El sueño de un pasaporte español revive en el Sáhara
La reactivación en las Cortes de una ley para la concesión de la nacionalidad a los nacidos bajo administración colonial despierta expectación entre más de 200.000 saharauis


El saharaui Sidi Brahim Abilil fue detenido en El Aaiún con 18 años acusado de militar en el Frente Polisario, pasó por sucesivos calabozos y acabó en las mazmorras secretas de un campo de concentración del sur de Marruecos. Cuando fue liberado tras más de una década de cautiverio en la que su familia le dio por desaparecido, se exilió en Argelia y trató de unirse a los independentistas en los campamentos de Tinduf. Pero en lugar de alistarse en sus filas, fue tomado por espía de Rabat y arrojado de nuevo entre rejas. Logró huir a Mauritania dos años más tarde para pedir asilo en la embajada de España, aunque su demanda solo recibió silencio. Abilil había nacido en 1962 en la entonces capital de la provincia número 53, su padre tenía un DNI con el que votaba en los referendos de la dictadura y él estaba matriculado en primaria en el colegio La Paz de El Aaiún, donde el Ministerio de Educación todavía imparte clases.
“Claro que quiero volver a ser español. Con mucho gusto. Han pasado ya 30 años y sigo esperando una respuesta a mi petición”, asevera, ya próximo a la jubilación como guía turístico, mientras sirve los tres vuelcos sucesivos del ritual saharaui del té —amargo como la vida, dulce como el amor y suave como la muerte—, en la antigua tienda de su padre en el Zoco Nuevo. Conserva el establecimiento como un santuario de los años setenta, con vaqueros acampanados de marca Lois y camisas de tergal de amplio cuello. Cuando retornó a El Aaiún desde los campamentos, las autoridades marroquíes le recibieron con un cargo de funcionario vitalicio en el Ministerio de Turismo.
¿A la tercera irá la vencida? Es lo que parecen preguntarse decenas de miles de saharauis autóctonos, hasta más de 200.000 según estimaciones de los chiujs o jefes tribales, que como Abilil no pudieron conservar la nacionalidad española cuando el ejército ya había abandonado el territorio en manos de Marruecos en 1976 y el Gobierno solo concedió un año de plazo para que hicieran valer su derecho. O quienes en 2023 aguardaban expectantes la aprobación de la proposición de ley promovida por Unidas Podemos para otorgarles el pasaporte por carta de naturaleza, antes de que el adelanto electoral diera al traste con la iniciativa. El Congreso, ahora a instancias de Sumar, reavivó el 25 de febrero una propuesta similar a la que, como ya ocurrió en la anterior legislatura, solo han dado la espalda los diputados de la bancada socialista.
“No entiendo la posición del PSOE. Hay que separar los problemas políticos actuales del pasado histórico”, cuestiona Gajmula Ebbi, de 63 años, licenciada en Filología Hispánica y que adquirió la nacionalidad por residencia en Málaga. “Yo también nací en El Aaiún bajo la bandera española, estudié en las aulas de La Paz, me marché a los campamentos del Frente Polisario, trabajé en España y regresé al Sáhara para ser diputada en el Parlamento marroquí por el Partido del Progreso y el Socialismo. Y no me arrepiento de nada”, explica en la sede de la asociación Generaciones de La Paz, de exalumnos del colegio español, bajo la típica cúpula semiesférica de la arquitectura colonial. “Nuestro vínculo con España es algo muy bonito que no se puede ocultar”, asegura. “Me emocioné al seguir en televisión la intervención de la diputada de origen saharaui Tesh Sidi, cuando defendió la ley en nombre de Sumar mientras relataba su calvario de 20 años para obtener la nacionalidad”.
Documentos guardados como oro en paño
Sidi Brahim Abilil, guarda como oro en paño sus raíces españolas en forma de documentos de identidad o escolares, administrativos o económicos, que dan fe de su presencia en el Sáhara cuando ondeaba la enseña roja y gualda. A los saharauis autóctonos y a sus descendientes más directos estos papeles les abren la vía para la concesión del pasaporte. Y también generan suspiros por las expectativas educativas, laborales, de derechos sociales o de reunificación familiar que se les abren. Como la mayoría de los saharauis, el guía turístico se ha estrellado en el pasado contra muros en la Administración y los tribunales, donde se han visto rechazadas sus aspiraciones. Sus carpetas contienen ahora una memoria viva de la vinculación con España que muestra con la reverencia de una reliquia: partida de nacimiento, DNI paterno, inscripción en el censo de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso)... entre otros documentos expresamente citados en la iniciativa legislativa que está ahora en marcha.
