Muchas ofertas, poca protección

“Una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma”. Sin duda el músico Nacho García Vega fue el más radical en su defensa de los derechos de autor (“Hay que trabajar para recuperar el valor de la creación”), pero similar espíritu recorrió la mayoría de las intervenciones de las personas que ayer hablaron en el Círculo de Bellas Artes para arropar la presentación del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, que tiene la virtud de juntar a sectores de intereses diversos: creadores, productores de cine, administración (Cultura y Telecomunicaciones), entidades de gestión, empresas digitales y de contenidos.

Y si arrancó ayer no fue mero azar: se cumplían 25 años de la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, la primera del siglo XX, que sustituyó a una legislación de los tiempos de la reina regente María Cristina. Un aniversario que llega cuando la ley está a punto de recibir un retoque para adaptarse a nuevos tiempos. “Debemos adaptar la realidad del marco normativo a las nuevas exigencias”, planteó Teresa Lizaranzu, directora general de Políticas e Industrias Culturales y del Libro. “Con el impacto de lo digital se necesitan nuevos equilibrios para que el desarrollo tecnológico no sea un impedimento para el disfrute de los derechos de propiedad intelectual”, señaló.

“Nunca ha habido tanta presencia, enlaces y divulgación de las obras, del ingenio y del entretenimiento. Pero también es cierto, que precisamente es en este momento cuando es más necesario una especial protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y a sus titulares”, reiteró la Secretaría de Estado de Cultura en un comunicado posterior.

Uno de los aspectos que se modificará será el refuerzo de la transparencia de la gestión colectiva de derechos de autor, una labor muy enturbiada por excesos del pasado. Y fue el presidente de la SGAE, Antón Reixa, el que puso cierto contrapunto: la reforma debería “poner en valor la defensa de la gestión colectiva”. Reixa animó a trasladar al campo de la propiedad intelectual el acuerdo que el Gobierno y el PSOE están negociando para frenar los desahucios, de manera que la reforma de la ley “se convierta en la primera herramienta para no hablar de desahucio cultural”.

A pesar de la necesidad de modificarla, el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, hizo un encendido elogio de la actual norma. “Acabemos con el mantra de que la ley del 87 no sirve. Ha tenido retoques y ha incorporado directivas comunitarias”, señaló Guisasola.

A su juicio, los cambios futuros deben centrarse en luchar contra la piratería (“El único intento solitario y controvertido, la ley Sinde, ha tenido una implementación poco cercana al éxito”) y buscar una solución extrajudicial para evitar que los conflictos se eternicen.

La creación del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual ha sido una iniciativa de José Manuel Gómez Bravo, director corporativo de negocios de derechos y de propiedad intelectual del Grupo Prisa \[editor de EL PAIS\], que recordó que “jamás en la historia ha habido tanto talento en movimiento” y, simultáneamente, “tanta vulneración”. Uno de los objetivos del foro es la defensa de la oferta legal de contenidos en el medio digital y la sensibilización de la población. Este es un aspecto en el que incidieron varias voces. Muy gráfico resultó el director de cine Enrique Urbizu, que también es profesor en dos centros. “Hay una gran vocación, una gran cantera, pero las aulas están llenas de una generación que ha perdido todo el respeto por la propiedad intelectual. Nos estamos jugando servir de ejemplo a los que van a venir detrás, que tienen talento y vocación pero ven la propiedad intelectual como un enemigo”, planteó el director No habrá paz para los malvados.

Alain Fohr, consejero cultural de la Embajada de Francia, amplió el marco del debate y aseguró que la protección de la propiedad intelectual es uno de los ejes de la identidad futura de Europa, de si opta por convertirse en un continente de consumidores o de creadores.

Por su parte la directora de Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google en España, Bárbara Navarro, abogó por consensuar una ley de propiedad intelectual que sirva para los próximos 25 años.