La oposición ataca varias claves de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha tenido poca paz, varias críticas y muchos aplazamientos. Tras pasar por el Consejo de Ministros en febrero, la normativa ha sufrido varios retrasos en el Congreso: el plazo para la presentación de enmiendas fue retrasado, semana tras semana, hasta el verano. Ayer finalmente se cerró, con más de 150 enmiendas de los grupos de la oposición. Ahora, tras una solicitud del Gobierno, el Congreso ha habilitado el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para que pueda aprobarse la normativa cuanto antes –con competencia legislativa plena, es decir, desde la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, sin que haga falta el visto bueno del pleno del Congreso- y presentarla al Senado ya en septiembre. El objetivo es que la nueva ley funcione con la llegada de 2015.

Se trata, como ya ha avisado el propio Ejecutivo, de una reforma “parcial” de la Ley de Propiedad Intelectual, a la espera de una modificación más sustancial. Aun así, el texto, criticado desde el principio por las entidades de gestión, recibió primero enmiendas a la totalidad por parte de toda la oposición y, ahora, el centenar de propuestas puntuales de modificaciones, lo que invita a pensar que el PP tendrá que aprobar finalmente la nueva ley con pocos apoyos o incluso solo, aprovechando su mayoría absoluta. De momento, el portavoz popular en la Comisión de Cultura del Congreso, Juan de Dios Ruano, ha defendido esta mañana que las peticiones de los demás grupos serán "muy escuchadas y atendidas".

El principal foco de las críticas es la compensación por copia privada, el sistema que el Ejecutivo creó para sustituir al enterrado canon digital y que corre a cargo de los Presupuestos del Estado. Prácticamente toda la oposición ha pedido que no sean los ciudadanos quienes paguen esta compensación, sino los que obtienen beneficios de las copias. "Ni presupuestos, ni canon digital, que lo paguen las empresas de Internet que facilitan ese tipo de copia, que no es solo la copia privada clásica, sino ver vídeos o escuchar canciones en streaming, o el almacenamiento en la nube”, defendió en concreto el portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso de Izquierda Plural, Chesús Yuste, a Europa Press.

Común a los grupos de la oposición fue también la invitación al Gobierno para que modifique el nuevo límite que fijó para el concepto de copia privada, lo que convierte muchas prácticas de copia que hasta hoy eran legales en ilegales. Las entidades de gestión ya atacaron esta modificación, que consideran como una estratagema del Ejecutivo para justificar la drástica reducción de la cantidad que recibirán con el nuevo sistema de compensación: de 115 millones con el canon a cinco ahora. “Quedan fuera las copias de copias, las de un CD prestado o de una canción descargada de iTunes”, avisaba hace meses Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de Adepi, la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual.

El otro punto en el ojo del huracán es la llamada tasa Google. En realidad, más que a los buscadores, la medida se refiere a los agregadores de noticias como Google news o Yahoo! News, quienes tendrán que empezar a pagar una “remuneración equitativa” a los editores de medios de comunicación por el uso de “fragmentos no significativos” de sus artículos. La decisión -caballo de batalla tradicional de los editores- encuentra algunos rechazos en la oposición. Mientras que el PSOE pide en sus enmiendas que la compensación se amplíe de los editores a los periodistas y fotógrafos autores de la información, tanto Izquierda Plural, como UPyD piden la supresión de la tasa Google o que al menos deje de ser “irrenunciable”, como la define el texto. Hace pocas semanas, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia adoptó una postura parecida, además de sugerir que la compensación no sea cobrada por las entidades de gestión, sino por los medios que decidan exigírsela a los agregadores de noticias y negociar con ellos.

En sus enmiendas, CiU pide también que Cataluña pueda plantear sus propias entidades de gestión. Y UPyD plantea que la gestión de los derechos de autor no tenga que pasar obligatoriamente por las entidades, sino que se deje la posibilidad de que surjan alternativas y el autor decida qué hacer con sus derechos. “La ley impone a los autores que gestionen sus derechos a través de sociedad de gestión”, aseguró a Europa Press el número dos en el Congreso de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán.

En cuanto a la lucha contra la piratería, la nueva ley amplía la batalla a las páginas de enlaces –aquellas que proporcionan una dirección para acceder, en otro sitio web, a un contenido pirata-, para las que establece sanciones de hasta 300.000 euros. Aun así, UPyD pide medidas “más eficaces” para cerrar las páginas pirata. E Izquierda Plural añade a sus recriminaciones otra exigencia histórica de las entidades de gestión: que la sección segunda de la llamada Comisión Sinde –el órgano administrativo que combate las violaciones del copyright en Internet- sea compuesta por expertos independientes y no por funcionarios elegidos por los ministerios. Carlota Navarrete, presidenta de la Coalición de Creadores, hasta ahora muy crítica con el avance de la ley, valora positivamente las enmiendas y sobre todo las declaraciones de Ruano, del PP, sobre la búsqueda de acuerdos: "Con esta filosofía parece que se van a escuchar las alegaciones de todos y se puede fortalecer el bloque a favor de la ley". Un primer veredicto saldrá en pocos días de la Comisión de Cultura: puede que el texto apague las polémicas. O, claro, que las encienda más aún.