La UE se compromete a reducir el 90% de emisiones para 2040, pero con más concesiones a los países reticentes

Los ministros de Medio Ambiente de la UE han llegado a un principio de acuerdo para aprobar la reforma de la Ley Europea del Clima que fija, negro sobre blanco, la reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040 en relación con los niveles de 1990. Era la “línea roja” que defendían los países más ambiciosos como España. Pero para lograr este objetivo vinculante, han tenido que ceder en más flexibilidades para convencer a los Estados más reticentes, en una larga negociación que ha durado todo un día y una noche y que todavía tiene que cerrarse formalmente, a lo largo de este miércoles por la mañana.

La normativa, que debía estar lista para la COP30 de Belém que arranca esta misma semana, fija como “vinculante” el objetivo del 90% que algunos Estados miembros habían llegado a cuestionar y que España y un grupo amplio de países —unos 14 llegaron a reunirse en los aledaños de la larga cita— que defendían como “línea roja” para mantener la ambición climática europea. A cambio, se ha cedido en aumentar del 3% al 5% la cantidad de créditos internacionales “de alta calidad” que permitan compensar fuera de las fronteras europeas los déficits en materia de reducción de emisiones fijados.

A ese 5% se añade la posibilidad, como reclamaba Italia —uno de los países clave para tornar la balanza de votos y sacar adelante la ley— de añadir en el futuro otro 5% más “correspondiente a una reducción nacional de las emisiones netas”. Además, frente a la idea inicial de comenzar estos programas a partir de 2036, como fijaba la Comisión y defendía también España, se acuerda abrir la posibilidad también de realizar un “proyecto piloto” para poner a prueba el funcionamiento de estos créditos a partir de 2031.

Entre las nuevas concesiones, el último texto de compromiso, que aún debe ser aprobado formalmente por los ministros en su reunión retomada este miércoles (todos tuvieron que cambiar vuelos y planes por la prolongación de las negociaciones hasta bien entrada la madrugada) también reconoce “el papel de los combustibles sin emisiones y con bajas emisiones de carbono en la descarbonización del transporte, incluido el transporte por carretera más allá de 2030”.

Asimismo, añade una disposición que no estaba originalmente en la propuesta de la Comisión, pero que era requerida por varios países como Francia: confirma el retraso de un año, hasta 2028, del denominado ETS2, el nuevo sistema de comercio de emisiones que amplía a edificios y transporte por carretera, entre otros, este sistema que ya obliga a unas 10.000 instalaciones energéticas e industriales del continente a pagar por cada tonelada de CO2 que emiten en su actividad (una tonelada de CO2 equivalente representa un permiso de emisión).

“Este es un compromiso muy bueno y fuerte y el mejor que podríamos haber logrado colectivamente”, ha resumido al comienzo de la nueva reunión el ministro de Clima de Dinamarca, Lars Aaagard, cuyo país ostenta la presidencia semestral de turno del Consejo de la UE. Con este acuerdo, “podremos ir a la COP con una posición fuerte”, ha agregado.

En la nueva reunión, los ministros también deben aprobar, por unanimidad o consenso al menos, la NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) de la UE, es decir, su compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero para toda la economía comunitaria.

Desde primera hora de la larga jornada del martes, que se prolongó durante la madrugada, quedó claro que la negociación no iba a ser fácil pese a los múltiples aplazamientos, la inminencia de la COP en Belém a la que la UE quiere llegar con los deberes hechos y las intensas negociaciones previas, incluida una consulta a los jefes de Estado y de Gobierno, que dieron su visto bueno a las negociaciones durante su última cumbre en Bruselas, hace menos de dos semanas.

Para aprobar la reforma de la Ley Europea del Clima y el ansiado objetivo del 90% se requería una mayoría cualificada (el sí del 55% de los países miembros, es decir, al menos 15 Estados, y que estos representen al menos el 65% de la UE). La presidencia danesa de turno de la UE buscaba que esta mayoría fuera lo más holgada posible, para que una normativa que será la base legal —y vinculante— de muchas de las políticas europeas de los próximos 15 años contara con una base sólida de respaldo. Pero aunque se había llegado a la cita del martes en Bruselas con un acuerdo casi al alcance de la mano, según fuentes diplomáticas, este se escapó rápidamente de los dedos nada más escuchar las posiciones discordantes de varios países que rechazaban la propuesta de compromiso danesa.

“Seguimos sin tener la mayoría cualificada”, repetían las fuentes a lo largo de una jornada que no hacía más que alargarse, mientras que, a puertas cerradas, se sucedían las reuniones bilaterales y en grupo de diversos países, entre ellos el liderado por España en busca de garantizar la mayor ambición posible de la ley ante los embates de múltiples capitales para rebajarla.

“Vamos tarde, muy tarde, necesitamos seguir mostrando liderazgo internacional, pero también nos jugamos la competitividad a nivel europeo, nos jugamos más Europa”, había instado previamente a sus 26 colegas la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La competitividad ha sido uno de los argumentos principales esgrimidos por los países que buscan más flexibilidades (Francia) o incluso rebajar tanto la ley que casi quedaría sin sentido (Polonia, República Checa), bajo la idea de que la lucha contra el cambio climático no puede hacerse a costa de la industria o la agricultura europeas. Pero el propio comisario de Clima, Woepke Hoekstra, dejó claro durante su alocución inicial ante los ministros que algunas de las propuestas de estos países, especialmente la cláusula de revisión total de los objetivos de 2040, “enviaría la señal incorrecta” a los inversores. “Creemos que mencionar explícitamente la revisión del objetivo 2040 en la cláusula de revisión enviaría la señal incorrecta, porque la incertidumbre sobre el objetivo y su arquitectura podría enviar a los inversores en la dirección equivocada”, subrayó, en línea con España o Alemania.