Teresa Ribera: “España llega con retraso, deberíamos haber tenido hace 10 años la ley de cambio climático”

Este jueves, si nada se tuerce, el Congreso aprobará definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. España tendrá por fin un marco general para desengancharse de los combustibles fósiles. Prácticamente todos los grupos parlamentarios coinciden desde hace años en la necesidad de contar con una norma de este tipo. Pero su aprobación se ha ido retrasando año a año mientras los efectos de la crisis climática se hacían más evidentes. Teresa Ribera (Madrid, 51 años), vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, defiende los objetivos y medidas de esta ley, que salió de su departamento hace más de dos años. Y en esta entrevista admite que España llega tarde: “Esta ley deberíamos haberla tenido hace 10 años”.

Pregunta. La misma semana en la que se aprueba la ley de cambio climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones, el Tribunal Supremo ha anulado Madrid Central. ¿Qué mensaje le envía a las 150 ciudades que deberán aprobar ahora sus zonas de bajas emisiones?

Respuesta. El Tribunal Supremo utiliza sobre todo argumentos de forma, de procedimiento. Y creo que la demanda social es impecable. La gente quiere recuperar el espacio urbano, hay una creciente convicción sobre lo importante que es respirar aire limpio y, por tanto, plantear modelos de ciudad distintos y modelos de movilidad diferentes. Creo que hay que tomar nota, hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y hay que ponerse a trabajar ya, quien no lo haya hecho todavía, para contar con esas zonas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

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P. ¿Cree que el PP se ha arrepentido de haber recurrido Madrid Central?

R. Creo que esa pregunta se le debe hacer al PP. Dicho lo cual, lo que es verdad es que el alcalde Almeida en su campaña electoral hizo de esto uno de los capítulos más importantes y oímos frases que han quedado para la historia, como lo “madrileño” que era tener atascos a las tres de la mañana. Sin embargo, una vez que estaba en Cibeles, ha entendido lo relevante que es ordenar y pacificar el tráfico en las ciudades. Me parece que todavía está lejos de conseguirlo. Hemos visto cómo la mayor parte de las ciudades europeas y no europeas utilizaban los meses de confinamiento para prepararse para una movilidad distinta, incrementando los carriles bici o facilitando la movilidad no motorizada.

P. ¿Considera que el crecimiento de un partido como Más Madrid en las elecciones en la comunidad supone que el sentimiento ecologista en la ciudadanía puede ser superior al que encuentran en el Partido Socialista?

R. Creo que mi partido tiene una trayectoria muy larga y que representa las grandes medidas de transformación y de integración verde en nuestra agenda pública. Nos consideramos un partido ecologista. Creo que es verdad que el sentimiento en favor de las opciones ecologistas ha ido creciendo a lo largo de los últimos años de forma muy importante. En España ha fallado siempre la demanda del proyecto ecologista como un proyecto político institucionalizado. Y lo que ha habido ha sido en gran medida gracias al PSOE, con la única experiencia reciente de Equo, que no acabó de cuajar y ha acabado en esa división entre Podemos y Más Madrid. Creo que hay una parte del espacio verde que es tan racional, tan económica y que tiene tanto sentido, que resulta transversal. Y debería ser refrendada por todos los partidos del arco parlamentario. Hay otra parte que diferencia a unos partidos de otros: el modo en el que se traslada la accesibilidad a lo verde, el modo en el que se incluye y se combina con medidas que ponen de manifiesto que lo verde es también una política social de acceso a beneficios, a oportunidades de reparto justo o de justicia entre generaciones. Como ha planteado muy bien el presidente [estadounidense] Joe Biden, lo verde es un plan de empleo. Esto hoy es indubitado.

P. El argumento de la generación de empleo es clave, en efecto, en el plan de Biden. En un país con un problema de empleo tan importante como España, ¿qué impacto tendrá la ley de cambio climático en ese ámbito?

R. Creo que es fundamental entender que el empleo se reparte en todos los sectores susceptibles de generarlo, pero la transformación en la industria, en la movilidad, en la construcción y en las infraestructuras lleva implícitas nuevas habilidades profesionales. Calculamos que se pueden incrementar en 250.000 empleos netos anuales de promedio de aquí a 2030 como consecuencia de la aplicación de esta ley. Es una cifra muy congruente con la del plan de recuperación en el segmento ambiental asociado a la restauración de ecosistemas, agendas verde y azul, transformación del sistema energético y la transformación industrial y la rehabilitación.

P. La ley plantea recortar las emisiones de efecto invernadero del país un 23% en 2030, respecto a los niveles de 1990. Pero este objetivo se fijó hace más de dos años, antes de la pandemia y, sobre todo, antes al plan de recuperación europeo (que tiene un componente verde importantísimo). ¿Por qué no han aumentado más este objetivo en la tramitación parlamentaria?

