La Amazonia en negociación: Bolsonaro pide 10.000 millones de dólares al año para frenar su destrucción

La sociedad civil alerta a EE UU de que desconfíe de las promesas del presidente brasileño de salvar la selva amazónica a cambio de inyecciones masivas de dinero

Un indígena kayapó, en una senda abierta por madereros ilegales en Altamira (Pará), en 2019.
Un indígena kayapó, en una senda abierta por madereros ilegales en Altamira (Pará), en 2019.Leo Correa (AP)

La Amazonia, una selva tropical crucial para regular la temperatura del planeta, busca un espacio en la cumbre virtual que el presidente Joe Biden celebra este jueves para oficializar el regreso de Estados Unidos a la batalla contra el cambio climático. El brasileño Jair Bolsonaro es uno de los 40 mandatarios convocados a un encuentro virtual que será retransmitido en directo por internet. Bolsonaro está bajo fuerte presión interna y externa porque la desforestación está en niveles no vistos en 12 años y su política ambiental da alas a la impunidad. En este contexto, el presidente brasileño se ha comprometido a frenar la destrucción del pulmón verde de la Tierra a cambio de apoyo económico. Su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha cifrado en 10.000 millones de dólares anuales (unos 8.300 millones de euros) lo que debe recibir para eliminar los gases de efecto invernadero en 2050. De ellos, dedicaría mil millones de dólares anuales, el 10% del total, a combatir la desforestación ilegal.

Brasil fue durante años una admirada potencia medioambiental. Pero eso acabó con el aumento de la deforestación a partir de 2012 y ha culminado con Bolsonaro y sus medidas contra la fiscalización ambiental. El presidente ha resistido hasta ahora las innumerables presiones para cambiar a su ministro de Medio Ambiente.

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Gobernadores amazónicos, ONG ambientales, empresarios y opositores buscan la complicidad del presidente estadounidense para salvar la Amazonia. La cumbre se siguen con enorme expectación en Brasil, que acoge en su territorio la mayor parte de la selva. Unos porque sienten la presión de la nueva Administración estadounidense; otros porque confían en que contribuya a un cambio de rumbo de la política ambiental.

Biden propuso en un debate electoral reunir 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) para preservar la Amazonia, a lo que Bolsonaro replicó en tono desabrido. Pero ahora el Gobierno brasileño intenta recoger el guante para recaudar dinero en el exterior con el que pagar la lucha contra la deforestación. Un acuerdo que ambos países supuestamente negocian desde hace meses no ha cuajado hasta ahora.

Bolsonaro difundió una carta enviada la semana pasada a Biden en la que se compromete a eliminar la desforestación ilegal para 2030 (algo que Brasil ya prometió en 2016) y propone adelantar una década el plazo para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono (de 2060 a 2050) si recibe apoyo económico. El enviado estadounidense para el clima, John Kerry, le respondió en un tuit: “Esperamos acciones inmediatas y la implicación de los indígenas y la sociedad civil”.

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El director de la Fundación Open Society en América Latina, el brasileño Pedro Abramovay, lamenta que los objetivos de Biden para reverdecer la política y la economía de su país sean mucho más ambiciosos que los que pide a sus socios latinoamericanos, según explica en una videollamada. Abramovay teme que “Colombia sea presentado como el alumno aventajado (en medioambiente) incluso ahora con el glifosato”, un herbicida potencialmente cancerígeno cuyo uso pretende retomar el presidente Iván Duque para fumigar los cultivos de hoja de coca.

La Amazonia perdió el último año 11.088 kilómetros cuadrados de árboles (algo más que la extensión de Navarra), un 9,5% más que el año anterior. El despliegue de miles de militares no ha logrado frenar ese aumento de la tala ilegal, y con un costo económico elevado. Y, mientras, cada vez escasean más los inspectores sobre el terreno.

Estados Unidos se ha sumado ahora a las peticiones que la Unión Europea viene haciendo a Brasil para que ofrezca resultados tangibles. Los indicios son sombríos. El jefe de policía del Amazonas que confiscó el mayor cargamento de madera supuestamente ilegal acaba de ser destituido fulminantemente tras un rifirrafe con el ministro.

Greenpeace, otras ONG y decenas de diputados opositores han expresado en una carta pública su preocupación porque Estados Unidos “dé confianza a un Gobierno empeñado en el negacionismo climático y que considera a la Amazonia y a quienes luchan por su conservación como enemigos”.

El responsable de Open Society sostiene que “la solución es incluir en las negociaciones (medioambientales entre Brasil y Estados Unidos) a otros actores como el consorcio de gobernadores de la Amazonia”, en referencia al grupo que preside el gobernador de Maranhão, Flávio Dino.

Muchos, tanto dentro de Brasil como fuera, consideran las promesas de Bolsonaro y Salles una mera operación de relaciones públicas para aliviar la presión en el frente medioambiental en un momento en que el país sufre importantes estragos por la crisis sanitaria y el Senado ha creado una comisión de investigación para analizar cómo gestiona el Gobierno la pandemia.

La cumbre virtual sobre el calentamiento global que empieza este jueves se considera la antesala de la cumbre del clima de la ONU (la COP26), que se celebrará en Glasgow en noviembre. Abramovay advierte de que “no hay acuerdo climático posible sin Amazonia”. Se refiere a la advertencia de los científicos de que, si la deforestación sigue a este ritmo, la selva puede llegar al punto de inflexión en el que se convierta en una sabana. Entonces “dejaría de ejercer el papel que cumple para regular la temperatura del planeta, lo que afectaría a los esfuerzos gigantescos de Estados Unidos y China”.

El Gobierno de Bolsonaro reclama ahora un instrumento que se parece al fondo millonario que durante años contribuyó a combatir la deforestación y que Salles enterró al asumir el ministerio. El Fondo Amazonia canalizaba millones aportados por Noruega y Alemania bajo supervisión de instituciones brasileñas a proyectos avalados por el Gobierno y la sociedad civil, hasta que fue neutralizado.

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Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar

Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).

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