Tribuna
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Es tiempo de pensar más allá de las vacunas (y no queda mucho)

Conforme aumente la vacunación, se incrementará también la presión social hacia una vuelta a la vieja normalidad

Planta de Sanofi en Fráncfort (Alemania) donde se fabricará su vacuna contra la covid.
Planta de Sanofi en Fráncfort (Alemania) donde se fabricará su vacuna contra la covid.Efe

Finales de octubre de 2021. El Gobierno está satisfecho. La campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 ha sido un éxito. Más del 80% de los españoles adultos ha aceptado vacunarse. Con un porcentaje de eficiencia de la vacuna del 90%, y teniendo presente que más de un 10% de la población ya había pasado la enfermedad, resulta que un 60% del total de los españoles, tres de cada cuatro adultos, está inmunizado frente a la covid. Es cierto que no hemos alcanzado la inmunidad de grupo, pero esto no resulta sorprendente. Cualquiera podía saber que ese objetivo nunca fue fácil, sobre todo en un país que recibe millones de turistas al año.

Lo que realmente inquieta ahora al Gobierno es la aparición de un escenario de fuerte conflictividad social que no había previsto de antemano. Conforme ha ido aumentando la vacunación, se ha ido incrementando también la presión social hacia una vuelta a la vieja normalidad: cada vez son más los que se niegan a respetar la reducción de aforos, guardar distancias o adoptar medidas de protección individual apelando a su estado de inmunidad. Cuando se les afea su comportamiento, se limitan a culpabilizar a quienes no son inmunes por negarse a la vacunación, persistiendo en sus actitudes.

Otoño de 2021. Buena parte de la ciudadanía no quiere asimilar las razones de quienes se niegan a vacunarse y los poderes económicos claman por una reapertura general que permita al país cobrar oxígeno después de un año y medio de terribles sacrificios

Es obvio que su razonamiento no es justo. Para empezar, vacunarse sigue sin ser obligatorio, por lo que quienes no desean hacerlo están, en realidad, en su derecho, y los demás deberían respetarlo. Más aún, hay muchas personas que no tienen opciones: aquellos para los que la vacuna está contraindicada (los más vulnerables, de hecho) y aquellos que se la administraron, pero no obtuvieron la inmunidad. Y eso por no mencionar a los niños, claro, que permanecen fuera de juego porque no se les incluyó en los ensayos clínicos. No obstante, una buena parte de la ciudadanía no quiere asimilar estas razones y los poderes económicos claman por una reapertura general que permita al país cobrar oxígeno después de un año y medio de terribles sacrificios.

En una situación como esta, el Gobierno está barajando cuatro opciones. La primera es imponer la continuidad de las medidas restrictivas, asumiendo su coste. No parece atractiva. La segunda persigue acabar con el problema obligando a vacunarse a quienes en principio optaron por quedarse fuera. Dos taras le restan solvencia: ni va a ser fácil doblegar la voluntad de un colectivo decidido, ni es seguro que proporcione una solución definitiva al problema. La tercera alternativa, ciertamente tentadora, es permitir una vuelta progresiva a la normalidad, sugiriendo a los vulnerables que adopten medidas de protección y asumiendo que esto podría costar un cierto número de víctimas anuales, como sucede con la gripe. Esta tercera solución, no obstante, encierra graves riesgos de generar división social. Los no inmunizados –más de 15 millones de ciudadanos- seguramente denunciarán una campaña de vacunación obligatoria encubierta o, peor aún, un apartheid social frente a ellos. Hay, por fin, una última opción: introducir certificados de no infectividad en nuestra vida cotidiana, lo que permitirá combinar una reapertura general con una garantía de seguridad razonable. Uno tendrá que presentarlos cada vez que quiera acceder a un espacio que, se considera, debe quedar libre de riesgo de infección para mayor seguridad de todos. Los inmunizados podrán obtenerlos por un espacio de tiempo prolongado, mientras que los no inmunizados tendrán que someterse a pruebas periódicas de no infectividad (test de antígenos, PCR u otros) para mantener sus certificados en vigor. Quienes no pueden someterse a vacunación o no hayan conseguido inmunizarse a pesar de hacerlo podrán beneficiarse de un subsidio público amplio que les financie las pruebas. Quienes opten por no vacunarse, de una subvención menor (la diferencia de coste será el precio de su libre decisión de no adoptar un riesgo que otros sí han asumido).

El Gobierno se debate entre estas cuatro opciones y no sabe cuál elegir. Esperar hasta el último momento no ha sido la mejor decisión. Lo ideal hubiera sido plantearse esta cuestión en diciembre de 2020. En ese momento nos hallábamos en lo que John Rawls, el filósofo político más importante de los últimos cien años, llamaría la posición inicial: nadie sabía aún si pertenecía al grupo de los inmunizados o no. En esta ignorancia, seguramente habríamos llegado a un acuerdo que nos permitiera convivir de una forma razonable, esto es, maximizando la seguridad de los vulnerables sin restringir excesivamente las libertades de todos. Ahora, cuando ya todos sabemos qué somos, el debate está mucho más emponzoñado. Lástima, piensan, que no hubiéramos recordado a Rawls en diciembre.

Iñigo de Miguel Beriain es profesor del departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco e Ikerbasque Research Professor. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre bioética.

Jon Rueda Etxebarria es investigador especializado en bioética. Participa en el programa La Caixa INPhINIT de formación de investigadores en la Universidad de Granada.

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