Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear validan el plan para enterrar los fosfoyesos tóxicos de Huelva

El cuerpo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) considera viable el plan de la empresa Fertiberia para enterrar los fosfoyesos de Huelva —unos residuos procedentes de la fabricación de fertilizantes que contienen sustancias radiactivas— como parte del programa de restauración de la zona, un proceso que está judicializado desde hace 15 años y en el que la Audiencia Nacional decidió tomar el control en 2014 ante las “continuas e injustificadas demoras” en la regeneración. Se allana así el camino a un plan de restauración de una zona en la que se vertieron millones de toneladas de estos residuos durante alrededor de cinco décadas. El proyecto, consistente en tapar los desechos con arcilla y arena, no está exento de polémica, ya que algunos colectivos critican que no se retiren de la zona los fosfoyesos.

El informe positivo de los técnicos lo estudiarán este miércoles los cinco consejeros del CSN, que tendrán que emitir la decisión final. Lo harán casi en el límite del ultimátum de tres meses que la Audiencia Nacional había dado a este supervisor. “Se tenía que hacer antes de junio”, sostienen fuentes del CSN, que apuntan a que probablemente los consejeros den el visto bueno también al plan de Fertiberia este miércoles, aunque siempre cabe la posibilidad de que alguno de los miembros del pleno pida un aplazamiento de unos días.

El informe técnico concluye que “el proyecto da garantías” desde el punto de vista de la seguridad radiológica, que es el que debe analizar este organismo, señalan fuentes del CSN. Pero el probable sí del pleno del CSN estará sometido a condicionantes, según se desprende del informe elaborado por los técnicos. El principal será un seguimiento anual por parte de este ente de las labores de restauración. Esta empresa es una de las que componen el llamado polo químico ―un polígono de industrias químicas― a las afueras de Huelva. El plan ha sido aceptado ya por el Ministerio para la Transición Ecológica, que en septiembre de 2020 emitió una declaración de impacto ambiental positiva. Pero en ese documento se condicionaba todo a que el CSN certificara que lo que propone la empresa como solución es seguro, ya que entre los problemas que tienen esos residuos está que son radiactivos. En diciembre de 2020 la empresa presentó su proyecto al CSN, pero no ha sido hasta ahora, año y medio después y tras la advertencia de la Audiencia Nacional, cuando se emite la resolución final del supervisor.

Junto a Transición Ecológica se pronunció de manera favorable el Ayuntamiento de Huelva, que emitió un estudio de compatibilidad urbanística del proyecto. Ahora, tras el dictamen del Consejo de Seguridad Nacional, el foco estará puesto en la Junta de Andalucía, Administración que debe decidir en los próximos meses si concede la autorización ambiental integrada al proyecto de Fertiberia. El expediente de este proyecto estuvo sometido al trámite de alegaciones hasta el 3 de febrero. Al margen de las numerosas alegaciones recibidas, para decidir si da vía libre al proyecto, la Consejería de Desarrollo Sostenible andaluza debe analizar el informe de la Consejería de Salud sobre el impacto en la salud de las personas y el informe del CSN. “Es una barbaridad que el Ayuntamiento onubense permita un proyecto de tal incidencia territorial sin que los usos futuros estén definidos”, critica Juan Manuel Buendía, presidente de Mesa de la Ría, partido político local que se opone al plan de enterrar los residuos.

Lo examinado por el CSN se refiere a la fase de clausura de las balsas, cuyo plazo de ejecución es de 10 años. Una vez concluida esa etapa, este organismo tendrá que certificar que efectivamente la actuación es segura y que se cumple con lo que se había establecido en el programa de actuación, explican fuentes del consejo. Comenzaría entonces la fase de posclausura, que durará 30 años más. La previsión es que sobre las balsas, en la enorme zona que se ganaría en Huelva, se ubiquen zonas verdes. Sin embargo, la solución que finalmente se quiere adoptar, enterrar los residuos, ha sido muy criticada en la ciudad andaluza desde colectivos sociales, políticos y desde el ámbito académico, que rechazan que sigan ahí. Entre estos últimos destaca el grupo de expertos de la Universidad de Huelva, investigadores que han analizado los últimos años la estabilidad del suelo y los riesgos que entraña sepultar los residuos ante un posible tsunami o terremoto, y sus conclusiones desaconsejan dicho plan.

La zona en la que se han vertido los fosfoyesos desde la dictadura ocupa una superficie de alrededor de 1.120 hectáreas y se divide en cinco áreas. La denominada zona 1, de 400 hectáreas, ya vivió un proceso de restauración, aunque se han denunciado filtraciones a la ría en los últimos años. Lo analizado ahora por el CSN y que cuenta con el visto bueno del ministerio es el plan de actuación para las zonas 2 y 3, con una superficie total de unas 441 hectáreas. En la zona 5 (154 hectáreas más) no se llegaron a realizar vertidos, por lo que no existe un riesgo radiológico, aunque en algunos espacios se prevén tareas de restauración.

Fertiberia, en el proyecto que presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica, había introducido también en su plan la zona 4, que ocupa una superficie de 125 hectáreas y en la que en el pasado se realizaron algunos trabajos de restauración. Pero el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera decidió sacarla fuera del proyecto al entender que no se habían estudiado en profundidad ni los suelos ni las soluciones propuestas, por lo que la empresa debería presentar un plan nuevo y someterlo a evaluación ambiental. En esa zona 4, además de los residuos de Fertiberia, se depositaron otros desechos de construcción y de otro tipo. Y, lo que es más problemático, cenizas radiactivas procedentes del accidente de Acerinox en Los Barrios en 1998.

A golpe de auto

En junio de 2007, hace 15 años, la Audiencia Nacional ordenó a Fertiberia el cese de los vertidos de fosfoyesos en Huelva al entender que la concesión que tenía estaba ya caducada. Los magistrados exigieron, además, que de “inmediato” comenzara la regeneración ambiental de la zona afectada, algo que tres lustros después no ha ocurrido. Ante los evidentes retrasos, la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidió tomar el control de la regeneración en 2014 y el proceso ha tenido que ir avanzando a golpe de auto judicial. En este tiempo, los jueces han obligado a la empresa a presentar un aval de 65 millones de euros.

Dentro del CSN también conocen el problema de las balsas de Huelva desde hace más de un cuarto de siglo. De hecho, este organismo reconoció oficialmente en 2018 que dos de las seis zonas del país que están en estos momentos contaminadas por radiactividad se ubicaban ahí. Por un lado, en las balsas con fosfoyesos —las de las zonas 1, 2, 3 y parte de la 4— hay presencia de Radio 226, generado en el proceso de fabricación de los fertilizantes. Por otro lado, el CSN admitió que la zona 4 estaba además contaminada con el Cesio 137 procedente de las cenizas radiactivas del accidente de Acerinox. Otros de los emplazamientos afectados por este problema son la pedanía almeriense de Palomares y los márgenes del canal de riego del río Jarama.

En estos momentos, el Gobierno está intentando poner algo de orden ante este tipo de contaminación radiactiva, que no está reconocida oficialmente en la legislación española. Tras las presiones de Bruselas, el Ejecutivo ha iniciado una reforma legal que regularizará los suelos contaminados por radiactividad y permitirá la elaboración de un catálogo de áreas afectadas, donde se deberán presentar planes de descontaminación o de restricción de las actividades, según el caso.

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