Las claves de la investigación sobre el presunto secuestro del exmilitar venezolano en Chile

La denuncia del secuestro en Chile del venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, fue reportada por su familia primero a Carabineros y luego a la Policía de Investigaciones (PDI). Ocurrió a las 3.15 de la madrugada del miércoles, en un edificio en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago. De acuerdo con el vídeo de las cámaras de seguridad, tres sujetos con uniformes de la PDI, con supuestos chalecos antibalas, cascos oscuros y los rostros tapados, llegaron hasta su departamento en el piso 14 y se lo llevaron. Un cuarto se quedó con el conserje. Ojeda iba descalzo y solo con su ropa interior. En el estacionamiento se ve un automóvil color gris con una baliza color azul.

El miércoles, poco después de las once de la mañana, la prensa informaba de un operativo de la PDI en una autopista en el municipio de Renca, sobre un automóvil gris que había sido abandonado alrededor a las cinco de la madrugada. Dentro del coche se encontró vestimenta de la policía, por lo que se lo vinculó a la denuncia del secuestro. Hasta esa hora no se había identificado a la presunta víctima.

El nombre de Ojeda se hizo público poco después de las tres de la tarde, cuando los medios chilenos dieron cuenta del presunto secuestro, investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la capital, una unidad que fue creada en noviembre del 2023 debido al alza inédita de este tipo de delitos en Chile y que coordina el fiscal Héctor Barros.

Una hipótesis lanzada por redes sociales

En paralelo a las indagatorias, a las 12.30 del miércoles el excomisario venezolano Iván Simonovis, hoy opositor al Gobierno de Venezuela, a través de su cuenta de la red social X publicó el nombre de Ojeda, a quien identificó como un teniente. Fue quien apuntó a una operación orquestada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. En su posteo adjuntó un vídeo, supuestamente del momento en que exmilitar es sacado desde su departamento.

Fue recién a las 20.00 horas del miércoles que el Gobierno chileno confirmó el hecho. Lo hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en todo momento se refirió a Ojeda como un “ciudadano venezolano”, sin mencionar su calidad de exmilitar. “Efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo es de conocimiento público, en la comuna de Independencia”. También enfatizó que la Fiscalía declaró la investigación como secreta. “Acá lo que importa es el resguardo de la integridad de la eventual víctima y de su familia”, dijo.

Y agregó: “Como se han levantado muchas hipótesis, el Gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles”, sin mencionar cuáles eran. La de Monsalve fue una declaración con cautela, que ofreció desde La Moneda tras sostener una reunión con los ministros del Interior y de Justicia, Carolina Tohá y Luis Cordero, y el canciller Alberto Van Klaveren. También informó que se pidió una alerta internacional a Interpol y que se reforzaron las fronteras del país.

Hasta el miércoles el Gobierno chileno no se había contactado con las autoridades venezolanas, algo que sí ocurrió el jueves.

El perfil de Ojeda

Ronald Leandro Ojeda Moreno se instaló en Chile en 2017. En sus redes sociales ha sido un activo opositor al gobierno venezolano. La Administración de Gabriel Boric no ha confirmado si tenía o no la calidad de refugiado político, pese a que se ha difundido que sí la posee desde fines de diciembre de 2023. Monsalve ha dicho que por ley es una situación que no se puede revelar.

Ojeda, exteniente primero y con entrenamiento como comando, es uno de los 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que fueron expulsados y degradados el pasado 24 de enero. El ministerio de Defensa de Venezuela publicó un listado en el que figuraba su nombre. Entonces se explicó que los militares estaban implicados en acciones “criminales y terroristas” contra el presidente, Nicolás Maduro, y que enfrentaban cargos por “traición a la patria”.

Un secuestro inusual

Los secuestros en Chile, de tipo extorsivo, han ido en alza, promovidas sobre todo por bandas transnacionales. Si en la Región Metropolitana de Santiago, entre 2016 y 2020 hubo entre seis a ocho casos por año, en 2021 llegaron a 26. El salto fue en 2022, cuando se registraron 46 casos. A noviembre de 2023 sumaban 45, según información de la PDI.

Uno de esos casos, aunque fue en Rancagua, ciudad ubicada a unos 85 kilómetros de Santiago, fue el secuestro a plena luz de día del empresario metalúrgico chileno Rudy Basualdo, de 50 años, liberado el 10 de noviembre luego de 40 horas y tras el pago millonario. Fueron detenidas siete personas, la última el martes. El fiscal de Rancagua, Javier Von Bischoffshausen, apuntó contra Los Piratas del Tren de Aragua, una organización criminal que “se encuentra parte en el extranjero, específicamente en Venezuela”.

El 13 de febrero hubo otro caso. La policía detuvo a dos sospechosos involucrados en el secuestro extorsivo en Renca de dos venezolanos, quienes estuvieron 30 horas cautivos. Los captores solicitaron 50.000 dólares (cerca de 50 millones de pesos chilenos), enviando mensajes a parientes que se encontraban al tanto en Chile como en Venezuela.

El caso de Ojeda Moreno ha sido, hasta ahora, diferente, lo que explica que el Gobierno y la Fiscalía se hayan alineado al señalar que no descartan ninguna hipótesis. Pero, en privado, las autoridades barajan al menos cuatro. Una de ellas es la posible intervención internacional, pero a la misma altura que un eventual secuestro extorsivo, un secuestro ligado a alguna banda o hasta un autosecuestro.

A diferencia de otros casos de secuestros, a casi 48 horas de la denuncia no se ha pedido rescate. Hay, sin embargo, situaciones en que estas solicitudes han ocurrido varios días después. También se apunta al lugar, un piso 14, y el horario en que se produjo (de madrugada) y no en la vía pública, pues en la mayoría de las situaciones las víctimas son subidas a la fuerza a un vehículo. Es, además, la primera vez, desde el alza de estos delitos, en que los captores van de policías.

Comienzan gestiones diplomáticas

El jueves, poco después de las 14.00, el Ejecutivo chileno se refirió por segunda vez al caso de Ojeda. Lo hizo otra vez el subsecretario Monsalve. El Gobierno, dijo, presentó una querella y será parte de la causa. Con cautela, volvió a referirse al secuestro de “un ciudadano venezolano”. E insistió que, “en delitos graves, el Gobierno está abierto a todas las hipótesis”.

Monsalve también informó que por la mañana sostuvo una reunión por videconferencia con Gabriel Boric, quien está de vacaciones, y los ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Justicia. “Obviamente, el presidente considera que esto es prioritario”, dijo. Poco antes, hubo otro encuentro con el fiscal nacional, Ángel Valencia y el fiscal Héctor Barros, quien coordina el equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios.

El Gobierno dio un paso más, pues confirmó que hay gestiones diplomáticas con autoridades venezolanas a través del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Y que las policías también han tomado contacto con sus pares. “Nuestro embajador ya está haciendo las gestiones para poder tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana y tenemos contacto en todos los niveles: Gobierno, policias y a través de las fiscalías correspondientes”, dijo la ministra portavoz Camila Vallejo.

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