“No se pueden aceptar los documentos de Tinduf. No tienen legitimidad”, sentencia Baira Abdelatif, chej de la tribu saharaui Ulad Busbaa, en pleno ftur, la cena de Ramadán que ofrece en su casa de El Aaiún, donde una jaima plantada en el patio evoca la vida nómada de sus ancestros. El empresario Abdelatif, de 64 años, sirve lajsadra, la sopa de cebada preferida por los habitantes del desierto frente a la harira bereber para romper el ayuno. Entre los medios probatorios previstos en la proposición de ley de Sumar, el “certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España” se presenta como el principal escollo en su tramitación parlamentaria, al implicar un reconocimiento de la administración de los independentistas en Argelia. Este tipo de trámite sellado en Tinduf, sin embargo, ya ha venido siendo aceptado en España para acreditar el origen de los saharauis apátridas, que son mayoría en los campamentos del desierto de piedra.
“Los chiujs contamos con legitimidad histórica”, apostilla Baira Abdelatif. “La tuvimos en la Yemaa o Asamblea de Notables, en la que estaba mi padre, prevista bajo la administración española. En la comisión de identificación para el referéndum de la ONU, de la que yo formé parte. En el Consejo Consultivo para el Sáhara creado por el rey de Marruecos, al que pertenezco”, concluye. Considera que solo los chiujs de Tinduf podrían avalar la vinculación con España de un saharaui en el exilio argelino, gracias a su conocimiento de sus tribus, subtribus y fracciones. La proposición admitida ahora en el Congreso, sin embargo, no menciona a los notables saharauis, elegidos originalmente por los nómadas para que les representaran y que con el tiempo devinieron en linajes hereditarios.
“En todo caso, los saharauis autóctonos no somos menos que los sefardíes”, argumenta Baira Abdelatif. Los habitantes del Sáhara bajo administración colonial hasta hace cerca de 50 años y sus descendientes se ven más cerca de España, tanto en la geografía como en la historia, que los judeoespañoles que recibieron la nacionalidad por una ley aprobada en 2015, más de cinco siglos después de la expulsión de sus antepasados.
“Antes de interrumpir sus trabajos, la Minurso había censado en 1998 a casi 83.000 saharauis como residentes previos a la salida de España con la conformidad de un chej promarroquí y de otro favorable al Polisario”, precisa, “y otros 147.000 recibieron la aprobación de uno de los dos chiujs de la comisión de la ONU. “Más de 200.000 saharauis pueden tener hoy derecho a la nacionalidad española”, estima a su lado Mohamed Bauni, de 49 años y graduado en Ciencias Políticas, chej de la tribu Erguibat Suad.

La Asociación Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española, cuenta con más de 4.000 solicitudes previas y cerca de un centenar de sus miembros han dado ya pasos ante los tribunales para “la restitución de la nacionalidad”, según detalla su presidente, Bucharaya Bahi, funcionario y jurista de 56 años, al frente de la junta directiva reunida en una vivienda de El Aaiún. “Estamos en el barrio de Casa de Piedra”, explica de camino uno de sus miembros, “es una zona nacionalista saharaui, por eso se ven tantos vehículos de las fuerzas de seguridad y policías de paisano”.
