La integración del Instituto Español de Oceanografía en el CSIC, una decisión equivocada

El 21 de julio pasado, los trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) hemos recibido una carta del Ministro de Ciencia e Innovación en la cual se anuncia que el próximo mes de septiembre desaparecerán, de un plumazo y por Real Decreto, 171 años de historia del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 106 del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y 94 del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

La resolución ministerial se me antoja todo un ejercicio de iconoclasia ibérica, muy tendente a confundir las instituciones con las personas y a tomar decisiones basadas en intereses grupales más que en un análisis riguroso, sosegado, plural y con perspectiva de futuro. En el caso del IEO, además, parece que consuma una aspiración histórica largamente esperada por algún sector del sistema de ciencia español.

Se llega al final de un proceso de minimización institucional de estos tres Organismos Públicos de Investigación (OPI) sectoriales, que en los últimos tiempos han pasado por su degradación, en 2010, a la categoría de subdirecciones generales, seguida por un periodo de profundo abandono administrativo, agudizado y seguramente propiciado por una crisis económica que ha afectado a todos los sectores de la sociedad.

La estructura de gestión administrativa del IEO es precaria, obsoleta y absolutamente insuficiente

No me atrevo a hablar en nombre del IGME y del INIA, pero en el caso del IEO el diagnóstico de su situación era bien conocido por las sucesivas administraciones, habiéndose recogido incluso en informes de auditorías del propio ministerio de tutela. Más recientemente, la comisión creada por el secretario general de Investigación para evaluar el estado del organismo y proponer medidas de solución confirmó este diagnóstico. La estructura de gestión administrativa del IEO es precaria, organizativamente obsoleta y absolutamente insuficiente para responder al importante crecimiento de los requerimientos a la institución en los últimos años y a la creciente complejidad de la burocracia administrativa. Ello, acompañado por una desincentivación general del personal investigador, desilusionado por una carrera científica que no termina de hacerse efectiva y por una carrera tecnológica que aún no ha empezado a desarrollarse.

El 8 de junio, coincidiendo con el día mundial de los océanos, Carlos Duarte y Uxio Labarta, dos significados investigadores marinos ligados al CSIC, publicaron un oportuno artículo periodístico en el que enumeraban los retos y las oportunidades que ofrecía la emergente economía azul, reconociendo explícitamente el valor estratégico del IEO para la aplicación de políticas sectoriales que posibiliten un desarrollo sostenible de los sectores marino-marítimos basado en el conocimiento científico y tecnológico

El artículo señalaba, igualmente, las carencias del sistema de ciencia español para posicionar al país en una situación de liderazgo en éste y otros ámbitos de la ciencia, y reclamaba la necesidad de “desarrollar una estrategia de futuro clara, y apostar por una política y organización de la ciencia en la que, con la integración de las aportaciones de las comunidades autónomas y el sector privado, se diseñen metas que marquen un rumbo del que ahora carecemos”.

A esta sensata reclamación se están adhiriendo, en las últimas semanas, organizaciones empresariales y de trabajadores, así como administraciones relacionadas con el sector marino y marítimo, preocupadas por el futuro particular del IEO y conscientes de la necesidad creciente de una ciencia orientada, de proximidad y de respuesta rápida, que posibilite alcanzar el objetivo de una actividad económica basada en los tres pilares de la sostenibilidad: la social, la económica y la ambiental.

El objetivo 14 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas reconoce la necesidad de conservar y utilizar, de forma sostenible, los océanos, los mares y los recursos marinos. La Unesco ha declarado el periodo 2020–2030 como la década de los océanos para incentivar la investigación y la tecnología que mejoren el aún muy precario conocimiento científico sobre el océano. Se han puesto en marcha, o están en discusión, importantes convenios y tratados internacionales que van a decidir sobre la propiedad y la gestión de los recursos marinos de alta mar y en cuyas deliberaciones está resultando fundamental la aportación del conocimiento científico.

Los países ribereños, incluida España, están solicitando a Naciones Unidas el reconocimiento de la extensión de sus aguas jurisdiccionales, argumentando científicamente sus reclamaciones. La Unión Europea ha desarrollado su propia estrategia de crecimiento azul, también basada en el conocimiento científico y en Horizonte Europa, su nuevo programa marco de investigación, una de las cinco Misiones está exclusivamente dedicada al océano y al agua. Simultáneamente, está exigiendo una mayor implicación de la ciencia en la aplicación de su Política Pesquera Común y de sus políticas ambientales marinas (Directiva Marco de Estrategias Marinas, Directiva para la Ordenación del Espacio Marítimo, Directiva Hábitats, Directiva Aves, Directiva Marco del Agua). Sin olvidar la función de peritaje solicitada a la ciencia en la articulación de toda esta maraña de normas, con cierta frecuencia incompatibles o contradictorias.

La solución adoptada para resolver los problemas del IEO no es en absoluto innovadora, ni imaginativa, ni la que se necesita

Sólo por citar a los más próximos, países como Portugal, Francia o Marruecos llevan años posicionándose en este universo de retos, compromisos internacionales y oportunidades que ofrece la economía azul. Portugal y Francia han creado ministerios del Mar, los tres han elaborado estrategias nacionales marino-marítimas y siendo conscientes del protagonismo que debe tener la ciencia, están reforzando sus organismos tecnológicos y de investigación marina, facilitando alianzas, dotándolos de una mayor autonomía y de más y mejores medios, no necesariamente económicos, para el cumplimiento de su función.

Contrariamente, en España se ha suspendido la iniciativa destinada a elaborar la Estrategia Española de I+D+i en Economía Azul y se ha decidido minimizar, aún más, el papel fundamental que ha venido jugando el IEO, una institución con enorme proyección de futuro y que ha demostrado su utilidad y eficacia durante más de un siglo, subsumiéndola en una megaestructura como el CSIC, donde inevitablemente y por mucha buena voluntad y empeño que se ponga, va a terminar perdiendo autonomía, capacidad de interlocución directa, capacidad de respuesta inmediata, independencia económica y, lo que es más grave, su cultura e identidad, construidas a base del trabajo y de la experiencia acumuladas por sucesivas generaciones de investigadores, técnicos, administrativos y gestores.

Me parece que la solución adoptada para resolver los problemas del IEO no es en absoluto innovadora, ni imaginativa, ni la que se necesita. Si acaso, sólo contribuirá a satisfacer algunas aspiraciones, por supuesto legítimas, de un colectivo de investigadores que actúa amparado por la mansa resignación del silencio de los corderos.

Pienso que se está perdiendo una oportunidad única para comenzar a hacer una reforma integral del sistema de ciencia español y sorprende que ministerios que pueden ser muy directamente afectados, como el de Agricultura, Pesca y Alimentación o el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al menos en apariencia, acepten prescindir de instrumentos fundamentales para la aplicación de sus políticas sectoriales y para afrontar los grandes retos a los que tendrán que enfrentarse en un futuro que ya ha comenzado.

Con el debido respeto, no creo que este tenga que ser el final, ni el más apropiado, ni el más digno, ni el mejor para el país, de unas instituciones centenarias que han demostrado sobradamente su valía y su vigencia creciente.

Eduardo Balguerías es investigador del IEO y exdirector del mismo.