El PP defiende la titularidad católica de la Mezquita de Córdoba

En Córdoba se vive una calma expectante desde que hace dos semanas se conociese la formación de una plataforma cívica que pide que la titularidad y la gestión de la Mezquita, catedral desde 1236, pase del obispado de la ciudad a manos públicas. Sin embargo, ni siquiera el anuncio de la Junta de Andalucía de que estudiará si es competente para atender esa reclamación ha hecho cambiar el rictus del obispo, Demetrio Fernández.

La semana pasada, en una comparecencia pública, se negó a responder a los periodistas sobre el debate reabierto. Algunos medios de comunicación locales sí han señalado, citando a fuentes eclesiásticas, que los equipos jurídicos de la Iglesia están elaborando densos dosieres con un argumentario legal que sustente la defensa de la gestión y titularidad del obispado.

Demetrio Fernández tampoco respondió a las preguntas sobre el volumen de ingresos que ha reportado a las arcas de la Iglesia el cobro de entradas al monumento, que suponen ocho euros para cada uno de los visitantes de fuera de Córdoba y 20 euros para los paseos nocturnos. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), defiende, sin embargo, el estatus actual de la Mezquita: “Para mí no es un problema”. El regidor aseguró que actualmente el monumento, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 1984, está “en perfectas condiciones, perfectamente atendido y cuidado”.

Apoyos “personales”

En el PP se ha alabado el papel que juegan los actuales gestores del monumento al estar “al máximo servicio del turismo y comprometido con este abriendo día y noche 365 días al año, poniéndolo a disposición de los cordobeses y los turistas que nos visitan todo el año”, dijo Rosario Alarcón, parlamentaria andaluza encargada de los temas de turismo en el PP.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha asegurado que “a título personal” apoya la reivindicación señalando que le “encantaría” que la Mezquita-Catedral de Córdoba fuese de titularidad pública. El viernes, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, también aseguró que “a título personal” había firmado en la campaña que ha iniciado esta plataforma ciudadana y que como, militante socialista, entiende que este bien que es Patrimonio Mundial de la Humanidad “debe ser de titularidad pública”.