Internet, territorio con ley

En el dosier de más de setenta páginas elaborado por las autoridades de Estados Unidos contra Megaupload hay un gusto especial por llamar a la compañía Mega Conspiración. No es una filigrana retórica. Muestra el plan que hay detrás de la denuncia. No van contra un pirata digital. Van contra una organización mafiosa. Eso permitirá a la fiscalía acudir a las leyes contra el crimen organizado de los años sesenta que simplifican procedimientos y fases probatorias. Hay acusaciones de violación de derechos de autor, pero también de blanqueo de dinero. En el documento abundan los datos sobre un grupo instalado en el lujo. Con fines confiscatorios se enumeran los bienes de los encausados, un capital lujurioso. Tan solo en el capítulo de coches aparecen más de un docena de Mercedes, un Rolls-Royce y un Maserati. Seguramente el FBI los ha escogido porque eran los más grandes de este tipo de portales. No eran unos cualquiera. Provocaban el 4% del tráfico mundial de Internet. Una barbaridad. Su gran punto débil: una arquitectura técnica centralizada que, como Napster, puede caer entera con solo un zarpazo. Y así ha ocurrido.

Megaupload se presentaba como un servicio de almacenamiento de archivos propios de los internautas. Era su decorado. Es cierto que una cantidad de internautas lo empleaba para el depósito virtual de sus documentos personales. Son las auténticas víctimas de la redada y cuya preocupación principal es ahora recuperar lo suyo. Ellos y la nube de Internet, el albergue virtual. Las compañías honestas que lo ofrecen deberán combatir la desconfianza que instala clausuras como las de Megaupload.

Sin embargo, Megaupload buscaba otra clientela. Al sitio le interesaba que se subiera material con gancho, que atrajera a otros. Los últimos estrenos, las series de más éxito... Llegaron a gastar más de ocho millones de euros para recompensar a quienes habían subido los contenidos más descargados, más populares. Con este material se trataba, primero, de atraer a otros a las descargas gratis con anuncios y luego proponerles un servicio de acceso más veloz... si pagaba. Megaupload buscaba suscripciones y publicidad regalando contenidos ajenos sin permiso. Cuando se presentaba una queja alegaba que ignoraba lo que subían los internautas a su plataforma. El sitio carecía de buscador externo, lo que habría hecho demasiado visible su botín. Pero la gente de la empresa tenía uno interno y podían conocer perfectamente qué había en la enorme panza de Megaupload que, solo en EE UU, estaba sostenida por mil servidores. Lo demuestran correos internos donde hay quejas por el mal sonido de una copia de Dexter. Con los grandes de la industria del cine guardaban algo mejor las apariencias. El patrón del sitio aceptó en un correo corporativo de septiembre de 2009 que su gente subiera la cuota de destrucción de archivos reclamados desde Warner de 2.500 a cinco mil diarios, pero, advertía, no más. Además, cancelaban el enlace al contenido denunciado sin destruir la copia. Volvería a servir.

Pero si Megaupload no publicitaba qué contenidos tenía —algo lógico si te dedicas al hospedaje de archivos privados de terceros— ni sus enlaces, propiedad de quien había subido el archivo, ¿como llegaban tantos millones internautas a ellos? Quienes colgaban material protegido y buscaban la recompensa de Megaupload debían espabilarse para difundir sus enlaces. Hay terceros sitios que los ordenaban y presentaban. Unos tenían los enlaces y otro, el contenido. Si la policía demuestra que alguno de estos escaparates estaba en connivencia con Megaupload para repartirse las tareas... podrían tener serios problemas, incluso en España donde la jurisprudencia mayoritaria es que la simple presentación de un enlace, sin albergar contenido, no es perseguible penalmente.

Esta redada internacional se produce la misma semana que ha cerrado, acosado en Francia, un portal similar, Allostreaming.fr. La misma semana de la protesta en Internet contra las leyes antipiratería que preparaba el Congreso y, después de todo ello, de la congelación de ambas leyes. La industria de los contenidos debe abandonar su empeño en patrocinar dudosas leyes para protegerse, pero también está claro que Internet no es un territorio sin ley.