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La Fiscalía chilena confirma el hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda: estaba enterrado bajo cemento

El exteniente primero fue secuestrado desde su departamento en Santiago hace 10 días. El fiscal habla de “una operación compleja vinculada al crimen organizado”

El fiscal chileno Héctor Barros y Ronald Leandro Ojeda Moreno, exmilitar venezolano secuestrado.
El fiscal chileno Héctor Barros y Ronald Leandro Ojeda Moreno, exmilitar venezolano secuestrado.Fiscalía de Chile

El fiscal chileno Héctor Barros ha informado la noche de este viernes que el cuerpo que había sido hallado por la tarde en una barriada informal del municipio de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile, corresponde al de Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, un exmilitar venezolano –opositor al Gobierno de Nicolás Maduro– que fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero, hace 10 días. Lo hicieron cuatro sujetos, con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), de su departamento de la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. “La data de muerte aproximada señala que es entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, ha dicho Barros sobre un hecho que se ha instalado en la primera línea de las preocupaciones tanto del Gobierno, de la clase política, de los fiscales y de las policías.

El secuestro de Ojeda, que estaba en Chile desde 2018 y tenía la calidad de refugiado, ha provocado impacto en Chile, porque se produce en medio de una inédita crisis de seguridad. Es un país en el que este tipo de delitos comenzaron a aumentar a partir de 2022 por la irrupción de una nueva criminalidad ligada, principalmente, a bandas transacionales y al crimen organizado. Sin embargo, el caso del exteniente venezolano ha sido distinto a los secuestros que han ocurrido en este período, del tipo extorsivo, porque sus captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia. Por ello, el móvil del crimen es una incógnita hasta ahora.

Poco antes de confirmar la identificación de Ojeda, el fiscal Barros había catalogado los hechos como “una operación compleja vinculada al crimen organizado” y, al mismo tiempo, informó la detención de un ciudadano venezolano de 17 años “que se encuentra de manera irregular en el país”. Dijo que existen nuevas órdenes de detención pendientes de ejecutar, que afectarían a otros involucrados, y que se han emprendido allanamientos en diferentes zonas de la capital chilena en búsqueda de evidencias y para concretar los apresamientos. En definitiva, la fiscalía este viernes comenzó a estrechar el cerco hacia los secuestradores.

Barros, que coordina en Santiago de Chile al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, antes de confirmar el hallazgo de los restos de Ojeda se refirió al cadáver encontrado: “En horas de la tarde se logró encontrar un cuerpo sepultado, al interior de una maleta, bajo una estructura de cemento. Se está determinando quién sería la víctima de ese hecho”, dijo el investigador, sin referirse todavía a la identificación.

La forma de ocultar el cadáver bajo cemento ya había sido detectada por otro fiscal, Mario Carrera, jefe regional de Arica, en el extremo norte de Chile, cuando confirmó en junio de 2023 que dos hombres fueron sepultados de la misma manera en el sector de Cerro Chuño. Carrera imputó este doble crimen a miembros del clan Los Gallegos, un grupo considerado como brazo operativo de la organización venezolana el Tren de Aragua, que opera desde hace aproximadamente tres años en distintas regiones de Chile.

En enero pasado, el equipo de Barros encontró dos casas de torturas, en el municipio de Maipú, donde miembros del Tren de Aragua mantenían cautivos a ciudadanos colombianos. En noviembre de 2023, Barros también resolvió el secuestro, ocurrido en abril, del líder de una banda de motochorros venezolanos, cautivo por cuatro días, que robaba teléfonos móviles en la zona oriente de Santiago, la más acomodada de la ciudad. Por su liberación se pagaron 120.000 dólares que fueron entregados, según estableció el Ministerio Público, en Venezuela. Todavía se investiga la forma en que se concretó el pago.

El registro de las cámaras de seguridad

La denuncia del secuestro en Chile del venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno fue reportada por su familia primero a Carabineros y luego a la PDI. Ocurrió a las 3.15 de la madrugada del miércoles 21 de febrero, en un edificio en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago. De acuerdo con el vídeo de las cámaras de seguridad, los tres sujetos vestidos como policías chilenos, con supuestos chalecos antibalas, cascos oscuros y los rostros tapados, llegaron hasta su departamento en el piso 14 y se lo llevaron. Un cuarto se quedó con el conserje. Ojeda iba descalzo, maniatado y solo con su ropa interior. En el estacionamiento se ve un automóvil color gris con una baliza color azul.

En paralelo a las primeras indagatorias, el excomisario venezolano Iván Simonovis, hoy opositor al Gobierno de Venezuela, a través de su cuenta de la red social X publicó el nombre de Ojeda, a quien identificó como un teniente. Fue quien apuntó a una operación orquestada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. En su mensaje adjuntó un vídeo, supuestamente del momento en que exmilitar es sacado desde su departamento.

Fue recién a las ocho de la tarde del miércoles 21 que el Gobierno chileno confirmó el hecho. Lo hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en todo momento se refirió a Ojeda como un “ciudadano venezolano”, sin mencionar su calidad de exmilitar ni tampoco su nombre. “Efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo es de conocimiento público, en la comuna de Independencia”. También enfatizó que la Fiscalía declaró la investigación como secreta. “Acá lo que importa es el resguardo de la integridad de la eventual víctima y de su familia”, dijo Monsalve, que ese día no descartó ninguna hipótesis de investigación.

Hace 10 días, el secuestro de Ojeda se instaló como una prioridad del Estado y ha involucrado a las principales autoridades de Gobierno, encabezadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá; Monsalve, y el ministro de Justicia Luis Cordero, quienes han sostenido al menos dos reuniones con la Fiscalía y los jefes policiales en La Moneda desde el 21 de febrero, el día en que el ciudadano venezolano fue sacado de su departamento.

La Fiscalía de Chile informó que la audiencia del control de detención del ciudadano venezolano de 17 años será este sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia y que existen otras dos órdenes de detención vigentes.

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