La ciencia busca su espacio en el Congreso: “Una oportunidad para acercar a científicos y diputados”

Las barreras entre la política y la ciencia en España vienen de lejos: desde la escasa presencia de asesores científicos en las comisiones del Congreso hasta episodios como la gestión fragmentada de la pandemia de covid. Para revertir esta situación, se creó en 2021 la Oficina C, uno de los pocos proyectos con consenso parlamentario y cuya misión es servir de puente entre la ciencia y el Congreso de los Diputados. Bajo su impulso, diez personas del mundo científico han recorrido durante una semana los pasillos del hemiciclo, en compañía de su pareja con escaño, con el objetivo de acercar investigación y legislación en la cuarta edición de este programa de emparejamiento.

La diputada Tesh Sidi, de Sumar, subraya la importancia de esta integración para visibilizar la perspectiva de los investigadores en su segunda participación en el programa. “Esta es una oportunidad para acercar posiciones y establecer una conexión común entre científicos y legisladores”, afirma. La activista saharaui advirtió sobre los riesgos que enfrentan las dos áreas ante los discursos anticientíficos y la propagación de desinformación. “En el Congreso escuchamos discursos negacionistas y se cuestiona abiertamente la labor de la ciencia. Veo ese hostigamiento cuando un político aporta datos científicos, que a menudo son recibidos con desprecio”, critica.

Su pareja, Francesca Favaro, es doctora en Medicina y comunicadora científica. Para ella, una de las claves de la actividad es entender qué canales y plataformas son efectivos para transmitir información compleja a públicos no especializados. “La barrera principal es la comunicación”, afirma, “pero se está intentando eliminar mediante este acercamiento directo, que creo que es fundamental”, puntualiza.

Presentado como un ejercicio de diálogo, el programa se aleja de la idea de ser una mera exhibición simbólica sin impacto real en la actividad parlamentaria y apuesta porque “se entienda mejor la labor parlamentaria, que muchas veces resulta oscura tanto para la ciudadanía como para el personal investigador”, explica Izaskun Lacunza, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Lacunza detalla que el proceso de selección de los investigadores se basa en criterios de diversidad y sensibilidad hacia la ciencia aplicada a las políticas públicas. La convocatoria de la Oficina C, inaugurada en 2021 tras un acuerdo entre la Cámara Baja y la Fecyt, evalúa la representatividad geográfica, de género, disciplina y edad, así como la disposición de los candidatos a contribuir al debate parlamentario sin centrarse exclusivamente en demandas corporativas. Tras la evaluación de las solicitudes, el consejo asesor elige a diez participantes. Este año fueron Ángel Molina García, catedrático de Ingeniería Eléctrica; Laura Castro Santos, especialista en análisis técnico-económico de energías renovables marinas; Ignacio Álvarez Arcá, profesor ayudante doctor en la Universidad de Málaga; y Cristina Madrid López, experta en impactos ambientales y sociales de la transición energética, entre otros.

Los políticos fueron seleccionados tras presentarse voluntarios a través de los grupos parlamentarios, incluido el del partido ultra Vox, con el diputado Jacobo González-Robatto. En esta edición, se ha incorporado también a letrados del Congreso, un paso que busca dar visibilidad a los profesionales que apoyan la labor legislativa y que, hasta ahora, habían quedado en un segundo plano.

La idea de que los gobiernos recurran a expertos para orientar sus políticas no es nueva. En otros países existen experiencias consolidadas de este tipo de oficinas. En el Reino Unido, la Government Office for Science desempeña un papel similar, y en Estonia se han utilizado fondos europeos de cohesión para incorporar asesores científicos en los ministerios.

Conversaciones sobre energía

La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, fue otra de las participantes de la actividad. Para ella, la experiencia junto a Mónica Aguado, directora del Departamento de Integración en Red, Almacenamiento e Hidrógeno del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), resultó clave para comprender los retos que afronta el sistema energético español.

Calvo subraya la necesidad de entender a fondo cómo se gestionan cuestiones críticas para la ciudadanía. Junto a Aguado analizaron la estabilidad del sistema eléctrico, un asunto especialmente sensible tras el apagón sufrido en España el pasado abril. “Desde el apagón se ha optado por un modelo de operación reforzado. Se cuenta con la nuclear, el ciclo combinado e hidroeléctrica para garantizar la estabilidad de la red y evitar que vuelva a producirse una situación similar”, explica la diputada. Para ella, estos espacios de colaboración permiten tomar decisiones parlamentarias mejor fundamentadas.

Desde la perspectiva de Aguado, la relación entre ciencia y política es decisiva, sobre todo en sectores tecnológicos donde los avances requieren de marcos normativos sólidos y visión estratégica. “El sistema eléctrico debe evolucionar hacia un nuevo paradigma si queremos alcanzar los objetivos de transición energética entre 2030 y 2050”, afirma. A su juicio, el diálogo directo con los legisladores es esencial para que las decisiones públicas acompañen y no frenen esa transformación.

Para Laura Castro, científica especializada en energías renovables marinas, las leyes pueden fundamentarse en datos y evidencias contrastadas. Apunta que la ciencia no debe quedar aislada en el ámbito académico, sino “servir como herramienta práctica para mejorar la toma de decisiones legislativas”.

La economista Araceli Rodríguez, profesora en la Universidad de Valladolid, comparte ideas similares sobre su participación. Su interés estaba centrado en observar cómo la ciencia forma parte de los procesos parlamentarios relacionados con la política presupuestaria. “Me gustaría saber de qué manera se utiliza la ciencia en el gasto público o la toma de decisiones económicas”, comenta. Para ella, esta experiencia es una oportunidad para explicar a los responsables políticos en qué consiste la investigación científica, cómo trabajan los docentes e investigadores y de qué forma pueden contribuir a mejorar su labor.