Exteriores retira la inmunidad al embajador en España del régimen afgano acusado de agresión sexual

“Esta persona no representa a ninguna delegación oficial, no está acreditada en España y no goza de inmunidad diplomática en nuestro país”. Con estas palabras ha respondido este martes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores a la pregunta de EL PAÍS sobre el estatuto del que goza Mohamad Rahim Peerzada, jefe de la Embajada de Afganistán en España. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó el pasado 9 de septiembre la denuncia por abusos sexuales presentada contra Peerzada por una joven afgana con el argumento de que, al formar parte del cuerpo diplomático, los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre él.

No es la única mujer que señala a este diplomático afgano como autor de abusos sexuales. Y también se le acusa de desviar a cuentas particulares parte de los ingresos que cobra la Embajada por cumplimentar trámites burocráticos. Sin embargo, su estatuto le ha permitido sustraerse hasta ahora a cualquier investigación; a pesar de que, desde agosto de 2021, el Gobierno que le nombró, el prooccidental de Ashraf Ghani, ya no existe. Y España no mantiene relaciones con el régimen talibán que desde entonces ocupa el poder en Kabul.

El pasado 31 de enero, representantes de las asociaciones de refugiados afganos en España se reunieron con un alto cargo del Ministerio de Exteriores para pedirle que se le retirase la inmunidad diplomática y se investigasen las denuncias por corrupción y abusos sexuales que pesan sobre él. La primera de esas demandas se ha cumplido finalmente este martes, cuando el departamento que dirige José Manuel Albares le ha retirado la protección de la que hasta ahora gozaba.

Cinco meses antes, el 24 de agosto del año pasado, la ciudadana afgana Anis (nombre ficticio) remitió un correo electrónico a la Unidad de Coordinación Informática de la Fiscalía General del Estado en el que narraba “una agresión sexual con sumisión química ocurrida en Madrid y cometida por una persona que identifica con el nombre de D. Rahim Peerzada y de la que afirma ser el jefe de la Embajada de Afganistán en España”, según el decreto de la Fiscalía.

El diario alemán Die Welt consiguió hablar con Anis, que ahora reside cerca de Colonia. Ella explicó que el 8 de marzo de 2022, cuando llevaba solo un mes en España, a donde había huido de los talibanes con su familia, acudió a la recepción de la Embajada afgana en Madrid con motivo del Día de la Mujer. Fue allí donde entabló contacto con Peerzada, “un joven y amable diplomático” afgano que la convenció de que se encontraba en un lugar seguro. Días después, la citó con la excusa de proponerle un trabajo en la legación diplomática, según su relato. Quedaron en un bar de shisha (pipa tradicional de agua de los países musulmanes), donde él le ofreció tomar alcohol y ella pidió una Coca-Cola. Fue un momento al baño y cuando regresó bebió unos sorbos y empezó a sentirse mareada. Pensando que era efecto del tabaco, tomó el resto del refresco de un trago. Y empeoró. Cuando recobró la conciencia, asegura que estaba en la cama de una habitación de hotel con el diplomático sobre ella. Luego la llevó a la estación, donde cogió un tren para volver con su familia.

Anis no es la única mujer que acusa al diplomático afgano de abusos sexuales. Simin, nombre también ficticio de una joven afgana que llegó a España en agosto de 2021, ha contado su historia a EL PAÍS. Conoció a Peerzada en la fiesta de celebración del Nowruz, el año nuevo persa, en la ciudad donde reside. “Se acercó y me propuso que comiéramos juntos si pasaba por Madrid. A partir de ese día empezó a escribirme. La primera vez, desde el teléfono de la embajada, pero enseguida cambió a su número personal “, explica. Un día que Simin se encontraba en Madrid, Peerzada le propuso comer juntos, pero ella le respondió que ya tenía el billete de vuelta a su ciudad. El diplomático se ofreció entonces a pagarle otro si retrasaba unas horas su retorno. “En el restaurante hablamos de lo que podíamos hacer para ayudar a los afganos en España”, continúa la mujer. Después, la invitó a fumar una shisha en su casa. “No sospeché nada”, asegura la refugiada. Hasta ese momento, el tono del diplomático había sido respetuoso y profesional, por lo que aceptó.

