El Constitucional de Francia avala la legalidad de las corridas de toros

En Cataluña no, pero bastará cruzar la frontera: en Francia se podrá seguir lidiando y matando toros –pero solo en el sur del país. El Consejo Constitucional francés decidió el viernes que la excepción territorial de las corridas, decidida por el Parlamento en 1951, respeta “una tradición ininterrumpida” en algunas localidades del país, y no es por tanto contraria a la ley fundamental. El fallo del tribunal deniega la demanda presentada en septiembre de 2011, tras la decisión del Gobierno de Nicolas Sarkozy de inscribir las corridas en el patrimonio cultural del país, por dos asociaciones de defensa de los animales, el Comité Radicalmente Anticorrida (CRAC) y el grupo Derechos de los Animales (DDA), que exigían la ilegalización de los espectáculos taurinos.

La decisión del tribunal —aprobada por nueve de los 12 sabios— fue recibida con alegría por una afición que cuenta, entre otros, con el filósofo Alain Finkielkraut, el arquitecto Jean Nouvel y el actor Denis Podalydès, y por los empresarios, mientras los defensores de los animales proclamaron que el consejo había “autorizado la tortura animal”, denunciaron “enormes presiones del Gobierno” socialista y anunciaron que recurrirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Fundación Brigitte Bardot deploró el fallo, y su patrona se declaró “desesperada” y tildó de cobardes a los miembros del consejo.

Estos confirmaron la legalidad de la excepción vigente, que deroga lo estipulado en el Código Penal sobre el maltrato de los animales en aquellas ciudades que han tenido "una tradición taurina ininterrumpida". "La diferencia de trato instaurada por el legislador entre actos de la misma naturaleza llevados a cabo en zonas geográficas diferentes está en relación directa con el objeto de la ley que lo establece", argumenta la sentencia, que añade que la noción de "tradición taurina ininterrumpida no es ambigua", en contra de lo que señalaban los denunciantes.

Los festejos taurinos fueron introducidos en Francia en 1853 por la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, y arraigaron sobre todo en el sur del país, en el Languedoc-Rosellón y el País Vasco francés. La Unión de Ciudades Taurinas de Francia, que tiene unos 50 miembros, donde cada año se lidian un centenar de corridas y se matan cerca de 700 toros, afirmó que la decisión del tribunal “inscribe la corrida en el mármol constitucional”.

Los denunciantes consideraban que el maltrato animal, penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa en el 90% del territorio francés, no podía ser legal solo en una zona y no en otra. Los sabios estiman que sí, como sucede también en otras esferas, como el trabajo en domingo. Un sondeo de IFOP estima que los franceses están divididos, y un 48% desea la prohibición mientras un 42% las defiende.

El vicepresidente del CRAC, Jean-Pierre Garrigues, dijo que "el combate no ha terminado" y que en los próximos días la diputada socialista Geneviève Gaillard volverá a la carga con una proposición de ley para abolir los festejos taurinos. Garrigues dijo que el ejemplo a seguir es Cataluña, donde una iniciativa popular desembocó en la prohibición de los toros, aprobada por el Parlamento catalán en 2010 por 68 votos contra 55 y que entró en vigor en enero de 2012.

El otro territorio español donde las corridas están en vías de desaparecer es San Sebastián, donde el consistorio, gobernado por la coalición independentista Bildu y cuyo alcalde se ha mostrado reiteradamente en contra de los toros, informó en agosto de que no se iba a renovar el contrato de explotación de la plaza de Illumbe.