El arte, arma de guerra

El 21 de julio de 1936, el consejero de cultura Ventura Gassol y su ayudante Melchor Font, llevaban dos días sin salir de la consejería situada en el Palau de la Generalitat. Sudados y agotados trataban de organizar grupos de voluntarios para salvar el mayor número de objetos de arte de la destrucción desencadenada tras el fracaso del levantamiento militar del 18 de julio en Barcelona. A los voluntarios se les dotaba de un salvoconducto firmado por el consejero que no siempre protegía ni era aceptado por las patrullas, fieles a sus sindicatos y partidos políticos más que a la Generalitat, para acceder al interior de los edificios que ardían por la ciudad y para visitar a los propietarios de colecciones con la intención de convencerles para que cedieran las obras a la Generalitat. Entre tanto desorden, el riesgo que corrían los voluntarios era muy alto. Tanto, que Rafael Fuster y Enrique Alexandrino fueron detenidos y fusilados, tras ser confundidos con saqueadores.

En el Palau de la Generalitat, convertida en un hormiguero de gente en busca de ayuda, empezaron a amontonarse, sin orden ni concierto, objetos recuperados de la destrucción. Entre los primeros en llegar, piezas de orfebrería encontradas en el interior de una caja fuerte de Santa Maria del Pi, abierta a soplete, y relicarios y custodias de la iglesia de Sant Just, además de un buen montón de fajos de billetes de banco. Gassol había mandado guardias armados para proteger la catedral, Montserrat, el Palau episcopal y el palacio de Pedralbes.

Ese era el ambiente que se vivía en la ciudad de Barcelona y, prácticamente, en toda Cataluña, en las primeras horas tras el levantamiento militar del 18 de julio y la virulenta reacción de los grupos armados que habían asaltado los arsenales abandonados por el ejercito. La ira de la revolución se dirigió a todo lo que la iglesia representaba, pero también a la relación que la República había tenido con ella. El objetivo preferido de los incontrolados fue el patrimonio religioso.

En la prensa, los anarquistas exponían las razones de su actuación: "Nos hemos apoderado de aquello que nos pudiera ser útil para los fines revolucionarios y costeamiento financerio de la revolucióin y después incendiado los edificos religiosos, que son vergüenza de nuestro pueblo, para dejarlos reducidos a la nada, de donde no debieron haber surgido" (Solidaridad Obrera, 25 de julio 1936).

La Generalitat, que desde el Estatut de 1932, se había dotado de legislación para proteger y salvaguardar el patrimonio, tuvo que reaccionar de forma inmediata para detener esta revolución inesperada. Con más voluntad que medios, durante tres años, desde el golpe militar hasta el final de la guerra, un grupo reducido de personas llevaron a cabo una labor encomiable poniendo, a veces, en riesgo su vida. "Las actuales colecciones de los museos catalanes no serían lo que son sin esta labor no reconocida lo suficiente", aseguran Francisco Gracia y Glòria Munilla, autores del libro Salvem l'Art. La protecció del patrimonio cultural català durante la Guerra Civil (La Magrana), que hoy se pone a la venta.

Cuando se habla de la labor de la República para salvaguardar el arte durante la Guerra Civil se hace referencia a los tesoros del Museo del Prado y de instituciones como la Real Academia de la Historia en Madrid. Incluso, recientemente, varias exposiciones y publicaciones, han reconocido el coraje y la labor titánica de algunos dirigentes que consiguieron que estas obras no fueran afectadas por el conflicto. Salvem l'Art, el libro de los profesores Francisco Gracia y Glòria Munilla, pone el énfasis en la labor de la Generalitat, y en las dificultades que comportó salvaguardar el patrimonio catalán, dejando claro que, aunque los fondos, por la fatalidad del destino, acabaron unidos en 1939 durante la retirada de los republicanos, el planteamiento del gobierno de Madrid y del catalán era distinto con respecto a la conservación del patrimonio.

Tras la destrucción inicial, la Generalitat acumuló el material recuperado en el Palau Nacional y acabó dividiendo los trabajos para inventariarlo y conservarlo en tres grupos: archivos, bibliotecas y monumentos, que asignó a Agustí Duran i Sanpere, Jordi Rubió y Jeroni Martorell, respectivamente. La intención era conseguir ser mas operativos y que las milicias vieran un cambio con los organismos anteriores. En septiembre de 1936, la labor de salvamento había terminado, pero la situación no estaba apaciguada y se mantenía el miedo de que los revolucionarios atentaran contra los fondos depositados en Montjuïc. Además, aunque la ciudad no había sido bombardeada, los militares republicanos sospechaban que en los planes del enemigo estaba usar la aviación para arrojar bombas sobre Barcelona (el primero se produjo en marzo de 1937). En octubre, Joaquim Folch i Torres decidió trasladar todos los bienes a la iglesia de Sant Esteve de Olot, un lugar lejano de los peligros de Barcelona, pero bien comunicado.

