Castilla y León presume del aumento del lobo y reclama su gestión para abrir la vía a cazarlo

La Junta de Castilla y León (PP) ha presentado un censo sobre la población de lobo, que concluye que la especie ha aumentado un 8% en una década, entre 2013 ―fecha del último registro― y 2023. El total de manadas pasa de 179 a 193 en una comunidad que demanda ante la justicia que se dé marcha atrás en la protección del lobo, que impide su caza en todo el territorio nacional desde 2021. Hasta ese momento, en Castilla y León y otras comunidades al norte del Duero, la especie era considerada cinegética (se podía cazar).

La Junta señala que existen “zonas saturadas donde no caben más manadas” y que generan “más daños” derivados de ese crecimiento, y piden que las autonomías puedan gestionar las poblaciones del cánido y regresar al modelo en el que existían unos cupos de caza. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha tildado de “error” la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), que propició su protección, y ha anunciado que las comunidades loberas se pondrán de acuerdo para recuperar la gestión de la especie sin descartar la caza como método de control.

Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, donde se encuentra la inmensa mayoría de los lobos españoles, se han coordinado anteriormente para presionar contra las normativas de protección del lobo, ahora en peligro tras abrirse la Unión Europea a rebajar ese compromiso. Los Veintisiete aprobaron en septiembre por una sólida mayoría —solo España e Irlanda se opusieron— la propuesta de la Comisión Europea para rebajar la calificación del lobo de “estrictamente protegido” a “protegido”, con el objetivo de flexibilizar la gestión de las poblaciones de la especie en Europa y, por lo tanto, su caza.

Quiñones ha mantenido esa línea declarando que hay zonas “saturadas” y que en la montaña leonesa o palentina “no caben más manadas”, incidiendo en el problema económico: a más presencia lobuna, “más daños y esfuerzos preventivos, no se pueden poner puertas al campo ni a la ganadería extensiva y hay que buscar un equilibrio entre la conservación de la especie y la ganadería”.

El biólogo y miembro del grupo de especialistas de la Iniciativa Europea para Grandes Carnívoros (LECIE, según las siglas en inglés) Juan Carlos Blanco destaca que últimamente estaba “algo asustado” ante la insistencia de Castilla y León sobre un “aumento increíble y exponencial” del lobo, que finalmente se ha saldado en un “razonable” 8%. “Los datos son razonables, pero no la propaganda diciendo que había aumentos exponenciales, con ataques en aumento. El ministerio da nueve millones al año a la Junta para pagar daños y tienen que abonarlos, pero eso no implica que los lobos provoquen más daño”, expone el experto, partidario de que estos estudios “se separen del debate político”.

Las principales figuras del área de Medio Ambiente de Castilla y León difundieron el censo de la última década este martes con constantes alusiones al crecimiento del lobo, pero sin mencionar los cambios que ha habido desde que en 2019 se prohibiera cazarlos. El Tribunal Constitucional estableció en 2022 que era ilegal el reglamento de esta comunidad que sí permitía la caza del cánido al norte del Duero, de donde no había desaparecido. El informe, un “hito en la mejora del conocimiento de la población de lobo”, lo han elaborado “equipos técnicos, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente”. En él se recalca la expansión por diversos sectores del territorio, aunque admite que en la zona de Zamora quemada en 2022 ha existido un retroceso, pues “se han perdido varios grupos”. Las particularidades de este mamífero y sus manadas impide afirmar con exactitud el total de cabezas existentes, aunque se ha calculado “un intervalo de entre 965 y 1.737 lobos, correspondiéndose con la estima mínima, antes de los partos, y la estima en la época estival, respectivamente (unos 1.300-1.400 lobos en otoño)”. Al norte del Duero, las manadas han aumentado un 4%, de 152 a 158, y un 30% al sur, de 27 a 35.

Gestión

El comunicado de prensa difundido sobre este censo no incluye matices políticos relativos a la actitud de la Junta en cuanto a la actividad cinegética sobre este depredador. Suárez-Quiñones recibió varias preguntas al respecto e insistió en que ese aumento registrado, según él, propicia que las regiones con presencia de lobo puedan pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que ellas administren la presencia del lobo. “Esa orden ministerial que retiró la gestión fue un error, las comunidades nos pondremos de acuerdo para pedir no la caza, sino la gestión que sea responsable, técnica y sensata. No había motivos para retirarla y exigimos recuperarla”, aseguró. Portavoces de la Junta detallan que entre estas opciones de gestión también se encuentra la caza como vía de control.

El Tribunal de Justicia europeo vetó este verano la caza del lobo mientras su estado de conservación continúe siendo desfavorable, aunque sea para el control de la población y evitar daños económicos. Lo hicieron con dos sentencias, una que afectaba a la normativa de Castilla y León y otra por un permiso que dio el Gobierno del Estado Federado del Tirol, en Austria, para el sacrificio de un lobo, que, según indicaba la Administración regional, había supuestamente matado a 20 corderos. Quiñones dejó entrever su apuesta por esa gestión o caza si hubiera más ejemplares: “En Castilla y León la acatamos y compartimos plenamente. Aquí nunca se ha cazado el lobo si no tenía estatus de conservación favorable sobre informes técnicos. Se cazaba en lugares donde están las mayores poblaciones de lobo del mundo. Nunca será objeto de medidas de gestión o caza sin situación favorable”.