Marina Castaño se asoma al banquillo

La empresa Lengua y Literatura, AIE, nació hace 14 años, cuando a Camilo José Cela ya no le quedaban más que cuatro años de vida. Eran los días en que se iban haciendo con las riendas de la fundación del Nobel su segunda esposa, Marina Castaño, y un gerente procedente de la Ford, Tomás Cavanna, que la pareja puso al frente de la entidad después de que la marca automovilística le regalase un coche al autor. La Fiscalía investiga ahora si el matrimonio desvió dinero público, procedente de la Xunta de Galicia, del Gobierno central y de otras Administraciones para crear esta sociedad, cuyo verdadero fin, supuestamente, ha sido embolsarse las devoluciones millonarias que la Fundación Cela ha obtenido año tras año en concepto de IVA.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por una vecina de Iria Flavia, la localidad de Padrón (A Coruña) en la que se asienta la institución del escritor desde 1991. Lola Ramos, fotógrafa y escritora, lleva años tirando del hilo y denunciando, desde 2004, en las diferentes Administraciones y en los medios de comunicación, hechos que presumiblemente se cocinaban en la acera de enfrente de su domicilio, la Casa de los Canónigos, sede de la fundación. El enésimo lugar en el que recaló con sus archivadores cargados de una documentación cosechada con paciencia ha sido la Fiscalía de Galicia, y fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que hay “materia penal”, claros indicios de delito en los trasvases de dinero efectuados entre la fundación y las sociedades propiedad de Cela y Castaño.

Cavanna (gerente hasta 2010, cuando la Xunta inició la transformación de la fundación para salvarla de la bancarrota) y Castaño, según explicó ayer Ramos, “se prestaron a crear las sociedades interpuestas con el fin de obtener las devoluciones del IVA”. Lengua y Literatura AIE se hizo “con un capital que procedía en un 80% de las subvenciones que recibía la Fundación Camilo José Cela y en un 20%, de una sociedad privada del matrimonio denominada Letra y Tinta, SL”. “La constitución de esta sociedad fantasma”, que luego se embolsaría el dinero que devolvía a la institución cultural la Agencia Tributaria, está “prohibida por el Real Decreto Ley de Fundaciones sin fines lucrativos y además supone un gravísimo delito fiscal”, denuncia Ramos.

Esta vecina, que ha destacado por defender la vuelta del hijo del novelista, Camilo José Cela Conde, a la fundación para ocupar el puesto de presidente del patronato (un cargo que una vez muerto Cela acabó en manos de su viuda con la bendición de Manuel Fraga) aportó al fiscal pruebas de varias cantidades desviadas hacia Lengua y Literatura. En la reunión del patronato del 16 de junio de 2005, por ejemplo, se hace referencia a 146.650 euros provenientes de la devolución en concepto de IVA. Y en la del 17 de noviembre de ese mismo ejercicio, se informa a los patronos de que “a día de hoy, la cuenta de Lengua y Literatura AIE dispone de un saldo aproximado de 180.000 euros, de los cuales 150.000 provienen de las devoluciones de la Agencia Tributaria”. La restauración de varios de los inmuebles del siglo XVIII que habían pertenecido al Arzobispado de Santiago y se transformaron en domicilio (todavía no del todo ocupado) de la fundación fue, probablemente, una de las vías para la obtención de reintegros fiscales. Lengua y Literatura AIE, según llegó a decir a los patronos el propio Cavanna, era “la responsable de la explotación comercial de dichas casas” hasta 2010.

El caso surge de una denuncia presentada por una vecina de Padrón

Pero la labor de Lola Ramos no acaba ahí. También ha presentado notificaciones de la Xunta de Galicia y otros papeles para demostrar que había empleados contratados y pagados por la fundación sin ánimo de lucro que trabajaban no en Iria, sino en Guadalajara, al servicio particular de Cela y Marina Castaño. La institución cultural recibió incluso una subvención del Gobierno gallego para convertir en indefinidos los contratos de tres trabajadores, de los cuales dos, una mujer y un hombre, secretarios personales del matrimonio, nunca ejercieron en Galicia. También un mayordomo, que aún aparecía citado en un reportaje de finales del año pasado como sirviente de Marina Castaño, tenía contrato de la Fundación Cela, donde figuraba como “ordenanza”. Hay nóminas del año 2005 que demuestran que cobraba de ella.

La ley de fundaciones sin ánimo de lucro veta estas sociedades

Al mismo tiempo, el deterioro del legado de Cela, el más importante de una fundación de autor en España, se fue haciendo cada vez más patente hasta el punto de que la Xunta, que aporta más del 60% del presupuesto, se vio obligada a rescatar la institución. El proceso de conversión en sociedad pública se cerró este mes, aunque el ajuste financiero seguirá hasta 2015. Castaño sigue. Como presidenta de honor. Según la Xunta, “con voz pero sin voto”.