El Congreso aprueba la ley que protege a denunciantes de corrupción

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitiva este jueves la nueva ley que regula la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción, una norma que traslada a la legislación española una directiva europea. La ley ha recibido el apoyo mayoritario de la Cámara, con la oposición de PP y Vox, tan solo un día después de que Bruselas anunciara, este miércoles, que denunciaba a España y a otros siete países de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber traspuesto la normativa a tiempo. El plazo para hacerlo se agotó el pasado 17 de diciembre. La nueva norma fija sanciones de hasta un millón de euros para quienes represalien a estos informantes.

En el debate parlamentario previo a la votación el diputado del PSOE Francisco Aranda ha lamentado que las formaciones de derecha hayan rechazado una norma que, en su opinión, es “ideal para concitar el acuerdo” en el Congreso y ha acusado al PP de salir “siempre en primer plano en la foto de la corrupción” pero no querer “salir en la foto contra la corrupción”. La formación coaligada en el Ejecutivo con los socialistas, Unidas Podemos, ha celebrado “un logro del Gobierno de coalición”, en palabras del diputado Roberto Uriarte, quien ha pedido perdón a quienes hasta ahora “han puesto sus cuerpos por delante para luchar contra la corrupción y el abuso” sin una ley específica que les amparara.

El PP ha defendido su rechazo al texto porque “no cumple con las expectativas que esta lacra exige”, ha sentenciado el diputado Jesús Postigo, que también ha criticado la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un canal autónomo y complementario al que deberá tener cada institución, pues lo considera un “chiringuito” y un retraso en la aplicación de la norma. Vox también ha votado en contra, al considerar que la ley tiene una “finalidad perversa” y supondrá la presencia de “la policía del pensamiento vestida de paisano dentro de cada empresa, partido, fundación o administración”, según ha expresado el diputado Eduardo Luis Ruiz. Con pegas, Ciudadanos y ERC han apoyado una norma que, han lamentado, no incluye enmiendas sugeridas por organizaciones nacionales e internacionales que alertaban de “graves deficiencias”.

Con la aprobación de la norma habrá sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción. También será obligatorio que existan sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de cincuenta trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales. La confidencialidad de los denunciantes estará garantizada tanto si se informa por estos canales como si se hace a través de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. La ley supone la transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019.

Además de España, los países denunciados por Bruselas por su retraso en la trasposición son Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia. A todos ellos el Ejecutivo europeo les reprocha “no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposición a su ordenamiento jurídico de la directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

La denominada directiva whistleblower (informante, en inglés) es un tema especialmente sensible estos días en Bruselas, en una capital que sigue sin recuperarse del escándalo de presunta corrupción en el Parlamento Europeo de países como Qatar o Marruecos, el denominado Qatargate, que estalló en diciembre pasado y que muchos expertos consideran que habría podido evitarse si las instituciones europeas se aplicaran bien a sí mismas esta directiva de protección de los denunciantes.