Manuel Antonio Garretón: “Desgraciadamente, en Chile no existe consenso en condenar el golpe de Estado de Pinochet”

El sociólogo Manuel Antonio Garretón (Santiago, 80 años) recibe a EL PAÍS en su casa del municipio de La Reina, en la zona oriente de la capital chilena. Es una mañana fría de invierno y en su vivienda en forma de tren –en una comunidad del arquitecto Fernando Castillo Velasco– ha puesto varias estufas para recibir a la periodista y a la fotógrafa. Lleno de libros, de cuadros y de fotografías, pero sobre todo de libros instalados en bibliotecas y encima de su escritorio, su despacho retrata la intensidad y prolífica vida de quien lo habita: un intelectual de izquierda de hablar intenso, muy cercano a Alain Touraine, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y autor de títulos imprescindibles para comprender al Chile de las últimas décadas –como La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, con Tomás Moulián – y que ha sido calificado por algunos como “nuestro mejor sociólogo”. Es la misma oficina desde donde graba el programa de entrevistas Tras la línea – difundido en Radio Universidad de Chile– donde semana a semana conversa con protagonistas del Chile actual.

Fue en el programa del 13 de junio, el número 148, donde habló con el escritor Patricio Fernández, asesor del presidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En medio del diálogo, conversaron sobre los mínimos comunes que se podrían establecer en la sociedad chilena, a medio siglo del quiebre democrático. “Los historiadores y politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”, dijo el escritor.

Parlamentarios de la izquierda oficialista, sobre todo del Partido Comunista (PC), junto a unas 160 organizaciones de derechos humanos, lo acusaron de disociar el golpe de Estado de las consecuencias criminales contra la población –de no condenar el golpe como crimen fundacional– y pidieron su salida de sus funciones. El propio Garretón, entre muchos otros, aclaró que no era lo que su invitado había dicho en Tras la línea. Pero se armó una polémica de tales proporciones que Fernández renunció a su cargo el miércoles, en medio de una especie de guerra intestina entre las izquierdas.

Pregunta. En definitiva, usted encendió la pradera.

Respuesta. Era una conversación y, por lo tanto, uno dice algo, luego lo cambia un poco, con discusiones... lo típico. Pero no diría que yo o el programa encendió la pradera [sonríe]: se produjo un incendio en la pradera por la reacción que hubo a parte del diálogo. La polémica partió una semana después, porque alguien subió frases estrictamente descolgadas del contexto y que tergiversan el sentido general de la conversación. Como yo, Patricio condenó absolutamente el golpe militar de 1973 y sus consecuencias –las violaciones a los derechos humanos–, porque el bombardeo a La Moneda es la primera violación a los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad.

P. Más allá de la polémica con Fernández, ¿cuál es el problema de fondo?

R. El problema es que hay un sector importante de la población que sigue reinvindicando el golpe de Estado de 1973. Es el 44% que votó por el Sí a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y –exactamente lo mismo– el 44% que votó por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021, quien dice que el golpe era necesario o se justifica. Pero la condena al golpe es un principio ético que hay que sostener.

P. ¿No existe entonces en Chile un acuerdo transversal en la condena al golpe de Estado de 1973?

R. Desgraciadamente, en Chile no existe consenso en condenar el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. Es una sociedad dividida en torno a lo único que importa para tener un país: un consenso ético sobre el derecho a la vida, los derechos humanos y el principio fundamental que rige la convivencia que es el principio democrático expresado en una Constitución. Quien viola eso –como lo decía la Constitución vigente en 1973– practica la sedición. Y los militares fueron sediciosos, además de asesinos.

P. ¿Cómo se conversa sobre este principio ético con un país que, como usted dice, sigue dividido medio siglo después?

R. Es una pregunta clave: cómo se sociabiliza este asunto de modo que haya un consenso general del país respecto a que cosas como esas nunca más debieran repetirse. No el Nunca más referido exclusivamente a las violaciones a los derechos humanos –en eso se ha avanzado bastante, al menos en el plano declarativo–, pero no se ha avanzado en aquello que permitió la violación de los derechos humanos: el golpe. En Chile debe entenderse que el país entero fue víctima y, por lo tanto, tiene que tener una solidaridad intrínseca con el sector que fue víctima efectiva.

