Un paso hacia delante y dos para atrás

Corría septiembre de 2000 y el Palacio de los Congresos de Praga se encontraba literalmente sitiado por miles de manifestantes antiglobalización en una de las protestas más virulentas en contra del “capitalismo financiero” que se tenga memoria. Los representantes gubernamentales y de la banca global presentes en aquella Cumbre Anual del FMI y el Banco Mundial debieron extremar las medidas de seguridad y cerrar sus jornadas de trabajo abandonando el moderno edificio de congresos escoltados, en medio de violentos disturbios que dejaron cientos de heridos, decenas de autos quemados y una ciudad seriamente trastornada por las manifestaciones.

En ese ambiente y a miles de kilómetros de distancia Nicolás Eyzaguirre, el entonces flamante ministro de Hacienda del gobierno concertacionista encabezado por Ricardo Lagos, explicó a la prensa chilena presente los alcances de un anuncio de política (en este caso fiscal) que tendría un significativo impacto macro para el país. Incubada por un equipo que también integraban Mario Marcel y Rodrigo Valdés, el secretario de Estado explicó la arquitectura que tendría el compromiso fiscal de esa administración: la regla del Balance Estructural.

Tanto por su naturaleza, y mecánica como por la ambición trazada (alcanzar un superávit estructural anual del 1%), la definición gubernamental no sólo representaba un cambio de paradigma de profundos alcances macro y políticos, sino que ensambló en el tejido institucional como un ancla adicional para las expectativas de los agentes económicos, al igual que lo es la política de metas de inflación en manos de un Banco Central autónomo.

Sus impactos positivos fueron profundos y se hicieron sentir a muy corto plazo. Menor dependencia de financiamiento externo, credibilidad internacional y menor percepción de riesgo país, potencial contracíclico y capacidad de generar reservas para los años de vacas flacas, entre otros. Una dinámica virtuosa a la que, en 2006 y bajo la batuta de Andrés Velasco, Hacienda sumaría a la fortaleza fiscal la creación de dos fondos soberanos (de Estabilización Económica y Social, FEES, y de Reserva de Pensiones) como parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Un cuarto de siglo después y en momentos en que la antiglobalización no se expresa en las calles, sino que en el discurso y las medidas proteccionistas de las principales economías mundiales, la situación fiscal del país también luce distinta y no se condice con lo que la solidez de dichos diseños institucionales pronosticaba y efectivamente produjo por unos años… Y no lo hace desde hace ya demasiado tiempo.

Así lo puso nuevamente sobre el tapete el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su cuenta anual 2023 de hace unos días, cuando llamó la atención de las autoridades sobre la importancia de dar cumplimiento “riguroso” a las metas de balance estructural, las que deben tener como norte un balance de 0% del PIB desde 2027; exhortó a “reconstruir” el FEES para contar con colchones fiscales ante futuras crisis; e instó a hacerse cargo de la situación de “estrés” fiscal, resultado del aumento de la deuda pública iniciado a partir de la crisis de 2008, que se vio fuertemente acentuado durante la pandemia del Covid-19 y que según las proyecciones oficiales no cedería hasta 2028. Eso, entre otras recomendaciones que hizo el Consejo en materias metodológicas e institucionales que permitan asegurar sostenibilidad a partir de fuentes permanentes de ingresos.

Un somero repaso de cifras permite hacerse una idea del (mal) estado actual de cosas: Chile suma demasiados años sucesivos de déficits estructurales generados en gobiernos de distinto signo; debe destinar millonarios montos al pago de intereses anuales por concepto de deuda pública (cosa que costará revertir si no se da un cambio más profundo en la percepción de riesgo país, que pasó de estable a negativa en el informe de Standard & Poor’s conocido en octubre de 2023); una deuda que cerró 2023 en US$ 125.000 millones de dólares o un 39,4% del PIB, cuando hace una década totalizaba US$ 33.500 millones y era un 12,7% del PIB y que en 2005 enteraba US$ 7.000 millones y 3,9% del Producto, en una de las mejores “fotos” en materia fiscal. En cuanto a los fondos soberanos, habría que añadir que la imagen no luce mejor y que el llamado a “reconstruir” el FESS no es una exageración, habida cuenta de que a valores de mercado de marzo este fondo suma US$ 5.400 millones, cuando a 2018 totalizaba más de US$ 14.000 millones.

En una dinámica donde los giros pueden ser de signo positivo o negativo (por ejemplo, en materia de precio de commodities), la perspectiva que da mirar en el largo plazo el progreso institucional del país y poner en contexto la cambiante y hasta ahora declinante performance fiscal, resalta la urgencia del llamado que han hecho el CFA y expertos de todos los colores. Más allá de los cambios en el margen que puedan lucir positivos en una perspectiva de dos o tres años (o menos malos que lo que se esperaba), la pregunta aun sin respuesta es si en esta desafiante dimensión macroeconómica se darán las condiciones para producir un cambio sustantivo, o será una más de las áreas, como en pensiones y más recientemente en la agenda laboral, entre otras, donde se seguirá en tablas o dando un paso hacia delante y dos para atrás.

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