“Fuimos a un ático de dos plantas cerca de Avenida de América”, recuerda Simin, quien desconoce si esa vivienda, ubicada en Madrid y que define como “muy lujosa”, era la residencia oficial del embajador. “Al llegar, preparamos la cachimba y seguimos hablando de Afganistán. Al cabo de un rato, se ofreció a enseñarme la casa. Subimos las escaleras y, al entrar a una habitación, me empujó de repente y me tiró sobre una cama. Yo estaba muerta de miedo, pero traté de que no me lo notara. Pensaba que iba a violarme. Logré darle un empujón y le dije que yo no había ido allí para mantener relaciones sexuales. Peerzada insistió, pero yo seguí negándome”. Tras conseguir zafarse, Simin abandonó la casa y se encontró sola y sin dinero para volver a su ciudad. Esa noche la pasó en la estación de autobuses.

Simin no denunció al diplomático, pero tampoco le hubiera servido de mucho. La denuncia de su compatriota Anis se archivó dos semanas después de que la presentara. La policía judicial comprobó que Mohamad Rahim Peerzada estaba acreditado como consejero de la Embajada de Afganistán y gozaba de inmunidad diplomática. El 9 de septiembre, la Fiscalía Provincial de Madrid cerró la investigación, con el argumento de que Afganistán “no ha renunciado mediante consentimiento expreso o tácito a la inmunidad en este caso ni constituye una excepción a la inmunidad los delitos contra la libertad sexual”. En consecuencia, “los tribunales españoles carecen de jurisdicción para la investigación del hecho denunciado”. Peerzada fue nombrado consejero en Madrid en febrero de 2021, meses antes de que se desmoronara el gobierno prooccidental del presidente Ghani, pero cuando el embajador se marchó, él se convirtió en el jefe de facto de la legación diplomática.

El pasado 31 de enero, representantes de asociaciones de refugiados afganos en España se reunieron con el director general de Protocolo, Cancillería y Órdenes en el Palacio de Santa Cruz, la sede tradicional del Ministerio de Asuntos Exteriores, para denunciar por corrupción y violaciones de los derechos humanos al jefe de la Embajada de su país en Madrid. Según uno de los asistentes, los refugiados denunciaron que Peerzada cobraba en negro y desviaba a sus cuentas personales parte del dinero que se abona por la realización de trámites burocráticos en la legación diplomática. Además, dijeron haber recibido “múltiples informes de abuso indebido hacia mujeres afganas durante las acciones administrativas con la Embajada”.

Los refugiados que acudieron a Exteriores eran todos hombres, por lo que reconocieron que solo conocían “de oídas” las noticias sobre abusos sexuales que comentaban entre sí las mujeres de la comunidad afgana en España, pero el director general que les recibió admitió estar al corriente de estas denuncias, que ya estaba investigando la policía alemana. Los afganos pidieron que se abriera una investigación independiente y transparente sobre los casos de corrupción en la legación diplomática y reclamaron “garantías de seguridad para las víctimas de abusos, especialmente las mujeres, así como la creación de canales seguros y confidenciales para presentar denuncias”.

El alto cargo de Exteriores, según las mismas fuentes, advirtió de que cerrar la Embajada podría perjudicar a la colonia afgana en España, integrada por unas 4.000 personas, al dificultarles la realización de trámites como la renovación del pasaporte, el certificado de nacimiento o el de matrimonio. La respuesta de los afganos fue que el 99% de ellos son solicitantes de asilo, por lo que es el país de acogida y no el régimen talibán el que debe documentarlos.

Se da la circunstancia de que la propia sede del Ministerio de Exteriores albergó en diciembre pasado la conferencia HearUS, que reunió a más de 50 afganas en el exilio y sirvió para reivindicar el papel público de las mujeres en un país donde los talibanes les han vetado el acceso a la educación y las ha condenado a la invisibilidad, prohibiéndoles incluso cantar. El ministro José Manuel Albares anunció entonces que España, junto a otros países, había pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes contra las mujeres y las niñas cometidos desde que los talibanes llegaron al poder.

El PAÍS ha intentado recabar la versión del diplomático afgano, pero este no ha respondido a las peticiones reiteradas a través de distintos medios para hablar con él. Cuando le preguntó Die Welt, contestó: “Rechazo todas las acusaciones en mi contra. Deberían haberse presentado ante las autoridades competentes para su examen de acuerdo a la ley”.