Bruselas lleva a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por no implementar a tiempo la ley que protege a denunciantes de corrupción

Bruselas ha dado un toque de atención definitivo, y duro, a España, por el retraso que lleva en la trasposición de la directiva para la protección de denunciantes de corrupción, una ley clave para que potenciales informantes se sientan seguros a la hora de destapar irregularidades o violaciones de la ley en su puesto de trabajo o incluso por parte de gobiernos. Según ha anunciado este miércoles la Comisión Europea, ha decidido denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a España y a otros siete países para que sean multados por el retraso en trasladar a su derecho nacional una legislación europea que entró en vigor en diciembre de 2019. Los Veintisiete tenían como plazo máximo para adaptarla a sus legislaciones hasta el 17 de diciembre de 2021.

Además de España, que está en la fase final de aprobación de la ley pero ya ampliamente fuera del plazo fijado por Bruselas, los países denunciados son Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia. A todos ellos el Ejecutivo europeo les reprocha “no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposición a su ordenamiento jurídico de la directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.

La denominada directiva whistleblower (informante, en inglés) es un tema especialmente sensible estos días en Bruselas, en una capital que sigue sin recuperarse del escándalo de presunta corrupción en el Parlamento Europeo de países como Qatar o Marruecos, el denominado Qatargate, que estalló en diciembre pasado y que muchos expertos consideran que habría podido evitarse si las instituciones europeas se aplicaran bien a sí mismas esta directiva de protección de los denunciantes.

El Congreso de los Diputados aprobó a finales de diciembre de 2022 el proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción, la norma que debe implementar esa directiva europea, pero, tras su paso por el Senado, aún está pendiente de su aprobación definitiva y publicación en el BOE para entrar en vigor.

La directiva europea obliga a las grandes empresas y administraciones públicas a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias de trabajadores, pero deja en manos de cada país decisiones como si las denuncias solo se podrán presentar por esos canales o si existen también vías externas, opción por la que aboga España en su proyecto de ley.

Fuentes comunitarias señalan que, en principio, la Comisión puede retirar una denuncia presentada ante el TJUE si el país señalado acaba cumpliendo lo requerido antes de que los jueces de Luxemburgo empiecen a analizar el expediente. Lo importante, subrayan las fuentes, es que la implementación de la directiva se haga de una vez por todas. De hecho, España no es el único país de la UE en arrastrar los pies con este asunto: hace justo un año, cuando ya había expirado el plazo para trasponer esta directiva, la Comisión expedientó a un total de 24 países —de los 27 Estados miembros— por no haberlo hecho a tiempo, entre ellos a España. Desde entonces, la mayoría ha acelerado el paso, aunque algunos siguen sin rematar el procedimiento, de ahí que Bruselas haya decidido dar este paso final en la escala de las advertencias, que más que un aviso serio puede acabar ahora con una multa dictada por Luxemburgo.