El principio de precaución no es un principio

En situaciones de emergencia sanitaria, y también ante los avances científicos y tecnológicos, siempre aparece el llamado principio de precaución. Dice que, mientras las evidencias no sean conclusivas, lo mejor es prohibir que esas novedades lleguen a la práctica. Los filósofos y los ingenieros llevan siglos discutiendo el asunto, pero el principio de precaución propiamente dicho tiene una historia mucho más corta. Los ingleses adoptaron esa terminología en los años setenta, importada del alemán vorsorgeprinzip, para referirse a la deforestación y la contaminación de las aguas. Supongo que en la época no había datos a prueba de bombas de que esas prácticas fueran dañinas, y la única forma de frenarlas era utilizar el principio de precaución. Nihil obstat.

El problema es que el principio de precaución no es un principio. En el caso de los bosques y las aguas está muy bien, pero en otros casos conduce al jardín de los senderos que se bifurcan, y tenemos ante los ojos un caso deslumbrante. Aun si se hubiera confirmado que la vacuna de AstraZeneca fuera la causa de las trombosis que se han detectado, prohibirla significaría tomar una medida para proteger al 0,0002% de la población a costa de dejar expuestos al coronavirus al 70% de los ciudadanos que podrían haber recibido la vacuna y no han podido por la prohibición. ¿Es esa una decisión justa y racional? No lo parece, ciertamente. El principio de precaución puede matar gente. ¿Qué clase de principio es ese entonces?

Aun si se hubiera confirmado que la vacuna de AstraZeneca fuera la causa de las trombosis que se han detectado, prohibirla significaría tomar una medida para proteger al 0,0002% de la población a costa de dejar expuestos al coronavirus al 70% de los ciudadanos que podrían haber recibido la vacuna

El efecto dominó que ha propagado por Europa una onda de irracionalidad, con el consiguiente retraso en la campaña de vacunación, se ha basado en ese principio de precaución que no es un principio. Los gobiernos han tomado esas medidas en contra del consejo de sus asesores científicos, de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que ellos mismos financian y en ausencia de argumentos inteligibles. España todavía mantiene dudas, pero lo mejor que puede hacer, como el resto de Europa, es adoptar los criterios de la EMA, es decir, los de la mejor ciencia disponible. Vacunar a toda la gente posible es un bien muy superior al de evitar dos trombosis por millón de vacunados, sobre todo cuando ni siquiera se ha podido demostrar ―ni descartar— que esos casos tengan relación con la vacuna. Las trombosis son más comunes que eso, te vacunes o no.

¿Qué deben hacer los reguladores ante esto? Justo lo que les propone la EMA, que es seguir investigando sobre la posible relación de la vacuna con las rarísimas trombosis. De haberla, sería deseable identificar los factores de riesgo que contribuyen a ello, lo que permitiría desviar a un pequeño número de pacientes a una vacuna distinta. Lo que no tiene sentido es detener la vacunación con AstraZeneca hasta que tengamos constancia de una seguridad al 100%. Primero, porque eso no existe, y segundo porque la medida provocaría muchos más daños que beneficios. Los médicos están entrenados para evaluar ese equilibrio. Los políticos deberían estarlo.

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