Golpe a la frágil unidad climática europea: ¿qué significa el voto del PP español contra el objetivo de emisiones en plena COP30?

Los miembros del Partido Popular español en la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo se alinearon este lunes con las formaciones ultras en contra de las políticas comunitarias frente al cambio climático. Argumentando que es un objetivo difícil de cumplir, los europarlamentarios españoles del PP —además de otros miembros del mismo partido polacos y de otros países— votaron en contra de la nueva meta de recorte de emisiones de la UE para 2040.

Gracias a que la mayoría del PP europeo mantuvo el voto favorable, además del apoyo de los socialistas y otras formaciones como Los Verdes, la propuesta pudo salir adelante; y se espera que ocurra lo mismo este jueves con la votación en el pleno. El texto salió adelante con 55 votos a favor y 32 en contra, entre los que figuran los de las dos europarlamentarias del PP español presentes en la comisión, Esther Herranz García y Susana Solís Pérez.

El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía comunitaria en un 90% para 2040 respecto a los niveles de 1990. A esta meta se le han ido introduciendo una buena cantidad de flexibilidades para vencer las resistencias de varios de los gobiernos europeos en los que el avance de la ultraderecha está haciendo que se alejen de las políticas medioambientales.

Para oficializar este objetivo, se incluirá en la Ley del Clima de Europa y es la base del plan climático que Europa ha presentado ante Naciones Unidas. La UE siempre ha sido uno de los actores más activos en las cumbres del clima de la ONU, como la que se abrió en la ciudad brasileña de Belém este lunes, el mismo día en el que se produjo la polémica votación. La de este año se celebra en el peor momento de la lucha climática internacional debido al avance precisamente del negacionismo de la mano de Donald Trump y otras formaciones ultras en muchos puntos del planeta.

Europa no es ajena a esa ola, que ha sido responsable en gran medida de que la UE no haya podido entregar a tiempo su plan climático. Pero en el último minuto antes de que comenzara la cumbre, los Veintisiete llegaron a un acuerdo para intentar salvar la cara en la cita de Belém. El PP español, sin embargo, se posicionó el lunes contra ese pacto y contra el objetivo que sustenta el plan climático europeo, al igual que la ultraderecha de la UE. Mientras, los populares tratan de cerrar un nuevo Gobierno en Valencia con Vox, formación negacionista que tiene entre sus objetivos acabar con las políticas climáticas europeas.

El objetivo del 90%

Las emisiones de efecto invernadero, que son las responsables del cambio climático y están principalmente ligadas a los combustibles fósiles, ya habían caído en 2024 un 35% respecto a los niveles de 1990 en el conjunto de la Unión. La necesidad de llegar a una reducción del 90% de recorte dentro de 15 años no sale de la nada. El Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático, un organismo oficial de la UE, publicó un informe en junio de 2023 en el que detallaba que, si se quiere cumplir con los compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global, los gases de los Veintisiete deberían caer entre un 90% y un 95% en 2040. Los expertos excluían la posibilidad de usar flexibilidades para llegar a esa meta.

Posteriormente, la Comisión Europea que surgió tras las elecciones de junio de 2024 presentó su propuesta, en la que ya se acogía a la parte baja de la horquilla, proponía que la meta se quedara en el 90%. Además, en esa propuesta, presentada en julio de este año, incluía ya un importante colchón de seguridad para los países: se permitía que para llegar al objetivo se puedan usar “créditos internacionales de carbono de alta calidad”. Es decir, que en vez de reducciones absolutas de los gases que expulsan, algunos sectores puedan recurrir a comprar derechos de emisiones fuera de la UE, como podrían ser los generados por proyectos forestales.

Esa posibilidad ya se contempla en el artículo 6 del Acuerdo de París, un apartado que ha tardado muchos años en desarrollarse debido a lo polémico que es y al miedo a que esas compensaciones no tengan efectos reales en la lucha climática, o a que lleven a una doble contabilidad. En su propuesta, Bruselas establecía un límite: las compensaciones solo podrán cubrir como máximo el equivalente al 3% de las emisiones netas de la UE en 1990.

Pero las negociaciones en Europa son cosa de tres. Faltaba por conocerse la posición de los otros dos actores fundamentales: el Consejo (donde se sientan los gobiernos de los Veintisiete) y el Parlamento Europeo. Tras unas discusiones que parecían no terminar nunca, el Consejo aprobó el 5 de noviembre su posición: admitía el objetivo del 90%, pero añadía todavía una mayor manga ancha, ya que elevaba al 5% la posible compra de derechos de emisión.

Paralelamente, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, el tercer actor que debía fijar su posición, la semana pasada se votaba a favor del objetivo del 90% con un 3% de flexibilidades. Fuentes comunitarias explican que el PP español ya se posicionó en contra. Finalmente, este lunes, en la Comisión de Medio Ambiente, se decidió tocar esa propuesta y elevar hasta el 5% los créditos para alinearse así con el Consejo y lograr desbloquear de una vez esta reforma. Pese a todo, los miembros del PP español decidieron mantener su voto en contra.

La reforma de la Ley del Clima para incluir el 90% de recorte para 2040 es la base del plan climático presentado ante la ONU por la Unión Europea en cumplimiento del Acuerdo de París. Este pacto establece que cada cinco años los casi 200 países que forman parte de este tratado deben presentar planes con objetivos concretos de reducción de sus gases, conocidos por las siglas NDC en la jerga de la diplomacia climática. En febrero de este año debería haberse enviado las nuevas NDC, pero se produjo un incumplimiento masivo, también de la UE.

Finalmente, Europa logró en el último minuto antes de la cumbre de Belém una posición de consenso sobre la Ley del Clima que ha permitido presentar la NDC. Este plan debe fijar, según las reglas internas del Acuerdo de París, el objetivo para 2035, pero para ello era imprescindible tener la ruta clara de los próximos 15 años. La frágil posición de Europa ahora se refleja también en la meta presentada en la NDC: en vez de un recorte concreto se promete una horquilla de reducción de entre el 66,25% y el 72,5% para 2035.