CNIO: El mayor centro de investigación del cáncer se sume en una crisis judicial meses después de cesar a sus máximos responsables

Antes de haber iniciado una nueva etapa largamente esperada, el mayor centro de investigación del cáncer de España se precipita a una nueva crisis, en este caso judicial. Los detonantes son una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por un empleado que ha sido despedido, y dos juicios por despido improcedente que se celebrarán previsiblemente el próximo año.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recibió este año al menos dos correos electrónicos de un empleado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) alertando de irregularidades en las contrataciones realizadas por el centro, confirman fuentes del organismo. La segunda de ellas fue trasladada al Patronato del centro, su máximo órgano rector, cuya presidenta de honor es Diana Morant, según las mismas fuentes.

La denuncia ante Fiscalía, adelantada por El Mundo, la presenta el que hasta agosto era director de operaciones del CNIO. Se trata de un ingeniero de telecomunicaciones y administrador de empresas que llevaba trabajando en el organismo desde 2005, con un lapso entre 2012 y 2018 en el que fue asesor del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Este ejecutivo denuncia irregularidades en contratos pequeños en el centro desde 2007 que se extendieron en el tiempo, y que sumarían decenas de millones de euros, según explica a este diario.

Este denunciante apunta directamente a Juan Arroyo, quien había sido el gerente del CNIO hasta su cese por el patronato en enero de este año. Ese mismo día se decidió la remoción de María Blasco como directora científica del CNIO tras el conocimiento de denuncias de acoso laboral, el deterioro de las instalaciones científicas y otras cuestiones. Por el momento, la denuncia sigue en Anticorrupción y ni el Gobierno ni ninguno de los implicados han recibido comunicación de la Fiscalía sobre los hechos mencionados. El Ministerio de Ciencia acaba de convocar para el próximo martes un pleno extraordinario del patronato, para “analizar la situación” del centro y abordar esta nueva crisis.

El denunciante asegura a este diario que antes de acudir a la Fiscalía alertó de esta situación a varios altos cargos del Ministerio de Ciencia en varias ocasiones entre marzo y agosto de este año. En ellas explicaba que, como empleado del CNIO, se “veía obligado” a denunciar “presuntos actos irregulares” en la ejecución de contratos. Al cierre del 2024, la presunta cuantía afectada sería por unos 11 millones de euros, incluidos contratos con las empresas Eiffage y Gedosol, asegura. En otra de sus comunicaciones, el denunciante alertaba de “un esquema sistemático de alteración de contratos” que ascendía a entre 20 y 25 millones de euros, siempre según su versión. En sus comunicaciones, el denunciante pedía “amparo y protección ante posibles represalias”. El afectado asegura que el Ministerio nunca le respondió.

Este directivo fue despedido a finales de agosto junto a otra ejecutiva del organismo, la directora de Compliance (cumplimiento). La salida de estos dos empleados se hizo con un expediente disciplinario, ya con Maribel Salido como nueva gerente provisional. Es un procedimiento muy poco habitual, especialmente en un centro de investigación público como el CNIO.

El cese de estas dos personas se argumenta en su supuesta resistencia a aprobar contratos esenciales que “pusieron en peligro la integridad económica y física” del centro, según explican fuentes del CNIO. Entre las cuestiones que se achacaban al director de operaciones estaba el sistema de extinción de incendios de la Instalación Radiactiva Central, que contiene isótopos radiactivos usados para el análisis en animales y tejidos. Según la gerencia, la negligencia en dar salida a los contratos necesarios obligó a cerrar la instalación e informar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como detallan comunicaciones internas a las que ha tenido acceso este diario.

El despido de este empleado también se sostiene en supuestas negligencias en contratos relativos al animalario, con más de 30.000 ratones usados para investigación. Sobre la otra despedida pesan cargos de no haber puesto en marcha a tiempo el canal de denuncias por acoso en el centro, entre otras cuestiones. Ambos ya ex empleados niegan estas acusaciones y han denunciado al CNIO por despido improcedente.

Las partes de este embrollo ven una vendetta personal contra ellos. El denunciante, que pide anonimato de acuerdo de la ley de protección del informante, ve una represalia por haber destapado las irregularidades, muchas de ellas supuestamente sucedidas cuando también él era alto cargo del CNIO. En el centro de investigación y el Ministerio, interpretan lo sucedido como una venganza de esta persona porque no consiguió el puesto de gerente del organismo, para el que en teoría estaba señalado por su antecesor. Esta persona cayó de la lista de candidatos tanto en la elección de un gerente provisional, ganada por Maribel Salido, como en la de uno definitivo, conseguida por José Manuel Bernabé, según fuentes cercanas al proceso. Una tercera derivada que plantean en el Gobierno es por qué esta denuncia, interpuesta a finales de junio, sale a la luz cuando las críticas por la gestión de la dana han provocado la dimisión de Carlos Mazón, generando una creciente visibilidad política a la ministra de Ciencia y presidenta de los socialistas valencianos Diana Morant, que puede ser la candidata del PSOE a presidir la Generalitat Valenciana.

