La UE no puede claudicar: el reglamento contra la deforestación debe aplicarse con firmeza

Cada minuto que pasa, desaparecen 30 campos de fútbol de bosques en el mundo. El año pasado fue el décimo más caluroso registrado, marcado por graves incendios forestales, inundaciones generalizadas y sequías. Detrás se encuentra un modelo de producción y consumo que prioriza el beneficio a corto plazo. La deforestación es una tragedia ambiental, pero también afecta desproporcionadamente a la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la estabilidad climática.

En 2023, la Unión Europea (UE), gracias a la presión de la sociedad civil, dio un paso sin precedentes al aprobar el Reglamento de productos libres de deforestación (EUDR), con el que, por primera vez, asume su responsabilidad como segundo mayor importador mundial de deforestación ―tras China― vinculada al comercio internacional.

Sin embargo, esta legislación pionera sigue enfrentándose a más presiones para ser aplazada o simplificada hasta vaciarla de contenido. Grupos empresariales, con apoyo de varios gobiernos de la UE y países productores de materias primas agropecuarias, intentan debilitar su aplicación, escudándose en argumentos de complejidad administrativa o competitividad. Es crucial que no se ceda ante estas presiones, porque lo que está en juego es el futuro de los bosques, que son el cimiento de la estabilidad económica en regiones donde la sequía vinculada a la deforestación ya está causando disturbios y volatilidad en los precios de las materias primas por malas cosechas.

Los bosques arden, las excusas también

España se ha convertido en uno de los principales consumidores de deforestación tropical de la UE. Datos recientes revelan que alrededor del 40% de las importaciones de soja proceden de regiones gravemente afectadas por deforestación, donde, por otro lado, el descenso de las precipitaciones y el acortamiento de los periodos productivos ya están afectando al rendimiento de esta materia prima. Los incendios que asolan la Amazonía, el Cerrado brasileño o Indonesia no son “desastres naturales”, sino consecuencia directa de un modelo de producción que transforma valiosos ecosistemas en monocultivos de soja para alimentar al ganado europeo, o en plantaciones de palma cuyo aceite termina en los supermercados y los depósitos de los vehículos europeos.

En este contexto, resulta imprescindible señalar que la responsabilidad no recae únicamente en los países productores. España y el conjunto de la UE tienen una responsabilidad directa y demostrable en el impacto sobre estos ecosistemas a través de sus decisiones de importación y consumo. La dependencia estructural del modelo agroindustrial ―en particular, de la ganadería intensiva y la producción de agrocombustibles― alimenta la destrucción de los bosques a ambos lados del océano.

Defender la ley contra la deforestación es defender el futuro

La aplicación del EUDR, aun con sus limitaciones iniciales, permitiría reducir significativamente la deforestación importada. Sin embargo, la campaña constante de presión por parte de determinados sectores económicos y políticos alegando exceso de burocracia o el impacto en la competitividad carece de fundamento técnico: por ejemplo, el 90% de la soja que importa la UE para piensos ya cumple con los requisitos de trazabilidad, lo que demuestra la viabilidad de la legislación. Estas resistencias no son nuevas, pero sí especialmente preocupantes cuando provienen de actores con un largo historial de impacto ambiental, o cuando se articulan desde gobiernos o formaciones políticas que se proponen debilitar el marco regulador ambiental de la UE.

Ceder ante estas presiones supondría no solo traicionar la voluntad mayoritaria de la población, sino echar abajo una legislación ya aprobada y en vigor. Mantener la fortaleza del EUDR, aplicar la legislación con rigor y apoyar a los sectores y empresas comprometidos con una transición ambiental justa sostenible es, hoy más que nunca, una cuestión de responsabilidad política y de justicia ambiental.

España ante un momento decisivo en la aplicación del EUDR

El Gobierno español tiene la obligación de aprobar una ley estatal que adapte al régimen jurídico estatal determinados aspectos del EUDR para su correcta aplicación. Y, en paralelo, acompañar a los productores afectados, especialmente a los más pequeños, en su adaptación a la norma. Por ello, en un contexto internacional en el que España defiende mayores niveles de ambición climática, es prioritario que el Proyecto de Ley llegue al Congreso de los Diputados antes de julio, y que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas específicas y adecuadas para garantizar su aplicación efectiva.