La Biblioteca Nacional se emancipa

Es posible que un lector asiduo a la reverencial sala de la Biblioteca Nacional (BNE) no lo note, pero la directora de la institución, Glòria Pérez-Salmerón, está convencida de que ella sí. En unos meses, el Gobierno tendrá lista una ley reguladora que, en la práctica, significa que se emancipa (en parte, claro) de la tutela administrativa 300 años después de nacer. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, aprovechó ayer la presentación del proyecto Leonardo interactivo para anunciar que antes de que acabe 2012 —o a lo sumo principios de 2013— estará lista la norma que regirá los destinos de la institución y que la dotará de una autonomía similar a la que ya gozan los museos del Prado y del Reina Sofía.

Con este cambio legal, la BNE seguirá siendo un organismo autónomo como ahora (tiene ese rango desde 1991), pero romperá su actual corsé burocrático. “La biblioteca no cambiará su esencia, pero cambiará su gestión”, manifestó Pérez-Salmerón. La captación de financiación privada para actividades o la contratación de personal podrán ser más fluidas. “A lo mejor hay necesidades de perfiles profesionales que no están en el catálogo de puestos de trabajo de la Administración del Estado y, con la situación actual, no se pueden cubrir. Una ley propia nos dará más flexibilidad”, explica la directora. Desde su perspectiva, no hay duda sobre el anuncio de Lassalle: es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir la institución a punto de concluir su tricentenario.

Y es una decisión que la apuntala, justo lo contrario de lo que ocurrió en mayo de 2010, cuando el Gobierno socialista la devaluó para adelgazar la Administración estatal en una de las primeras podas que anticipaban que los malos tiempos estaban a la vuelta de la esquina. La biblioteca, que emplea a un millar de personas, perdió entonces su condición de dirección general —se convirtió en una subdirección general—, lo que desembocó en la dimisión de su responsable, Milagros del Corral, y en una lluvia de críticas de algunos ámbitos de la cultura, sorprendidos ante la minusvaloración de un símbolo.

Lassalle afeó entonces a la ministra Ángeles González-Sinde la degradación y, en sus intervenciones en el Congreso, consideró “urgente e imprescindible” replicar el modelo de la ley del Prado en “todas las grandes instituciones de cabecera del Estado”, entre las que incluyó al Reina Sofía (que cuenta con ley propia desde 2011), la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Las propuestas de Lassalle fueron enunciadas por José Ignacio Wert en su primera comparecencia en el Congreso como ministro de Educación, Cultura y Deporte. Ayer, en la sede del paseo de Recoletos, las palabras de Lassalle dejaron entrever su empecinamiento: “Como ya anunciara al inicio de la legislatura, es empeño de quien les habla que la BNE cuente con una ley de autonomía, como la que disfrutan en estos momentos el Museo Nacional del Prado y el Reina Sofía”.

La española (30 millones de documentos) es una de las grandes bibliotecas del mundo junto a la British Library, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Su actividad arrancó en 1712, después de que el rey Felipe V, un francés que necesitaba consolidarse en un trono al que había llegado de la peor manera posible —tras una interminable guerra que se prolongó durante doce años—, aceptó la sugerencia de su confesor, el jesuita Pierre Robinet, para crear una Real Biblioteca con los fondos que el duque de Anjou había traído consigo de Francia (6.000 volúmenes), los acumulados por la dinastía precedente de los Habsburgo (2.000) y los confiscados a los nobles que habían combatido al lado del caballo perdedor, el archiduque de Austria, en la Guerra de Sucesión.

Impulsado o no por el síndrome del rey extranjero en una corte extraña, Felipe V accedió a algo singular para aquellos tiempos: darle un carácter público a la biblioteca, con las limitaciones propias de la época. Las mujeres solo pudieron acceder en 1837, un año después de que la institución fuese transferida de la Corona al Ministerio de la Gobernación y pasase a denominarse Biblioteca Nacional.

El refuerzo jurídico de la BNE coincide, sin embargo, con los hachazos que sufrirá su presupuesto para 2013 (la transferencia de fondos del Ministerio caerá de 31 a 25 millones, un 19,6% y ) y el de las partidas destinadas a las bibliotecas públicas, que retroceden de 60 a 47 millones, lo que se traduce en la extinción casi total de partidas para compras de material y actividades culturales.