Fuego cruzado entre las entidades de gestión y los usuarios por las tarifas
Los operadores piden regular las tasas sobre los derechos de propiedad intelectual
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) está dando los últimos pasos de su tramitación antes de su aprobación este miércoles en el Senado. El pulso entre los usuarios de derechos de repertorios culturales y las entidades de gestión ha provocado una catarata de enmiendas. Las ocho entidades —las administradoras de una parte de los derechos de propiedad intelectual— se agrupan en torno a ADEPI, organizaron hace unas semanas un acto público contra algunos puntos de la denominada Ley Lassalle —en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle— por algunos aspectos que afectan al sector, como el IVA cultural. En estos puntos recibió el apoyo unánime de toda la industria, pero ese respaldo se resquebraja en otras reivindicaciones, como con el canon digital.
Las actuaciones de las entidades de gestión, que recaudaron el año pasado 359 millones, han provocado enmiendas a la LPI por una parte importante de la industria creativa, educativa y cultural, tanto como titulares de derechos como usuarios de los repertorios que administran las entidades.
Las entidades de gestión son de autores, editores musicales y de texto (SGAE , CEDRO, VEGAP, y DAMA), de derechos conexos al de autor, que agrupa a artistas, dobladores, intérpretes y ejecutantes (AIE, AISGE), y de productores discográficos y audiovisuales (AGEDI, EGEDA). La mayor parte de sus ingresos proceden de las tarifas generales que cobran por sus repertorios y que pagan promotores de conciertos, radios y televisiones públicas y privadas, universidades, teatros, hoteles, museos, editores, bares, cines o las empresas de venta y de distribución digital, entre otros.
Estas sociedades actúan casi en régimen de monopolio en el mercado, según explican fuentes de la industria. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que reconocía que era mejorable la competencia en el sector para evitar que las entidades de gestión "ejerzan su poder de mercado en el ámbito tarifario". Las entidades de gestión rechazan esta acusación y argumentan que el número de entidades es abierto.
Estas asociaciones fijan las tasas de forma unilateral sin control de los organismos públicos, se quejan los usuarios de derechos. Fuentes de las entidades de gestión niegan esta afirmación y justifican que en caso de disputas se someten al control de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) del Ministerio de Cultura.
Obtienen sus ingresos de las tarifas tanto por los derechos exclusivos o por la reproducción y la distribución de soportes (música, cine, DVD, discos) o por la reproducción instrumental y comunicación pública de música, vídeos musicales, películas, series de televisión, musica en comercios o estadios de fútbol, redes sociales o plataformas webs.
La Asociación Española de Radios Comerciales, integrada por unas 2.000 emisoras (entre ellas la cadena SER, Cope y Onda Cero), interpuso una demanda ante la CNMC por considerar las tarifas "abusivas" por los planes de las entidades de derechos conexos distintos de los de autor, AGEDI-AIE, que pretenden subir los precios más del 100%.
Los usuarios de los repertorios reclaman que la ley regule el mecanismo para fijar las tarifas para que no se apruebe, como hasta ahora, de forma unilateral. También cuestionan el sistema porque las entidades de gestión perciben remuneraciones por duplicidad de pagos en un mismo acto de explotación. Y recuerdan que existe gran disparidad de precios para iguales categorías de servicios o distribuciones. Los usuarios se quejan de que en algunas ocasiones tienen que abonar dos veces por un mismo derecho. E incluso tienen que desembolsar cantidades por usar derechos cuyos titulares no son identificados o no se puede acreditar su propiedad. Por eso, reclaman la devolución de ese dinero así como la aplicación del principio de reciprocidad para evitar pagos dobles, como pasa en España y Portugal, en relación con derechos inexistentes en terceros países.
Estos usuarios reclaman que los repartos [es habitual que solo la mitad de lo que pagan por una obra musical vaya al autor y el otro 50% a un editor musical. Este reparto se mantiene hasta 70 años después de la muerte del autor] se determinen con criterios de equidad.