P. ¿Entiende el disgusto de las asociaciones de víctimas?

R. Hay, sobre todo de parte del mundo de las víctimas, una visión que es absolutamente comprensible: en Chile no se ha hecho toda la justicia que corresponde, una condena oficial del país a lo que fue el crimen fundacional del bombardeo a La Moneda y hay retardo y vacíos en verdad, reparación y no repetición. Lo que no justifico, a partir de este último episodio, es la manera en cómo se ha atacado o se habla de Patricio. No es justo el ensañamiento que hubo contra él, porque no está en una posición distinta.

P. ¿En qué medida el golpe de Estado sigue presente en la sociedad chilena?

R. Desde hace 50 años, el clivaje central de la sociedad chilena es el bombardeo a La Moneda. Ahí se funda la sociedad en que vivimos.

P. ¿No será que han cambiado las generaciones y, quizá, observan con lejanía lo sucedido en 1973?

R. Yo digo que eso está presente en el ADN: atraviesa las familias, el sistema educacional, la salud y hasta la organización regional. Todos los aspectos de la sociedad chilena –a diferencia de lo que pasó con dictaduras latinoamericanas del mismo tipo– están marcados por lo que ocurrió con el bombardeo a La Moneda y sus consecuencias. Y hay un sector en Chile que nunca va a condenar el golpe porque define su ADN. Ellos o sus padres o abuelos hicieron el golpe, lo apoyaron, lo promovieron.

P. ¿Puede debatirse en Chile sobre el Gobierno de la Unidad Popular?

R. Puede haber un debate sobre el carácter del proyecto de la Unidad Popular de Allende y el esfuerzo que hizo una izquierda por implementar el socialismo con democracia y respeto a los derechos humanos. El problema es que todas las críticas que se hagan y lo que se diga al respecto, deben tomar en cuenta el escenario que enfrentó desde el primer momento ese Gobierno: el intento de derrocamiento desde Estados Unidos y desde ciertos sectores de derecha, incluso antes que asumiera. No hay nada que pase en ese período que no esté marcado por este escenario. Es la insuficiencia del libro Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, de Daniel Mansuy.

P. ¿Por qué lo dice? Es un libro que recomendó incluso el presidente Boric, que invitó a la izquierda chilena a analizar con “más detalle y no sólo desde lo mítico” el período de 1970-1973.

R. Lo que el presidente Boric está diciendo es que el análisis desde la izquierda respecto de la UP se consideren los distintos aspectos. Yo creo que ese análisis sí se ha hecho, llevamos 50 años haciendo ese análisis. Pero, repito: si se quiere analizar el Gobierno de Allende, o a Allende mismo, no se puede sin considerar el conflicto, es decir, que desde el primer momento se le trata de derrocar. El libro de Mansuy, una investigación seria –él se leyó todo- y muy original en la manera en que está escrita, está atravesado por este sesgo: deja fuera y en una nota el intento de derrocamiento que desde el comienzo acosa al presidente y, por lo tanto, su proyecto de transformación.

P. A raíz de los 50 años se ha comenzado, nuevamente, a hablar de responsabilidades del golpe.

R. He escuchado en estos días que la responsabilidad principal del golpe de Estado es del presidente Allende. Y eso no solo es un error monstruoso, sino que una estupidez. Es como decir que si usted me mata, yo soy el responsable porque le dije cosas que no le gustaron. Es una brutalidad. Los responsables son los militares, los que lo hicieron. ¿Hablemos de los responsables de la crisis política? Eso es otra cosa. Hay responsabilidad de la Unidad Popular, por supuesto. No la principal, aunque importante. Pero, si hablamos de la salida de esa crisis, ¿por qué los militares tenían derecho a dar un golpe?