De entrada, la propuesta no fue aceptada por Pere Coromines, responsable de los museos, por el impacto que comportaría en la población la imagen del arte abandonando la ciudad y el eco en la prensa. Como así fue. A finales de año, el 9 de diciembre, se autoriza a Duran i Sanpere a trasladar a Viladrau (Osona) miles de documentos reunidos de los archivos, entre los que se encontraban el Archivo Histórico de la Ciutat, el Archivo de la Corona de Aragón y el depósito del convento de la Esperanza. "Sin duda, la labor más complicada, porque tanto los bienes del Palau Nacional que acabaron en Olot y los del Museo Arqueológico que Bosch Gimpera trasladó a Agullana eran conjuntos cerrados, mientras que la documentación estaba dispersa por el territorio", explican Gracia y Munilla.

Según los autores, la Generalitat y la consejería de Gassol no vieron el proceso anticlerical bajo una perspectiva del todo negativa. La revolución era óptima para los planes de iniciar una gran reforma museográfica contando con las colecciones requisadas que sin el levantamiento militar habrían continuado en manos privadas. Coromines, el 30 de julio, se encarga de la instrucción de los objetos requisados y no esconde sus planes de no restituir o compensar a los propietarios legítimos. Una medida que se verá reforzada con decretos como el del 5 de enero de 1938, en el que todos los bienes muebles e inmuebles pasan a ser considerados de propiedad pública, aunque en ese momento estuvieran en manos privadas. "La Generalitat demuestra un concepto avanzado y pionero de usufructo público del patrimonio", explican. La escritora Caterina Albert (Víctor Català) fue una de las más perjudicadas por esta medida ya que le requisaron su colección de material arqueológico de Empúries, que no pudo recuperar, ni cuando los franquistas tomaron el poder. Hoy, muchas de sus piezas siguen luciendo un "CA" en las vitrinas del museo emporitano.

Y es que los dirigentes de la Cataluña republicana veían el patrimonio como un elemento clave en de discurso ideológico catalanista y burgués. Como herederos del Noucentismo y la Renaixensa, si protegían el patrimonio defendían la identidad y la cohesión social. "No es de extrañar que esta clase política y social quedara impactada cuando vio como una masa social, de la cual casi ignoraba su existencia, iniciaba una revolución atacando precisamente sus símbolos", aseguran Gracia y Munilla. Desde el principio, en Cataluña son los funcionarios de la Generalitat los que se hacen responsables del patrimonio, ya que su objetivo último era conservar y que no se dispersara todo lo que identificaba a Cataluña. Sin embargo, según defienden en su libro, para el gobierno de Madrid, el arte y el patrimonio era un símbolo de representación que les legitimaba en el poder del Estado frente a sus enemigos. Por eso no dudaron en hacer que las grandes obras del Prado viajaran con ellos por España (de Madrid, a Valencia, Barcelona, provincia de Girona) mientras avanzaban los nacionales y terminara, como ellos, "exiliados" en Ginebra. Cuando el gobierno republicano de Juan Negrín llega a Cataluña, ordena que todos los bienes, entre ellos los del tesoro artístico catalán, viajen a Suiza pese a la oposición de la Generalitat. Para los profesores no hay duda de que "esta decisión fue el último acto de preeminencia del gobierno de la República sobre la Generalitat.

El bando nacional ganó dos guerras. La del campo de batalla y la de la propaganda. Aunque tarde, el ejército franquista reaccionó con contundencia tras comprobar que la destrucción del arte podía ser un arma tan decisiva como las balas en el frente. Las portadas de los diarios con imágenes de obras destrozadas tuvieron un impacto negativo en las ayudas de las potencias extranjeras a la República, ya que era imposible justificar la ayuda a un gobierno que no podía controlar esa destrucción. Se inicia un programa de propaganda y contrapropaganda de los dos bandos para convencer a las potencias extranjeras. Los republicanos invitan a sir Frederick Kenyon, ex director del Museo Británico y a James G. Mann, de la Wallace Colection, para ver, sobre el terreno, el estado de las colecciones y los monumentos. Sus informes positivos les dieron un respiro. El bando nacional contaba con aliados como Pedro Muguruza, que "bombardeó" con sus artículos contrarios la prensa internacional, y el duque de Alba, que presionó en el mismo sentido al gobierno de Londres. De nada sirvió el informe del consejero Carles Pi i Sunyer al Foreing Office en el que aseguraba que no se había masacrado a la gente y se había salvado el patrimonio.

Para Gracia y Munilla es imposible cuantificar lo destruido, ya que no creen que el cálculo realizado por el historiador del arte Josep Gudiol ?entre un 5% y un 10%? este fundamentado. Lo que están seguros es que sin la decidida intervención de los voluntarios agrupados por la Generalitat se habría perdido mucho más y que nunca se había realizado una labor de salvaguarda del patrimonio como la que realizó la Generalitat y la República. Lo negativo es que "los republicanos no consiguieron ganar la partida de la propaganda, e incluso siguen perdiéndola porque, 75 años después, la opinión es que los rojos destruyeron el patrimonio y que el gobierno franquista impidió que se expoliara el arte español". Quizá su libro ayude a cambiar.