El Gobierno ha introducido cambios en la ley para que las tarifas sean aprobadas con un informe de Competencia y sean validadas por la Comisión Delegada para asuntos económicos del Ejecutivo. Las entidades de gestión se oponen y aducen que las tarifas deberían ser controladas por la CPI del Ministerio de Cultura.
Coalición Canaria (CC) ha presentado cambios para que se prohíban los dobles pagos a las entidades de gestión. También ha planteado mejoras para evitar que se pague por derechos no reconocidos en países extracomunitarios que aún así exigen las entidades de gestión. Además, reclama fijar las tarifas con criterios profesionales y concretos. Así, el precio de las tasas se valorará teniendo en cuenta aspectos como que la explotación del servicio sea principal, secundaria o accesoria; las características propias de cada tipo de derecho (sea exclusivo, de remuneración, de autor o conexo, uso real y efectivo del repertorio) y la audiencia u ocupación efectiva en lugar de la audiencia potencial del acto.
Otra de las preocupaciones es la piratería de derechos audiovisuales. El Grupo del PSOE ha registrado una enmienda para perseguir cualquier "enlace o redireccionamiento que vulnere los derechos de las operadoras". Además, aboga por otro cambio para que se considere el bloqueo como una medida ordinaria y no subsidiaria e incluye la posibilidad de que los prestadores de alojamiento de Internet puedan bloquear el servicio infractor.
El canon digital
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que actualmente se tramita en el Senado, pretende consolidar la compensación por copia privada en los Presupuestos en contra del criterio de las entidades de gestión. Estas administradoras de una parte de los derechos culturales han interpuesto recursos contra la decisión del Gobierno de eliminar los derechos de copia, a pesar de que los consumidores estaban en contra del canon digital. Los usuarios de los derechos de repertorios y algunas operadoras respaldan la supresión del canon que les obligaba a pagar por algunos de sus dispositivos.
En diciembre de 2011, nada más llegar el PP al poder decidió eliminarlo. Al año siguiente estableció una dotación presupuestaria. Actualmente, la partida para compensar a estas entidades se ha reducido a cerca de cinco millones de euros.
El canon digital surgió como una tasa para compensar a los autores, editores y distribuidores por el derecho a la copia privada. Se creó en un momento en que en España era habitual bajarse música de manera pirata y grabarlas en soportes electrónicos o CDs. El primer canon digital se aprobó en 2003 para aplicarlo precisamente a DVDs y CDS vírgenes, gracia a un acuerdo entre la patronal Asimelec y las entidades de gestión. Estas llegaron a ingresar cerca de 300 millones por este canon.
En 2005, un juez dictó la primera sentencia contra estas tasas ya que consideraba que los soportes digitales no debían soportar el canon si no se demuestra que están destinados a la copia privada de material protegido. La Ley de Propiedad Intelectual de 2006 amplía la lista de soportes sobre los que se puede aplicar el canon. Pero no es hasta junio de 2008 cuando se publican las nuevas tasas. Por ejemplo, las compañías de móviles tenían que pagar 1,1 euros por cada teléfono que vendiera, 3,15 euros por cada Mp3. O Canal+ debía abonar 12 euros por cada dispositivo de iPlus.
El canon digital nació con grandes enemigos. En 2008, la Asociación de Internautas recurrió la tasa al considerarla inconstitucional. Mientras los recursos se acumulaban en los tribunales, en 2010 los músicos cobrarán más por esta tasas que por la venta de discos.
En octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el canon como un abuso y sentencio que no cumple con la normativa europea. Sostenía que solo puede aplicarse a los particulares y no a las empresas
A finales de 2012, el Ejecutivo eliminó el canon por una figura que bautizó como "compensación equitativa por copia privada", una partida de los Presupuestos Generales del Estado, dotado con cinco millones. El Tribunal de la UE cuestiona el cambio de modelo. Los magistrados del tribunal expresan sus serias dudas de que este nuevo modelo y la supresión del anterior sean compatibles con la directiva de Bruselas.
El Gobierno tiene como aliados algunos editores y medios en su pulso contra la entidades de gestión por el canon digital, que en principio seguirá suspendido.
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