Cristóbal Jimeno, el abogado que busca justicia por la muerte de su padre, asesor de Salvador Allende

A las seis de la mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el sociólogo Claudio Jimeno (33), asesor directo del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), y miembro del equipo directivo del Centro de Estudios Nacionales de Opinión Pública (CENOP), recibió un llamado telefónico a su casa en Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago. Vivía junto a su esposa, Isabel Chadwick (30), entonces profesora e investigadora del Departamento de Química de la Universidad de Chile y sus dos hijos, Cristóbal, de dos años y medio, y Diego, de poco más de un año. “Me voy, me están llamando de La Moneda”, le dijo a su cuñado Tomás Chadwick, quien pasaba una temporada en la casa de su hermana.

Fue la última vez que su familia lo vio.

Claudio Jimeno, socialista, fue parte del grupo de asesores de Allende que se mantuvo a su lado durante el golpe de Estado de 1973, del que el 11 de septiembre Chile conmemora sus 50 años, mientras ocurría el bombardeo del palacio presidencial que dio origen a una dictadura de 17 años de Augusto Pinochet (1973-1990). El mandatario socialista, poco antes de suicidarse, se despidió de cada uno. Luego salieron a la calle con las manos detrás de la cabeza, detenidos. De ellos, 23 fueron llevados hasta el Regimiento Tacna, en Santiago, donde fueron torturados durante dos días. El jueves 13, un camión militar los trasladó hasta un recinto del Ejército en Peldehue, en Colina, en el norte de la ciudad. Fueron fusilados, lanzados a una fosa de 15 metros, y sus cuerpos dinamitados, cuando todavía algunos agonizaban, para que no quedara rastro de que estuvieron allí. Pero, aún así, sus restos fueron removidos en 1978 por orden de Pinochet para que no fueran encontrados.

Es una historia que hoy se resume en unas pocas líneas, pero que demoró a lo menos 30 años en ser reconstruida judicialmente y que los responsables de los fusilamientos fueran identificados.

De esos 23 detenidos, ocho permanecen como desaparecidos hasta hoy. Claudio Jimeno también lo fue, jurídicamente, por 41 años. En 2014 el Servicio Médico Legal y el magistrado Miguel Vásquez lo dieron por identificado cuando a su familia le entregaron dos pequeños restos óseos: una falange proximal de un dedo del pie y un incisivo central superior. Aquello ocurrió, sin embargo, más de una década después que, tras un meticuloso trabajo, la jueza Amanda Valdovinos encontrara esos fragmentos del sociólogo en el Fuerte Arteaga, en Peldehue.

A casi 50 años del crimen de Claudio Jimeno, es su hijo mayor, Cristóbal Jimeno, hoy un abogado de 52 años, quien ha ido a la Corte Suprema chilena, el 17 de agosto pasado, para dar el último alegato por el homicidio de su padre por el que fueron condenados en segunda instancia -en la Corte de Apelaciones- siete exmilitares en noviembre de 2021. Es la etapa final de una causa que, como la mayoría de los procesos por violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet, estuvo cerrada por más de dos décadas. “Alego en representación propia y en nombre de Diego Jimeno Chadwick, mi hermano”, dijo Jimeno ante los jueces de la sala penal.

La de su padre es la única causa de derechos humanos que ha tramitado Cristóbal Jimeno en su carrera. Abogado de la Universidad de Chile y graduado en la escuela de derecho de la Universidad de Columbia de un Master in Law y en la Kellogg Business School de la Universidad de Northwestern, en Chicago, su trabajo ha estado enfocado, siempre, en el área de litigios y arbitrajes económicos de connotación pública. Pero, en 1998, tras la detención de Pinochet en Londres por orden de la justicia española por crímenes de lesa humanidad, Jimeno concretó una promesa que se hizo desde pequeño: que buscaría justicia para su padre. Y, discretamente, se querelló en contra de Pinochet, a nombre suyo y de su hermano. “En el más estricto sigilo fue presentada ayer la querella 127 contra Augusto Pinochet. La familia de Claudio Jimeno Grendi prefirió hacerlo sin la presencia de cámaras y evitar las consultas periodísticas”, informa un artículo de la prensa de la época.

