La falta de coordinación y medios agravó el golpe de la pandemia en España, según la evaluación de los expertos independientes

A finales de 2019, cuando un nuevo coronavirus empezó a circular entre empleados del mercado de Wuhan (China), España no estaba preparada para afrontar la pandemia que se avecinaba. El país no había sacado las lecciones oportunas de los dos avisos previos —la gripe A y el primer SARS— y el impacto de las primeras olas acabó siendo más duro que en países de nuestro entorno. Faltaban recursos en casi todos los niveles, pero también se echó en falta una estrategia para reaccionar ante la amenaza, coordinar a las administraciones, dar protección a los colectivos más vulnerables y minimizar los daños que los duros confinamientos iban a causar. Las residencias de mayores, sin protocolos de actuación y apenas conectadas con el sistema sanitario, fueron el lugar donde la tragedia se desencadenó con mayor virulencia al converger todos estos factores.

El informe Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza estas y otras cuestiones que envolvieron al sistema sanitario en la peor crisis que ha sufrido España desde la Guerra Civil. Sus 157 páginas son la tan reclamada “evaluación por expertos independientes”, cuya necesidad se hizo evidente tras los fallos observados en el primer año de pandemia. El Consejo Interterritorial de Salud encargó su elaboración en septiembre de 2021 y será analizado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en su reunión de este jueves. El documento está fechado el pasado 30 de abril, pero la agenda política y los vaivenes electorales han retrasado su presentación hasta ahora.

“El fin último de esta evaluación es ofrecer información útil que oriente la toma de las decisiones para fortalecer y cohesionar el Sitema Nacional de Salud y hacerlo más resiliente frente a futuras amenazas pandémicas”, recoge el documento, al que han contribuido de una forma u otra miles de profesionales y expertos, y cuyos autores son cuatro reconocidas figuras del mundo académico y sanitario: Xurxo Hervada Vidal, epidemiólogo de la Xunta de Galicia (hoy jubilado); Carmen Pérez Romero, de la Escuela Andaluza de Salud Publica; Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; y Rosa Urbanos Garrido, especialista en Economía de la Salud de Universidad Complutense de Madrid.

Los que siguen son los puntos más importantes del documento, siguiendo el orden de los capítulos elegido por los autores.

“Hemos aprendido poco a nivel global”

La pandemia del coronavirus no será la última que sufra el ser humano y es muy probable que ya no falte mucho para la siguiente. Con esta idea de fondo, y la de que ningún país estará entonces seguro si no se toman las medidas necesarias a nivel global, los autores arrancan el trabajo con un primer capítulo, a modo de reflexión general, impregnado de cierto pesimismo. Si la próxima pandemia es inevitable, “la mejor forma de luchar contra ella es prevenirla”, defienden. Pero esto requiere “una colaboración internacional estrecha y solidaria” a nivel internacional que ayude a los países con menos recursos a dotarse de los medios para detectar las nuevas amenazas y proteger a su población.

El documento considera que “desgraciadamente, las cosas no van bien [...], los progresos realizados son escasos, y puede producirse una nueva pandemia antes de que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hayan implementado; parece que hemos aprendido poco a nivel global de la experiencia de la reciente pandemia”. Por este motivo, los autores instan al Gobierno de España a “reforzar su acción en los organismos internacionales para apoyar política y financieramente las acciones de prevención de la próxima pandemia”.

“El impacto de la pandemia en España ha sido demoledor”

La cinco primeras olas de la pandemia —el estudio concluye su análisis en el fin de la quinta, en octubre de 2021— causaron 431.891 hospitalizaciones, 41.138 ingresos en UCI y 87.080 personas fallecidas, unas cifras que “a pesar de su magnitud, infraestiman las cifras reales”. “Este exceso de mortalidad ha provocado un descenso en la esperanza de vida al nacer, que a finales del 2020 se situaba en conjunto en 1,5 años, con mayor pérdida en mujeres que en hombres”, destacan los autores, que basan sus afirmaciones en investigaciones ya publicadas, estudios específicos realizados por el propio sistema sanitario, y reuniones y encuestas con profesionales sanitarios y expertos.

“Además de las secuelas de la COVID-19 de larga duración, fenómeno todavía en estudio, la pandemia ha provocado un impacto muy importante en la salud mental, sobre todo en la población infanto-juvenil (derivado en parte del confinamiento, particularmente duro y prolongado en el caso de España en comparación con otros países) y también un retraso en el diagnóstico y manejo del resto de patologías”, sigue el documento.

