El canon de las bibliotecas no convence

El Real Decreto que regula el pago de un canon para los autores por el préstamo de sus obras en las bibliotecas públicas trata de solucionar el caos que reina en este terreno, pero por ahora solo ha desatado el rechazo general del sector, tanto de los que están a favor de esta tasa como de los que están en contra. Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), la entidad que gestiona los derechos de autor de los escritores, que defiende el canon, considera que es ampliamente insuficiente y está estudiando presentar un recurso ante la justicia europea. Por otro lado, las asociaciones profesionales de bibliotecarios, que rechazan el pago del canon, aseguran que la ley representa un nuevo problema para las bibliotecas públicas, cuya situación califican de crítica.

“Se trata de intereses contrapuestos que son difíciles de aunar, pero creo que es una legislación razonable”, asegura Jesús Prieto, director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas ante las críticas que ha suscitado el proyecto.

Publicado en el BOE el 1 de agosto, el Real Decreto llega con siete años de retraso, ya que España paga el canon desde 2007, cuando entró a formar parte de la Ley del Libro después de que una sentencia del Tribunal de Luxemburgo le obligase bajo la amenaza de una multa de 300.000 euros diarios. El canon forma parte de la legislación europea desde 1992 y algunos países lo pagan desde finales de los años cuarenta. Entonces, el Gobierno pagó el monto total que corresponde a todas las administraciones –1,3 millones de euros– y se comprometió a buscar una fórmula para regular la compensación a los autores por el préstamo de sus obras, pero ha sido necesario esperar siete años, hasta este verano.

El canon no lo pagan ni los usuarios ni las propias bibliotecas, sino que lo sufragan las Administraciones titulares de los centros. En España, existen 4.771 bibliotecas públicas y 79 bibliobuses. El Estado es titular de 53 bibliotecas (aunque solo gestiona una, la Biblioteca Nacional) y las Comunidades Autónomas de 70. La inmensa mayoría son municipales, aunque la ley solo afecta a las que están situadas en localidades de más de 5.000 habitantes (unas 1.300). El Real Decreto también excluye del pago a todas las bibliotecas dependientes del sistema educativo.

El problema, según Cedro, es que durante estos años el Estado y la Comunidad de Madrid han pagado su parte; pero prácticamente nadie más, en una clara violación de las exigencias legales de Bruselas. En 2009, la entidad de gestión de derechos autor recaudó por este concepto 280.000 euros; en 2010, 110.000 euros; en 2011, 80.000 euros y en 2012, 107 euros (porque el Estado aplazó el pago hasta 2013). Esta bajada se explica en parte porque el canon, ahora, se paga por ejemplares adquiridos por las bibliotecas, que desde la crisis se compran muchos menos libros. Pero también, en parte, porque casi nadie pagaba.

La nueva norma establece que el sistema de pago por compra de ejemplares se prolongará hasta diciembre de 2015 (16 céntimos por cada obra comprada para ser destinada al préstamo, ya sea un libro, un cd o un dvd), pero a partir de entonces cambia por completo el sistema: se pagarán 4 céntimos por cada obra que se preste y 5 céntimos por cada usuario inscrito en una biblioteca que haga uso del servicio. El cambio es radical: se pasa de cobrar por obra comprada, independientemente de que se preste o no a cobrar por préstamo. Según datos de 2012 (los últimos disponibles), hay 11,57 millones de personas inscritas en bibliotecas públicas, que recibieron 85,55 millones de visitas, aunque se produjeron 42,2 millones de préstamos.

Dado que existen numerosas variables –muchas obras están libres de derechos autor, sólo cuentan para los cálculos los usuarios que tomen volúmenes prestados para leerlos fuera del recinto, no los que tengan un carnet o frecuenten la sala de lectura–, los cálculos de lo que esto podría representar son enormemente diferentes entre Cedro y la asociación que agrupa a los bibliotecarios, Anabad (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas).

La entidad que gestiona los derechos de autor calcula que serán entre 214.840 y 426.303 (depende si se cuentan las obras prestadas o los ejemplares prestados), mientras que para Anabad será mucho más, en torno a 1.238.000 euros. El dinero que se ingrese será gestionado por las entidades de derechos de autor y repartido entre los autores cuyos libros hayan sido prestados –muchos escritores españoles ya reciben fondos por este concepto provenientes de Reino Unido, Francia, Alemania e Irlanda–.

“No ponemos en duda el derecho de los autores”, explica José María Nogales, vicepresidente de Anabad. “Nuestro temor es que las bibliotecas dejen de ser bibliotecas, que se conviertan en salas en las que los jóvenes vayan a estudiar”, agrega este representante de la principal asociación de bibliotecarios, que ha promovido un manifiesto que rechaza este canon “no solo por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si no por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público”.

Entre 2008 y 2012 la reducción presupuestaria en las bibliotecas públicas de España fue del 35,9% y tuvieron una disminución del 43,6% en las adquisiciones de las colecciones, según el Observatorio de la Cultura. El presupuesto para comprar nuevos títulos en las 53 bibliotecas que dependen directamente del Estado ha caído en más del 60%.

Cedro, en cambio, considera que se trata “de cantidades insignificantes”, según explicaron fuentes de la organización, que cuenta con 22.235 socios. Las mismas fuentes aseguraron que están estudiando un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. “Los países que tienen las mejores bibliotecas del mundo aplican el canon, no creo que sean dos cosas que tengan que ver”, explicaron en Cedro. Actualmente, según el Public Lending Rights Network, 33 países mantienen diferentes sistemas de retribución a los autores. El primero fue Noruega, en 1947, el último, Hungría, en 2008.

La polémica en torno al pago de un canon a los autores nunca ha cesado. El escritor francés de origen español Michel del Castillo, autor de Tanguy, publicó ya en el año 2000 un lúcido ensayo sobre el asunto, Droit d’auteur, en el que reivindicaba la remuneración de los creadores e intuía las turbulencias que se avecinaban sobre el mercado del libro. En 2007, tras la sentencia de Luxemburgo, surgió una iniciativa de escritores contra el canon.

Del Castillo escribió entonces, cuando los cambios impulsados por Internet comenzaban a acelerarse, una frase que cobra relevancia cada día: “La polémica en torno al derecho de autor no es más que un aspecto, menor, de las mutaciones que se están produciendo. En realidad, nadie sabe a qué se parecerá el mundo del libro dentro de un cuarto de siglo”.

Han pasado 14 años y ese gigantesco interrogante sigue siendo válido. Ahora mismo el último desafío al que se enfrentan las tambaleantes bibliotecas públicas es el impulso y la regulación del préstamo de libros electrónicos, un aspecto que no está incluido en la norma aprobada en agosto ya que, según la legislación española, el préstamo requiere que exista un libro físico. Nogales, representante de los bibliotecarios, asegura: “El auténtico problema es la nube y todo lo que ello conlleva. Cualquier solución tiene que hacerse pensando en el futuro”. “Las nuevas tecnologías borran las fronteras, transforman el espacio, encogen el tiempo. Hay menos espacio para la diferencia y la singularidad. Defender al creador, reivindicar sus derechos, es rechazar este nivelamiento”, escribió entonces el autor de Tanguy.