Dos nuevos impuestos verdes: a los envases de plástico de un solo uso y al depósito en vertedero

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el texto de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que prevé la creación de dos nuevos impuestos verdes: uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro que grava el depósito de los residuos en los vertederos y la incineración. El propósito de ambas figuras impositivas, que España adopta a instancias de la Unión Europea, es incentivar el reciclaje y reducir la presencia de los desechos plásticos en la naturaleza. El proyecto de ley, que prevé una recaudación de 1.378 millones anuales con estos dos nuevos tributos, será ahora enviado a las Cortes para su tramitación final. El gran objetivo de esta norma es lograr que España reduzca un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010.

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España arrastra un gran retraso en el cumplimiento de la normativa ambiental europea. El incumplimiento de las normas de depuración de aguas urbanas le ha supuesto ya una millonaria multa al país y algo parecido podría ocurrir con el tratamiento de los residuos. Una directiva de 2008 establecía que para 2020 el 50% de los residuos municipales de todos los miembros de la UE se debían tratar para la reutilización y el reciclado. Pero España, según los datos de Eurostat, la oficina estadística europea, solo llegaba al 34,7% en 2019. El dato definitivo de 2020 no se conoce todavía, pero Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, sostuvo este lunes que “probablemente” el país no va a cumplir con esta directiva. Y advirtió de que los objetivos nuevos para 2030 y en adelante serán mucho más estrictos.

“Esta ley llega tarde”, admitió Aznar en un acto en el que también participó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también admitió el retraso de España a la hora de cumplir con los objetivos europeos de reciclaje. Lo que no se recicla acaba en el vertedero (lo que ocurre con más de un 50% de los desechos en España) o incinerado. Por eso Ribera defendió el lunes la necesidad de aplicar el nuevo tributo al vertido e incineración. “El vertedero no puede ser la respuesta más atractiva”, sostuvo. “España no está bien en gestión de residuos”, insistió Ribera.

Una decena de comunidades autónomas cuentan ahora con cánones al vertido. Pero no están armonizados y esto causa el denominado turismo de vertedero: el movimiento de desechos entre comunidades en busca del lugar más barato para el vertido o incineración. Un informe de la Comisión Europea de 2018 sobre las bajas tasas de reciclaje de España apuntaba a la necesidad de que el Estado pusiera en marcha un impuesto sobre el vertido y la incineración común para todas las comunidades. El Gobierno estima en 654,2 millones de euros lo que puede recaudarse con este nuevo tributo al año.

Aquel informe de 2018 también achacaba las bajas tasas de reciclaje de España (y la ausencia de una mejora en los últimos tres lustros) a “la falta de armonización entre comunidades autónomas respecto de la obligación de recogida separada” y citaba en concreto el caso de la basura orgánica. El anteproyecto que se aprueba este martes obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la recogida separada de estos biorresiduos en 2022 —el resto de localidades deberán hacerlo a partir de 2024—. Además, a partir de 2025 se pondrán en marcha otros tipos de recogidas separadas de productos textiles y aceites, por ejemplo. El objetivo global en el caso de los residuos urbanos es llegar a una tasa del 65% de reciclaje en 2035.

Plásticos de un solo uso

La nueva ley —que sustituirá a una norma de 2011— sirve para trasponer la nueva directiva europea de plásticos de un solo uso, lo que implicará el veto a la venta de objetos de plástico de un solo uso como cubiertos y pajitas. Además, se prohibirán los microplásticos que se añaden a productos cosméticos y detergentes, y se obligará a los bares a poner a disposición de los clientes agua del grifo gratis a partir de la aprobación definitiva de la norma. También se incluirá un nuevo tributo que gravará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros por kilo. En la memoria económica de la norma se estima que, tomando los datos de 2017, este nuevo impuesto recaudará al año 723,9 millones de euros.

Ribera recordó este lunes el retraso que arrastra España respecto a la fiscalidad verde y los requerimientos que han llegado desde la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la Comisión Europea para que España utilice más los impuestos como un arma para desincentivar las acciones más contaminantes. Pero también es cierto que estos dos nuevos impuestos llegan cuando todavía está caliente la polémica por las contradicciones del Gobierno respecto a la tasa sobre el uso de las autovías.

Carlos Arribas, especialista en residuos de Ecologistas en Acción, considera como un comienzo positivo que la nueva ley incluya estas dos nuevas figuras impositivas. También entiende como un paso importante que se vaya a obligar a todos los ayuntamientos a elaborar censos de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno. Y que se refuerce la trazabilidad de los desechos y se impida que las empresas que generan los residuos se desentiendan completamente de si es correcto el tratamiento que se les da.

Sin embargo, Arribas considera que el ministerio ha tenido una postura “muy etérea” sobre la llamada “responsabilidad ampliada” del productor de determinados residuos, ya que se han dejado elementos importantes para un posterior real decreto. De hecho, hay varias batallas que se han aplazado a la publicación de un futuro reglamento de envases, que saldrá próximamente, según Ribera. Por ejemplo, la ley deja abierta la puerta a la posibilidad de instaurar sistemas de depósito, devolución y retorno de envases —las máquinas que devuelven una pequeña fianza a los clientes cuando devuelven las botellas o las latas, por ejemplo―. La implantación de este sistema, presente en varios países europeos, es un motivo de un enorme enfrentamiento entre ONG ecologistas y organizaciones como Ecoembes, que se encarga de la gestión de los envases de plástico en España. Se prevé que en el futuro reglamento se decida si se aplica o no ese sistema y para qué productos. En ese decreto también está previsto que se concreten, por ejemplo, los costes que deben asumir los productores de la limpieza de la basura abandonada en la naturaleza.

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