Bahi viajó a Madrid para asistir, vestido con la túnica saharaui o Daraa, al pleno en el que fue tomada en consideración la proposición de ley. “Desde que el Tribunal Supremo vetó en 2020 que se pudiera invocar la pertenencia a la provincia 53 para recuperar la nacionalidad, nuestros derechos se han visto bloqueados ante la justicia española”, alega el presidente de la asociación. Uno de sus socios, Mohamed Bregg, de 70 años, guarda de seguridad en la ciudad de Esmara, en el centro del Sáhara, confía en poder jubilarse en Fuerteventura, donde tiene familiares, cuando obtenga el pasaporte. La empresaria Fátima Hamad, de 55 años, con negocios en Canarias, asegura no tener problemas para poder viajar con visado. “Ser española es un sueño para mí”, explica ataviada con la tradicional melfa. Todos los asociados coinciden, como resume Alí Adel Hay, de 66 años, en que España “dejó tirados” a los saharauis en 1975 tras la Marcha Verde organizada por Marruecos. “Entonces yo salía de excursión con mis amigos de la mano de la OJE (Organización Juvenil Española, juventudes franquistas), pero después me fui a Tinduf a enseñar música con el Polisario. Regresé 20 años más tarde”, rememora.
La memoria de España siempre ha permanecido en El Aaiún en el colegio La Paz, que nunca cerró sus puertas tras la retirada definitiva de tropas en febrero de 1976. Estuvo a punto de ser clausurado por falta de alumnos, pero siempre mantuvo al menos un maestro. Su actual directora, María José Navarro, de 44 años, muestra satisfecha la ampliación prevista en el centro tras la recuperación de buena parte de su recinto original, que fue anexionada para un instituto marroquí colindante.

“Contamos con 256 alumnos, más de la mitad con nacionalidad española, aunque hay otros tantos en lista de espera”, explica la creciente demanda de enseñanza en español en la capital saharaui, “pero por ahora solo disponemos de 15 docentes españoles y dos profesores locales de lengua árabe”. Tras haber multiplicado por cinco su alumnado en el último lustro, el colegio La Paz está a punto de completar la oferta de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
Después de formarse en La Paz, Mohamed Mojanden, de 17 años, tuvo que matricularse en el CIDEAD, el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para poder terminar la ESO y cursar el bachillerato desde El Aaiún. “Termino este año, pero si no logró la nacionalidad no podré estudiar formación profesional superior de informática con una beca en España”, alega acompañado de la directiva de la AMPA de La Paz, “mi familia, autóctona del Sáhara, no puede permitirse enviarme a Canarias, a pesar de estar a apenas tres cuartos de hora de vuelo”.
“Intentamos atender dentro de nuestras posibilidades la demanda de educación en español, pero para la enseñanza de la lengua sería necesaria la presencia del Instituto Cervantes”, puntualiza la directora del Colegio La Paz. El edificio de la Misión Cultural Española languidece en medido del abandono, desde hace más de tres décadas. El proyecto aprobado bajo el último Gobierno del Partido Popular de apertura de una antena o delegación del Instituto Cervantes en El Aaiún, cuya sede estaba previsto situar en la Misión Cultural, permanece congelado desde hace casi un decenio. Entre tanto, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, anunciaba el mes pasado en la capital saharaui la apertura de un centro de enseñanza de la Alianza Francesa.

“España ha descuidado el fomento de su cultura en Sáhara, cuyos habitantes tienen una gran vinculación y apego a todo lo español”, observa el prefecto apostólico (equivalente a obispo) Mario León, de 51 años, en la iglesia de San Francisco de Asís. El templo, con una cubierta que asemeja dunas del desierto, preside la plaza en la que latía el corazón de la que fue más extensa colonia española en África. El Instituto Nacional de Estadística registró cerca de 75.000 saharauis junto a 30.000 españoles en un censo elaborado en 1974. Hoy hay cerca de un millón de habitantes en el territorio, de los que menos del 20% proceden de la era de la provincia número 53.
“Los hijos de los saharauis nacidos bajo la bandera española podrán tener la nacionalidad, pero conocerán mal su idioma”, advierte este sacerdote madrileño afincado desde hace más de dos décadas en El Aaiún. Desde allí concentra su trabajo en la ayuda a los inmigrantes subsaharianos y las familias locales económicamente desfavorecidas, en una iglesia cuya silueta también ha mantenido viva la memoria de lo español en el paisaje urbano tras el brusco abandono del Sáhara pronto hará medio siglo. Los suspiros por el pasaporte de España resuenan a justicia histórica en El Aaiún, donde el hasanía, el dialecto árabe saharaui, sigue preñado de vocablos en castellano.
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