La ciencia española no ha funcionado bien

Agatha Christie se quejaba de que sus lectores la envidiaban por la naturaleza de su trabajo. Pensaban que ella se sentaba a escribir un par de horas al día, sacaba un superventas y volvía a cuidar el jardín de su casa. “¡Eso no es así en absoluto!”, recuerdo que protestaba la autora. Diseñar todas aquellas tramas enrevesadas, donde el asesino podía acabar siendo el mismísimo narrador, era una obsesión que no le abandonaba ni al fregar los platos. Una tortura perpetua. Como dijo o debió decir Samuel Johnson, lo que se escribe sin dolor se lee sin placer. Tampoco los juntaletras obtenemos el menor placer por publicar columnas. De lo que yo quisiera escribir hoy es de la estupidez infinita de esas comunidades de vecinos que se sienten acreditados para expulsar al del 2º B por ser un enfermero o una cajera. Ahí es donde brilla un columnista. Pero la abyección es un blanco fácil, y yo puedo hacer un mejor servicio apuntando contra dianas mucho más sofisticadas y menos evidentes. La ciencia española, por ejemplo.

“La información no ha fluido bien entre los científicos y las autoridades. No ha fluido, para ser más exactos”

El martes nos ocupamos del papel deficiente que habían representado los asesores científicos del primer ministro británico, Boris Johnson, y hoy nos toca extender esa crítica a sus homólogos españoles. La comunidad científica está cada vez más cabreada, y ha percibido “cierta tensión entre la información aportada e interpretada por los científicos expertos y las decisiones políticas tomadas a continuación por las autoridades”. Esa falta de sintonía ha perjudicado “la idoneidad de las medidas adoptadas, al no estar suficientemente sustentadas en las evidencias disponibles”. Está expresado con mucha elegancia, pero lleva una bomba atómica escondida bajo el chaleco antibalas.

Hablo de la “comunidad científica”, así a lo grande, porque ese dictamen viene suscrito por toda la plana mayor de la investigación en este país: la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), la conferencia de rectores universitarios (CRUE) y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa). Salvo los asesores del Gobierno, ahí está representada toda la ciencia en este humilde rincón del cosmos.

La información no ha fluido bien entre los científicos y las autoridades. No ha fluido, para ser más exactos. El desarrollo de sistemas diagnósticos, fármacos y vacunas contra el coronavirus requiere, como parece obvio, una acción coordinada de todos nuestros recursos científicos y tecnológicos. Tampoco la ha habido. Las instituciones científicas del país podrían estar aportando una maquinaria poderosa para contener la pandemia, pero no tienen los recursos para hacerlo. Por más empatía que nos suscite Fernando Simón, el sistema de comunicación científica del Gobierno es deficiente, inadecuado y falto de transparencia. Lo estamos haciendo fatal, y es probable que esa sea la causa de que España exhiba la mayor tasa de mortalidad por 100.000 habitantes del mundo. ¿Queremos una mejor ciencia? Paguemos más impuestos.

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