“Qué debimos hacer de otra manera”

“Estábamos avisados de la posibilidad de una nueva pandemia a corto plazo [...], pero en enero de 2020 no estábamos suficientemente preparados”. Así inician los autores la parte del documento dedicada a analizar las lecciones aprendidas de la pandemia, que ponen el foco en tres carencias iniciales clave: la inexistencia de reservas estratégicas de material para hacer frente a un virus respiratorio, “la debilidad de los sistemas de información y alerta temprana” y “la insuficiencia de recursos diagnósticos”.

“Una parte de los errores cometidos en la respuesta a la pandemia se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario”, sigue el documento. Algunos de ellos se deben a la falta de medios, como “unos recursos humanos estructuralmente infradimensionados” —especialmente en los servicios de Salud Pública— y “la ausencia de un adecuado sistema de información que permitiera tener localizados los recursos existentes, y facilitara su correcta gestión”. Otros, al diseño del propio sistema, como la excesiva “distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales”, lo que obstaculizó la coordinación.

Más grave aún fue el “desconocimiento [mutuo] que existía entre el entorno sanitario y el sociosanitario”, con una ausencia total de protocolos de actuación y una coordinación mínima con los hospitales, lo que “estuvo en el origen de la tragedia vivida en los establecimientos residenciales”.

También falló la coordinación entre los distintos niveles asistenciales e, incluso, comunidades, lo que imposibilitó “compartir recursos médicos entre territorios”, incluyendo las UCI a nivel nacional. “El Consejo Interterritorial no fue suficientemente eficaz como instrumento para adoptar decisiones homogéneas [para toda España], cuando hubiera sido conveniente que lo fueran, lo que generó confusión y desconfianza”, sigue el texto.

Las carencias también se hicieron evidentes a nivel legal. “La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública se mostró insuficiente para afrontar la pandemia”, sostienen los autores, que extienden la crítica al ámbito judicial, con los tribunales fallando en sentido contrario ante restricciones prácticamente idénticas: “Esto dificultó la toma de decisiones para el control de la pandemia y pudo generar cierta desconfianza en la ciudadanía sobre las medidas adoptadas”.

La comunicación de las autoridades sanitarias tampoco ayudó a la gestión de la crisis en muchos momentos. “Se produjeron algunos errores de comunicación muy llamativos, fundamentalmente realizar pronósticos innecesarios sobre la evolución de la pandemia y valoraciones apresuradas sobre las principales vías de transmisión de la infección y la efectividad de las mascarillas”, sostienen los autores, que a continuación censuran “cierta sobreexposición del portavoz habitual, que mantuvo actividades públicas de comunicación en el propio domicilio incluso cuando estaba padeciendo la COVID-19″, en referencia al director de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. En otra parte del documento se recoge que la valoración que hacen los profesionales encuestados del papel desempeñado por Simón “dista de ser unánime”.

“Qué hicimos bien”

Tras más de 60 páginas de análisis descarnado sobre el impacto de la pandemia sobre España y su sistema sanitario, el informe de un giro en la 64 al constatar que, pese a todo, se encontraron vías para hacer frente y encontrar una salida a la crisis: “Más allá de los aspectos claramente mejorables, hay una gran lección de carácter general: si bien no estábamos preparados para la pandemia, cuando esta llegó muchas cosas se hicieron bien. La sociedad española y, en particular, los poderes públicos, los centros educativos y sociosanitarios, numerosas empresas y, sobre todo, el conjunto de profesionales del ámbito sanitario realizaron actuaciones importantes de las que nos debemos sentir orgullosos”.

El texto destaca la “respuesta a menudo autónoma, y en algunos casos heroica, del conjunto de profesionales de la asistencia sanitaria” en unos momentos en la que el reinaba la incertidumbre y la falta de medios. Igualmente “loables” fueron los esfuerzos de los servicios de Salud Pública, que “trabajaron denodadamente gestionando y fortaleciendo algunos sistemas de información sanitaria”, un reconocimiento que el documento extiende a prácticamente todos los servidores públicos (trabajadores de residencias, Ejercito, policías, docentes...).

También el sector privado contribuyó a capear la crisis con sus “buenas infraestructuras de producción, logística, distribución y comunicación, y la entrega de millones de profesionales de servicios esenciales, que han permitido que el país mantuviera siempre en excelentes condiciones todos los servicios básicos sin los que no se puede superar una pandemia”.

