España aplaza la norma europea que protege a los denunciantes

España no tendrá una norma para proteger a los denunciantes de casos de corrupción hasta bien entrado 2022. La fecha límite para trasponer la directiva europea de filtradores (”whistleblowers” en inglés) estaba fijada para este viernes 17 de diciembre, pero a la ley que prepara el Gobierno le quedan algunos flecos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el proyecto se llevará al Consejo de Ministros en enero. Cuando entre en vigor, toda la administración pública y las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.

El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas está muy avanzado, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no va a llegar a tiempo de trasponer la directiva en el plazo acordado. Fuentes del Ministerio de Justicia descartan que este retraso vaya a tener consecuencias para España, ya que la tramitación se habrá iniciado antes de que se abra un posible procedimiento sancionador, lo que trasladará el mensaje a Europa de que existe la “voluntad inequívoca” de cumplir con el mandato de la trasposición, señalan estas fuentes. El Ejecutivo está en contacto con la Comisión Europea, que tiene conocimiento de los avances en la elaboración del texto, según el Gobierno.

La conocida como directiva whistleblower (en referencia al término anglosajón que alude “al que hace sonar el silbato”) alude a quienes denuncian irregularidades en su ámbito laboral. El objetivo de la norma europea es impulsar iniciativas de denuncia como las de Edward Snowden, el consultor que reveló el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso Gürtel con sus informaciones. El informante será protegido en todo momento, para evitar que, como a menudo ocurre en estos casos, tenga que abandonar su vida anterior o perder el trabajo.

Las empresas privadas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a disponer de canales de denuncia interna para facilitar que las acusaciones lleguen a buen recaudo y sean investigadas, algo que en buena medida ya necesitaban tener desde la reforma del Código Penal de 2010. Pero en el sector público la introducción de la directiva europea puede suponer una verdadera revolución. Sus organismos estarán obligados a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias, aunque queda por ver si se aplicará a todos: el texto comunitario deja que cada estado miembro pueda decidir si instaurar estas vías de denuncia en toda la administración independientemente del número de sus empleados (desde ayuntamientos pequeños hasta ministerios) o si limitarla a las instituciones más grandes (habla por ejemplo de eximir los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores). También podrá decidir si gestionar internamente estos canales o si externalizar su gestión.

Tres vías para la denuncia

La directiva establece tres vías para poder canalizar las denuncias. Una es el citado canal interno. Otra es un canal externo, es decir una entidad independiente que recibe las denuncias, las investiga y decide si sancionar la Administración, archivar el caso o trasladarla a una fiscalía cuando haya delito. Cada Estado miembro puede elegir si crear una entidad independiente específica para este papel o utilizar para ello un órgano ya existente, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia o la propia Fiscalía.

El tercer canal es el llamado sistema de revelación pública: hacer pública la denuncia pública por otras vías, como acudir a un medio de comunicación. Se considera una opción “extrema” y en la que se garantizaría la protección del denunciante solo cuando exista un temor fundado de que tanto el canal externo como el interno no lo hagan. Es decir, cuando todo lo demás no está funcionando como debe.

Un asunto que debe decidir cada país es si las denuncias podrán ser totalmente anónimas, ya que la directiva no obliga a ello. Eso sí, impedirá que haya represalias contra el denunciante y prevé la nulidad de cualquier medida contra ese empleado; promueve apoyo psicológico y defensa jurídica del denunciante cuando lo necesite e incluye la posibilidad de darle un premio económico, incentivando así que se afloren más conductas reprochables. Este extremo, que también cada Estado puede decidir si incluye en la transposición de la norma, siempre se daría en el caso de que su acusación acabe en una resolución con sanción económica.

Según señalan desde la Whistleblowing Monitor, España no es el único estado que no llegará a tiempo con la transposición. De hecho solo en Dinamarca la directiva se ha implementado ya del todo y entrará en vigor este viernes. Hay leyes que van en la misma línea en Croacia, Lituania, Letonia o Eslovaquia y otros países europeos como Bélgicas, Irlanda, Suecia o Países Bajos se prevé que transpongan la norma comunitaria próximamente.