Piensos y soja: aliados para destruir el Amazonas

En las explotaciones de soja brasileñas se han talado más de mil kilómetros cuadrados de selva amazónica durante la última década, a pesar del acuerdo internacionalmente reconocido para proteger la masa tropical. La que se cultiva en las zonas más afectadas por esta deforestación se envía con frecuencia a Reino Unido, España y otros países europeos para usarla como alimento para el ganado en explotaciones agrícolas industriales por parte de grandes comerciantes de grano.

En el estado de Mato Grosso, que se extiende a lo largo de la parte meridional del Amazonas y en el que se cultiva más soja que en cualquier otro lugar de Brasil, se destruyeron 1.180 kilómetros cuadrados de selva tropical entre 2009 y 2019 en esta clase de explotaciones, para desarrollar otras materias primas agrícolas o también proporcionar pastos para la ganadería. La mayor parte de esta reducción arbórea era ilegal.

La Moratoria de la Soja del Amazonas, que se introdujo por primera vez en 2006 –y que las ONG y los expertos académicos consideran un éxito– impide su venta si procede de terrenos deforestados desde 2008. Pero la producción de carne de vacuno y otros cultivos no están restringidas, lo que significa que los agricultores pueden vender la soja que no procede de la eliminación de la selva tropical y sigan destruyéndola para el ganado, el maíz y otras materias primas.

Los hallazgos contradicen las afirmaciones de algunas empresas procesadoras de carne y de alimentos para animales, así como de algunos supermercados internacionales, pues alegan que esta soja no está directamente relacionada con la destrucción del Amazonas; un importante vendedor de pienso para ganado presumía recientemente en una charla virtual de que “esa relación no existe”. Los defensores del medio ambiente han calificado esas afirmaciones de “ecoblanqueamiento”.

Algunos municipios en Mato Grosso están muy amenazados por este tipo de práctica, ya que muchas explotaciones siguen talando el bosque para generar recursos agrícolas distintos.

El análisis fue llevado a cabo por la ONG brasileña Instituto Centro de Vida (ICV), que lo compartió con Unearthed, la Oficina de Periodismo de Investigación (The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ) y Ecostorm. Los investigadores combinaron los datos obtenidos por satélite sobre la presencia o no árboles cortados, los registros sobre la propiedad de las tierras y los mapas que mostraban dónde se sembraba soja en 2019 para calcular la posible extensión de las tierras afectadas.

Es probable que estas cifras sean conservadoras porque para el análisis se empleó la redefinición de los límites del Amazonas que estableció el Gobierno en 2019. En ella, algunos puntos muy afectados aparecen reclasificados como tierra de sabana, que no está incluida en la moratoria.

Los estudios han demostrado que la moratoria ha logrado impedir que la selva tropical se convierta directamente en campos de soja. El análisis de ICV muestra que, de todas las tierras deforestadas en Mato Grosso en 2018, se calcula que solo un 7% se transformó en esta clase de cultivo en 2019.

Sin embargo, la apuesta por la plantación de esta leguminosa ha seguido aumentando en el Amazonas, principalmente en tierras que habían sido desbrozadas previamente, por lo general para el ganado. Este incremento puede provocar indirectamente una nueva deforestación porque los ganaderos venden a los agricultores obteniendo una ganancia y se trasladan más al interior de la selva, donde la tierra es más barata.

Abiove, la principal asociación de comerciantes, afirma que la moratoria ha provocado una importante disminución de la tala en los municipios productores. La asociación añade que está al tanto de los estudios que han revelado la utilización de explotaciones de soja para otros fines.

Unearthed, la Oficina y Ecostorm han llevado a cabo un seguimiento de las cadenas de suministro para identificar a los propietarios de los terrenos en los que se cultivan esta y otras plantas procedentes de regiones de alto riesgo y que se exportan a países europeos; han descubierto que grandes comerciantes como Bunge son los mayores vendedores. Esta empresa de materias primas, que cotiza en la Bolsa estadounidense, envía la variedad brasileña a España. En 2021, este país importó 878.000 toneladas de municipios con al menos siete kilómetros cuadrados de deforestación oculta en explotaciones de soja.

También se ha descubierto que Cargill envía a Europa cultivos de zonas afectadas.

La moratoria se impuso después de las protestas en todo el mundo por la tala descontrolada en Brasil a principios de la década de 2000; solo en 2004 se destruyeron 27.800 kilómetros del Amazonas. Muchos atribuyen al acuerdo el mérito de haber contribuido a reducir significativamente esa práctica: entre 2004 y 2012, la esquilmación de esta selva disminuyó un 84%. Pero en los últimos años, ha vuelto a dispararse, hasta alcanzar el año pasado su máximo en 15 años, fomentada, según los defensores del medio ambiente, por el discurso y las políticas antiecológicas del presidente Jair Bolsonaro.

Holly Gibbs, profesora de Geografía y Estudios Medioambientales de la Universidad de Wisconsin en Madison, explica que la moratoria ha tenido mucho éxito a la hora de impedir la destrucción del Amazonas causada directamente por la soja y ha allanado el camino para posteriores compromisos en este sentido en Brasil y en todo el mundo. Pero añade que, en muchos casos, “al mismo tiempo que los agricultores cumplen la moratoria, siguen deforestando ilegalmente para otros fines”.