Un portavoz del Ministerio de Ciencia aseguró no tener constancia de que “la Fiscalía de Madrid haya notificado al CNIO ninguna denuncia al respecto”. También defendió su “excelencia científica” “como primer centro de investigación contra el cáncer en España, y el segundo más importante de Europa”. Actualmente, el Tribunal de Cuentas está auditando las cuentas del periodo 2022-2024, ambos años incluidos, y las cuentas del CNIO las audita la Intervención General del Estado cada año, añaden. Además, una tarea de los nuevos responsables del centro es “poner negro sobre blanco” la situación del centro en los últimos 18 años. El “Ministerio manifiesta colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir”, detallan; y añaden: “La contratación y el despido del personal al servicio del CNIO es una responsabilidad que corresponde únicamente a la gerencia del centro, de acuerdo con el artículo 20.g) de sus Estatutos”.

Querella de Vox archivada

En 2020, el partido de extrema derecha Vox se querelló con el entonces gerente del CNIO y otros dos empleados del centro por presunto fraude en contratos realizados entre 2017 y 2018 con la empresa “Geosol”. El año pasado la jueza archivó provisionalmente la causa ante la falta de pruebas.

La bióloga María Blasco, que tras su cese ha vuelto a su puesto de líder del grupo de investigación sobre telómeros, se siente reivindicada. Antes de ser destituida por el patronato, uno de los argumentos que esgrimió fue la existencia de una bicefalia en el CNIO caracterizada por su enfrentamiento con el gerente, Juan Arroyo. La científica argumentó la existencia de contratos irregulares que eran responsabilidad del gerente quien, tras su cese, ha vuelto a su anterior puesto anterior en el CNIO. La ex directora asegura que pidió el cese de Arroyo al Ministerio de Ciencia. “Como consecuencia de mis peticiones de cambio de gerente, ha habido dos intentos de cesarlo por parte de los Ministerios de Ciencia de turno a lo largo de 14 años. He escrito cartas al Ministerio indicado mi falta de confianza en Juan Arroyo, y la amenaza que esto suponía para mi persona como cara visible del CNIO. He llegado a conocer a los gerentes sustitutos que tenían que venir al CNIO, pero al final, por motivos que desconozco no han cambiado al gerente hasta ahora”, asegura Blasco a este diario.

El exgerente Juan Arroyo no quiso hacer declaraciones.

Esta nueva tormenta judicial llega cuando el CNIO quería abrir una nueva etapa. El centro está en una situación crítica. Desde septiembre, el nuevo gerente es José Manuel Bernabé, miembro del cuerpo de Técnicos Facultativos Superiores con una prolongada experiencia en instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El patronato también ha designado como director científico al bioinformático Raúl Rabadán, como adelantó EL PAÍS. Pero el científico aún no ha firmado su contrato por necesidad de cumplir compromisos con su actual empleador, la Universidad de Columbia, en Nueva York. No obstante, Rabadán está ya trabajando en un plan estratégico para sacar al CNIO de la crisis y darle un nuevo impulso como referencia del estudio computacional del cáncer. La confirmación se espera para los primeros meses de 2026, según fuentes del Ministerio.

Pero para poder cumplir sus objetivos, el CNIO necesita más fondos. Justo antes de su última crisis, algunas de sus instalaciones científicas esenciales estaban inutilizables u obsoletas, como denunciaron sus jefes científicos en este diario. Asimismo, varios informes internos habían alertado de la caída de la producción científica de calidad en los últimos años.

El Ministerio de Ciencia ha comprometido unos tres millones de euros adicionales para la institución, lo que le permitiría cerrar el ejercicio sin una deuda considerable. Pero para continuar su modernización tecnológica y conseguir los servidores adicionales para fomentar la biocomputación necesitará al menos esa misma suma adicional durante los próximos años, una necesidad que dificulta que probablemente no se podrán aprobar nuevos presupuestos generales del Estado por la situación política actual.

El presupuesto total del CNIO es de aproximadamente 46 millones de euros, de los cuales unos 22 millones provienen de una subvención estatal. El organismo es gobernado por un patronato cuya presidenta de honor es la ministra Morant, y en el que está representado el Gobierno, varias comunidades autónomas y patronos privados como la Fundación Cris contra El Cáncer, La Fundación BBVA y la Asociación Española contra el Cáncer. Estos días, algunos miembros del patronato muestran su preocupación por que el CNIO haya cerrado en falso su última crisis, lo que puede desembocar en un nuevo cuestionamiento reputacional del centro.