. Además, reclama fijar las tarifas con criterios profesionales y concretos. Así, el precio de las tasas se valorará teniendo en cuenta aspectos como que la explotación del servicio sea principal, secundaria o accesoria; las características propias de cada tipo de derecho (sea exclusivo, de remuneración, de autor o conexo, uso real y efectivo del repertorio) y la audiencia u ocupación efectiva en lugar de la audiencia potencial del acto.

Otra de las preocupaciones es la piratería de derechos audiovisuales. El Grupo del PSOE ha registrado una enmienda para perseguir cualquier "enlace o redireccionamiento que vulnere los derechos de las operadoras". Además, aboga por otro cambio para que se considere el bloqueo como una medida ordinaria y no subsidiaria e incluye la posibilidad de que los prestadores de alojamiento de Internet puedan bloquear el servicio infractor.