El mayor éxito de la respuesta del sistema sanitario a la pandemia fue la campaña de vacunación, que contó con el masivo apoyo de la población y se ha convertido en un “modelo entre los grandes países del mundo”. También “la implantación de los ERTE y otras medidas de protección social, que han paliado el impacto de la enorme crisis económica resultante de la pandemia”.

En el campo de la comunicación, también hubo buenas noticias: “Es destacable la información casi inmediata y de alta calidad proporcionada por los grandes medios de comunicación, que ha permitido que la población supiera qué hacer para su mejor protección”. Una encuesta incluida en el informe señala que “la información más relevante resultó clara para la mayoría de la gente”, que “la mitad de la población cree que las medidas de control pandémico fueron buenas o muy buenas” y que “solo una de cada cuatro personas opinan que fueron malas o muy malas”.

“Recomendaciones para una futura pandemia”

La evaluación de los expertos concluye con una serie de recomendaciones y una detallada hoja de ruta con decenas de medidas que deberían adoptarse a corto y medio plazo —y mantenerse de forma continuada— para hacer frente a la siguiente crisis. “[Hay que] interiorizar que una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad no solo es posible sino probable, a corto o medio plazo. Confiamos en que la difusión adecuada de este informe y el debate posterior contribuya a ello”, sostienen los autores en el inicio de este capítulo.

El primer bloque de recomendaciones está relacionado con la gestión de la crisis y reclama un “marco normativo específico para la situación excepcional de emergencia sanitaria” que evite repetir los vaivenes políticos y legales vividos durante la pandemia. Este marco debe prever “mecanismos de actuación excepcionales” que permitan agilizar la compra de materiales, la gestión de los recursos humanos, y la “intervención temporal de instalaciones y recursos públicos y privados”, entre otros. “En especial se debe regular la toma de decisiones en algunos ámbitos de la salud pública, como la adopción de medidas farmacológicas (estrategia de vacunación) y no farmacológicas (restricciones en la movilidad de las personas o en ciertas actividades sociales y empresariales)”, añade el texto.

La evaluación también propone crear “una reserva estratégica para emergencias de salud pública que garantice continuamente la disponibilidad de material sanitario” para los pacientes (respiradores, antivirales...) y profesionales sanitarios (equipos de protección...). Igualmente, los autores ven necesario “desarrollar un Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida” dentro de medios de vigilancia epidemiológica existentes para anticipar en lo posible la respuesta a una nueva crisis.

Un segundo bloque de recomendaciones propone ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Frente a la posición de quienes mantienen que el modelo de SNS está agotado y hay que refundarlo o transformarlo por completo, la experiencia de las últimas décadas en el National Health Service (NHS) del Reino Unido muestra que las transformaciones radicales no siempre llevan adonde se pretende y pueden no resultar eficientes”, avisan los autores.

En este apartado, el documento apuesta por reforzar los servicios de salud pública, con más profesionales, perfiles más variados, mejores medios y más actuaciones en el ámbito comunitario. Igualmente, sería necesario “reorientar y fortalecer la atención primaria”, liberándola de la carga burocrática y mejorando su capacidad de respuesta con más medios técnicos y diagnósticos. Otro punto importante es dotar a los hospitales de mayor flexibilidad, incrementando “su capacidad para expandirse en situaciones críticas y mejorar su coordinación con el resto del sistema”.

Potenciar la investigación en todos los ámbitos (científico, social...) y “desarrollar las grandes infraestructuras” que la hacen posible es otra de las propuestas clave. En relación con las residencias de mayores, la evaluación recomienda una fuerte apuesta por “ampliar y reforzar los mecanismos de prevención y control de infecciones en entornos sociosanitarios”, así como mejorar su coordinación con el resto del sistema sanitario. Igualmente, el documento defiende la necesidad de “potenciar la capacidad de centros clínicos más pequeños para hacer diagnóstico molecular”.

El tercer y último bloque de propuestas hace referencia a la comunicación. Destaca la importancia de “diseñar planes de comunicación específicos para crisis sanitarias, que aseguren la transmisión de información rigurosa y efectiva a profesionales y ciudadanía”. E imprime en este punto un destacado calado social. La pandemia fue un doble golpe para los colectivos más vulnerables, afectados por las restricciones —como el resto de la población—, pero privados, además, de la mayoría de servicios y recursos que necesitan en su vida diaria. El objetivo del documento es que en la próxima pandemia esto no vuelva a ocurrir. “Durante las emergencias sanitarias, se debe incorporar la perspectiva de los grupos más vulnerables”, concluye el texto.