R. España llega con retraso a la aprobación de esta ley. Esta ley deberíamos haberla tenido hace 10 años. Contamos con una estructura económica que ha cambiado sustancialmente en muy poco tiempo. Hace muy pocos años parecía que hablar de movilidad eléctrica era una cosa muy rara. Y hoy vemos todas las casas matrices y casas de componentes encontrando su futuro en torno a la movilidad eléctrica. La ley incorpora dos cosas que son muy importantes: por un lado, que haya revisiones periódicas, y la primera será en 2023, que es pasado mañana. Esto es trabajar ya para entender bien qué ha significado la pandemia y dónde puede haber más margen para reducir emisiones. El segundo gran elemento es que nunca se puede reducir un objetivo ya confirmado; solamente se puede incrementar la ambición. En la pandemia y en los últimos tres años, ha habido un cambio estructural importante: se ha suprimido el 89% de la capacidad de generación de electricidad con carbón (ningún otro país ha hecho eso en tan poco tiempo). Esto sí es estructural, son emisiones que dejan de producirse. La otra gran fuente de reducción de emisiones en 2020 ha sido en el sector del transporte en los seis primeros meses del año. ¿Esto es un cambio estructural? Pues no está claro.

P. La Unión Europea ha aumentado sus objetivos de recorte de emisiones recientemente hasta el 55% (frente al 40% anterior) y algunos países como Reino Unido o Alemania están también anunciando aumentos. ¿Por qué no ha aprovechado esta coyuntura España para hacerlo también?

R. Confiemos en que la revisión al alza esté disponible para 2023. Nuestros objetivos están por encima de los objetivos cuantificados que maneja la UE en el escenario del 40% y el 55%. Honestamente, creo que la reflexión de fondo es que nuestro plan es ambicioso, que requiere de un esfuerzo muy grande, no hay que menospreciar ese esfuerzo. Y tampoco hay que hacer caso a quienes dicen que estamos haciendo más que los demás. Estamos planteando el escenario que consideramos que es más consecuente con nuestros objetivo de lograr la descarbonización total de la economía como muy tarde en 2050 generando las máximas oportunidades. Confío en que en 2023 podamos ofrecer cifras serias. Lo que han hecho algunos de los países de nuestro entorno, que nos llevaban 10 años de ventaja, es fijar una cifra reconociendo que todavía no saben explicar cómo la van a conseguir.

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P. ¿En qué fecha estará España libre de generación de electricidad con carbón?

R. En muy poco tiempo. Ya solamente opera carbón en sistemas extrapeninsulares, donde tenemos que sustituirla con cable y generación de renovables. Y tenemos nuestros programas de islas 100% renovables. Esto es clave. Y luego hay una pequeña restricción en Carboneras, en Almería. Ahí el problema más importante es cómo conseguir un cable de evacuación que dé servicio antes de cerrar los dos grupos de la central de carbón.

P. ¿Es realista pensar en 2023?

R. 2023 no lo sé. Pero en torno a 2025 es muy realista.

P. La ley de cambio climático esquiva la fiscalidad verde, y usted ha dejado entrever algo de frustración por no haber avanzado más en ese tema. ¿Qué resistencia ha encontrado ahí?

R. Es claro que hay que generar un sistema fiscal compatible con los principios verdes y alineado, como mínimo, con lo que hace el resto de países de la OCDE. La estructura fiscal en España tiene una complejidad que hace difícil intervenir. No partimos de cero, sino que partimos de un sistema con distintos niveles de Administración y figuras que conforman el sistema de financiación autonómica y local. Por tanto, tocar alguno de los elementos sin tener delante la incidencia o el impacto que puede tener en los ingresos de las Administraciones es complicado. De ahí que se necesite no solo congruencia sobre qué se grava, sino congruencia respecto a los equilibrios sobre quién recauda y quién gasta. Y este asunto lo lidera fundamentalmente Hacienda. En la inminente ley de residuos, que aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, se incluyen elementos de fiscalidad sobre los residuos en vertedero y los plásticos de un solo uso.

P. La ley establece 2040 como fecha tope para la venta de coches con motores de combustión. Pero muchos fabricantes y Gobiernos hablan del fin de esos motores para mucho antes. ¿Cree que la ley peca de conservadora y que podría haberse puesto antes ese tope?

R. Nosotros hemos asumido una premisa, que fue lo que reclamaba la mayor parte de los actores sociales e industriales: que se hiciera de manera acompasada con el conjunto del mercado europeo. Y la fecha de 2040 fue una propuesta del entonces comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete. Nos sorprendió un poco que incorporando literalmente lo que se incluía en el trabajo de la Comisión hubiera un contestación tan fuerte por parte del PP. Creemos que la industria y la demanda social irán más deprisa y no sabemos qué podrá suponer el incremento de la ambición de la UE al pasar del objetivo del 40% al 55%. Nuestro compromiso es que desde el punto de vista legal debemos mantenernos dentro del marco europeo. Lo que no significa que no nos podamos encontrar con que la demanda de los compradores y la oferta de los vendedores vaya por delante de lo que dice la legislación. La impresión que da es que las cosas pasan mucho más deprisa que lo que dicen los legisladores.

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