El PSOE y los ecologistas denuncian que la moratoria urbanística del PP en el mar Menor abre la puerta a que se edifique

El Gobierno murciano aprobó el dos de agosto prorrogar la moratoria urbanística del entorno del mar Menor, que se puso en marcha con la ley de protección de la laguna en 2020 de forma temporal, durante tres años, hasta que se elaborara un plan de ordenación de cuenca. Al finalizar el plazo sin que esa norma esté aprobada, ha sido necesaria la ampliación, que persigue evitar un mayor deterioro a la maltrecha laguna con la construcción de más edificaciones. Pero el nuevo texto ha levantado los recelos de los grupos de la oposición y de los ecologistas. Aseguran que los cambios introducidos en el decreto con respecto a la redacción anterior permitirán el desbloqueo de cientos de viviendas y de plazas hoteleras, a las que se ponía freno con la moratoria anterior.

El veto al ladrillo, insisten los críticos, debería proteger la laguna, no al contrario. El decreto del PP ha generado, al mismo tiempo, importantes dudas en los ayuntamientos ribereños afectados (Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares), que se han reunido esta mañana con el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga. Este ha asegurado que “las reglas de protección no han cambiado [con el decreto], porque se garantizan los límites, exclusiones y condicionantes de la ley original” y les ha ofrecido apoyo jurídico. La primera moratoria era temporal, por tres años, hasta que se desarrollara un plan de ordenación de cuenca, que no se ha terminado, por lo que el Gobierno popular de Fernando López Miras, ahora en funciones, se ha visto obligado a aumentar los plazos.

“La realidad es que han retocado la moratoria”, asegura el diputado socialista Manolo Sevilla. Por ejemplo, se suprime la obligación en los ensanches de que los terrenos afectados tengan aprobado el proyecto de urbanización. “Esto posibilita que se hagan nuevos proyectos urbanísticos que hasta ahora no se podían llevar a cabo, como la segunda fase del centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, que antes estaba bloqueado”, añade. El consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma ha indicado esta mañana que lo que no será posible son ampliaciones como la de Los Belones, en el término municipal de Cartagena, con 700 viviendas, porque es un crecimiento desmesurado y aumentaría la densidad urbanística. En este municipio están estudiando caso por caso, porque “hay que determinar qué actuaciones considera el Gobierno regional como ensanches [en los que se podría edificar]. Necesitamos que nos lo aclaren”, comenta un portavoz del pueblo.

El Ejecutivo les ha ofrecido en la reunión de este jueves “respaldo jurídico” para que puedan cumplir con la moratoria. Las dudas también se han instalado en el municipio de San Javier, en el que existen varias parcelas de uso residencial y hotelero entre el puerto deportivo Tomás Maestre y Venezolia, donde se podrían construir cientos de viviendas. Mariano Martínez, concejal de Urbanismo e Infraestructuras, explica que en la anterior redacción de la moratoria se indicaba que los proyectos que contaran con una aprobación inicial podían seguir adelante. “Ahora tenemos dudas en cuanto a la interpretación, vamos a estudiar pormenorizadamente caso por caso y actuaremos dependiendo de lo que nos indique el Gobierno regional. Que ellos decidan si el desarrollo puede seguir adelante o no”, explica.

La plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, surgida a raíz de los problemas que afectan a la laguna, sostiene en un comunicado que los cambios propuestos “darían carta blanca a diferentes proyectos”. Ahora podrían salir adelante actuaciones de construcción y urbanización ya presentadas, “aunque no hayan sido aprobados inicialmente, a diferencia de la ley anterior”, porque no existe ningún impedimento para empezar las obras. Subrayan que se rebajan ampliamente los requisitos para que se pueda aplicar la moratoria a casos, como, por ejemplo, la ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, la reactivación o el inicio de expedientes para la construcción de cientos de viviendas y plazas hoteleras en Los Belones, término municipal de Cartagena, y bloques de apartamentos en la parte norte de La Manga, en el término de San Javier.

En San Pedro de Pinatar consideran que el nuevo decreto no cambia nada. En el municipio existen dos planes parciales que ya contaban con licencia para su construcción; uno con una edificabilidad máxima de 886 viviendas y otro de 950. En este tiempo no han recibido ninguna solicitud por parte de los promotores inmobiliarios, de forma que continúan sin edificar. “Otros cuatro no se habían puesto en marcha, no cuentan con ninguna aprobación, por lo que ahí no se podía construir”, sostiene Pedro Javier Sánchez, concejal de urbanismo.

La consejería de Fomento mantiene que los cambios realizados en el decreto se han debido a que la ley ya suscitaba dudas anteriormente y obligó a los Ayuntamientos a consultar al Consejo Jurídico. Por ese motivo, se ha modificado su redacción y para cumplir los objetivos de la ley que protege el mar Menor, uno de los cuales es controlar la densidad de población en las zonas afectadas. Este es el objetivo que persiguen y, por lo tanto, “son imposibles desarrollos urbanísticos que la incrementen”.

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