De esa querella han transcurrido 25 años, y 50 desde que su madre interpuso el primer recurso de amparo que se presentó en dictadura por el caso de su marido y el grupo de asesores de La Moneda. Era el 14 de septiembre de 1973 y fue rechazado el mismo día. En 1974, Isabel Chadwick lo intentó de nuevo, con los mismos resultados. Insistió en 1979 con otro habeas corpus y, en 1990, cuando Chile ya estaba en democracia, con una denuncia por presunta desgracia. En todos esos años el caso pasó, rápidamente, de la justicia civil a la justicia militar, que lo sobreseyó.

Hasta julio de 2022, muy pocos sabían en el entorno de Cristóbal Jimeno la historia de su padre. Eso, hasta que se publicó el libro La Búsqueda (Planeta), que escribió en coautoría con la periodista Daniela Mohor, su esposa. Es en esas páginas donde no solo ha sido reconstruida la vida del sociólogo y el retrato de su generación política de la Unidad Popular, sino también la intimidad y el dolor de la familia y el detalle del dramático devenir judicial del caso de los detenidos en La Moneda. Es un libro que ha impactado al presidente chileno Gabriel Boric, quien este año lo ha mencionado dos veces en sus discursos. La última fue el 30 de agosto, en el lanzamiento del Plan de Búsqueda de más de 1.000 desaparecidos, el principal proyecto de su Gobierno por la conmemoración de los 50 años del golpe.

A diferencia de su alegato en la Corte Suprema, en el que pese a lo emotivo del momento Jimeno se concentró en la técnica jurídica -fue la vista de un recurso de casación cuyo fallo está pendiente-, es en La Búsqueda donde como hijo, y también como abogado, habla con mayor libertad. Es un relato que refleja por todo lo que pasó su familia desde que comenzaron a buscar a Claudio Jimeno a partir la noche del 11 se septiembre de 1973, cuando no llegó a dormir a su casa.

“Desde muy chico me di cuenta de que la desaparición de mi padre en manos de agentes del Estado iba a marcar mi vida decididamente. No solo era la pérdida irrecuperable para un niño, sino que era, además, una tragedia mayor, una herida nacional que ha durado décadas y marcado a varias generaciones”, escribe Jimeno en las primeras páginas de La Búsqueda. “Esa conciencia me llevó a tomar una decisión temprana: haría todo lo que estuviera a mi alcance para encontrarlo, conocer su real destino y dar con los culpables de su muerte. Esa era mi responsabilidad hacia él, mi madre y mi hermano. Pero, al mismo tiempo, tomé otra decisión: esa historia, su historia, no definiría o determinaría mi futuro. Si quería sobrevivir, debía construir mi propio destino de forma independiente, libre y consciente”, agrega en el libro.

Ha sido una determinación que lo llevó a sentarse, hace poco más dos semanas, frente a los magistrados de la sala penal. “Después de 50 años, hemos llegado a la Corte Suprema”, les ha dicho.

Jimeno ha pedido elevar las penas a los exmilitares condenados en 2021 por la Corte de Apelaciones, que confirmó las sentencias del juez Miguel Vásquez, el quinto que tuvo el caso de su padre. Vásquez había considerado que los inculpados tenían atenuantes por su colaboración. Algo de lo que Jimeno ha discrepado.

Por el homicidio de Claudio Jimeno se encuentran condenados los militares en retiro Pedro Espinoza -quien ya cumple penas por decenas de crímenes- a 20 años; Servando Maureira y Jorge Herrera a nueve años; y Jorge Gamboa, Bernardo Soto, Eliseo Cornejo y Teobaldo Mendoza, a siete.