Gibbs indica que los hallazgos muestran que es más probable que los agricultores acaten más los acuerdos comerciales que la legislación nacional. “Ahora que el mundo empieza a exigir el fin de la deforestación, se está presionando a los comerciantes para que eliminen esta laguna en la aplicación de la legislación medioambiental brasileña”, señala. “La legislación de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos complica la actual deforestación en las propiedades en las que se siembra soja. El sector podría plantearse ampliar la medida para impedir cualquier práctica relacionada”.

En 2020, Reino Unido importó más de 140.000 toneladas de la legumbre procedente de municipios con al menos siete kilómetros cuadrados de deforestación oculta en otras explotaciones y unas 50.000 toneladas de maíz, que también se utiliza como pienso para los animales.

El municipio de Gaúcha do Norte registró la tasa más alta de este tipo de práctica entre 2009 y 2019, con más de 80 kilómetros cuadrados desaparecidos. Según Trase, toda la soja de este lugar se exportó en 2018, el último año para el que existen datos disponibles. Cargill, el gigante agrícola estadounidense, ha sido el responsable de la exportación desde este municipio. La empresa asegura: “Hemos apoyado sin reservas la moratoria brasileña en el Amazonas desde 2006″.

Por su parte, Bunge declara: “Bunge se compromete a la sostenibilidad de las cadenas de suministro y a lograr que estén libres de deforestación de aquí a 2025. En cuanto a nuestras operaciones en el bioma amazónico, en consonancia con nuestro compromiso como firmantes de la moratoria, no provocan la eliminación de árboles desde 2008″.

Raoni Rajão, catedrático de la Universidad Federal de Minas Gerais y especialista en política agrícola y medioambiental, afirma que el control de la moratoria es bueno, pero que las normas actuales son “insuficientes”. “Solo se controlan las zonas específicas en las que se produce soja, no toda la propiedad. Los agricultores ya se han dado cuenta de esta laguna”, detalla.

El Retail Soy Group, que representa a minoristas importantes como Sainsbury’s, Tesco, Lidl y Waitrose, señala: “Todas las acusaciones que se vierten en esta investigación ponen aún más de manifiesto la necesidad de reforzar la protección legal de estos ecosistemas vitales”. El grupo reconoce que existen puntos débiles y limitaciones en la norma.

La densa selva tropical amazónica cubría antes los límites septentrionales de Mato Grosso, donde había sabana y bosques en el este y zonas húmedas en el sur. Pero la fiebre por el cultivo de la soja, que empezó en la década de 1970 ha convertido el estado en un gigante de la agricultura.

La investigación de TBIJ ha determinado que algunos municipios de Mato Grosso parecen especialmente vulnerables frente a esta deforestación oculta y ha descubierto vínculos comerciales con Europa y China. El análisis también muestra un importante flujo de producción desde estas zonas hacia Reino Unido, lo que da a entender que es muy probable que las cadenas de suministro de Reino Unido se aprovechen de ella.

Ana Paula Valdiones, coordinadora del programa de transparencia medioambiental de ICV, explica: “Mato Grosso necesita un acuerdo más amplio, además de la moratoria, que controle totalmente las explotaciones, incluya otros plantíos y aumente la transparencia de los procesos y de los resultados de las auditorías”.

Marãiwatsédé significa bosque denso, pero es la reserva indígena más deforestada del Amazonas: ya se ha perdido cerca del 75% de su vegetación original.

Para los pueblos indígenas que siempre han vivido en la región, los cambios han provocado alteraciones extremas en su modo de vida. El territorio Marãiwatsédé, que se extiende por la frontera de São Felix do Araguaia y otros dos municipios en Mato Grosso, fue ocupado y deforestado ilegalmente en la década de 1990. En 2012-2013 se expulsó a más de 400 agricultores después de una sentencia del Tribunal Supremo, pero para los más de 1.000 miembros de la etnia xavante que viven ahí, el daño ya estaba hecho.

El equipo de TBIJ visitó el territorio Marãiwatsédé a principios de enero recorriendo una carretera no asfaltada a través de pastos y campos de soja. El jefe de los marãiwatsédés, Damião Paridzané, aseguraba que todavía siguen sufriendo las consecuencias a largo plazo de la invasión.

Marãiwatsédé significa bosque denso, pero es la reserva indígena más deforestada del Amazonas: ya se ha perdido cerca del 75% de su vegetación original. La comunidad vive en un paisaje de pastos abandonados en los que la naturaleza apenas ha empezado a desarrollarse en ellos.

Solo unas pocas manchas de vegetación salpican los 1.650 kilómetros cuadrados de terreno reservados para la comunidad. La mayoría de la gente vive en chozas de madera de una sola estancia con tejados de paja y fuegos comunitarios para cocinar en el exterior.

Paridzané, sentado en el porche de su casa, explica que el nivel del río ha bajado debido a que los negocios agrícolas consumen mucha agua, y la disminución del hábitat del bosque ha afectado a las poblaciones de fauna salvaje, lo que hace que a los indígenas les resulte más difícil pescar y cazar animales tradicionales como las aves, los osos hormigueros y los monos. Sin ellos, la comunidad subsiste gracias a las cestas de alimentos básicos del Gobierno.

Un grupo de mujeres xavantes trabaja para recolectar semillas y reforestar las tierras destrozadas. “Lo que queremos ahora es recuperar el bosque y la naturaleza”, remacha Paridzané.

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