El Govern quiere ampliar la defensa penal de cargos de la Generalitat

Los Presupuestos de la Generalitat, ahora en trámite parlamentario, prevén ampliar la defensa jurídica a todos los empleados de la Generalitat. El vicepresident Pere Aragonès explicó ayer que la Ley de acompañamiento de las cuentas incluye modificar la norma que regula los servicios jurídicos de la Generalitat. Si el texto sale adelante, habrá cobertura para delitos que hasta ahora no estaban contemplados, por ejemplo, la desobediencia, el cohecho o el fraude. También estaría protegido el personal eventual, como los asesores.

Aragonès vinculó la reforma a la necesidad de asistencia jurídica de los exconsejeros catalanes de Cultura, Santi Vila y Lluís Puig. Ambos mantuvieron la línea de defensa de la Generalitat y se negaron a devolver al monasterio de Sijena las 44 obras de arte que estaban en el Museo Diocesano de Lleida. Un juzgado de Huesca les impuso una multa a cada uno por no devolverlas y la caja de solidaridad de las entidades independentistas pagó solo la de Puig. Vila tuvo que entregar las escrituras de su casa como aval.

“Es una anomalía que quien ha defendido la posición de la Generalitat no pueda estar cubierto por la misma Generalitat. Entendemos que debe dar cobertura a todo el mundo”, dijo ayer Aragonès, que evitó posicionarse ante la diferencia de criterio de la caja de resistencia. El vicepresidente aseguró que la reforma legal en marcha tiene sentido porque “en otros ayuntamientos y comunidades, la ley prevé que la persona esté asistida y acompañada por la institución que le hizo tomar estas decisiones”.

Dicha reforma modifica un artículo de la ley vigente, de 1996, en cuatro supuestos. El texto actual excluía la posibilidad de defensa de la Generalitat los delitos contra la administración pública como prevaricación, desobediencia, cohecho y tráfico de influencias. La Ley de acompañamiento, como adelantó ayer La Vanguardia, poner fin a ese supuesto. También se amplia la cobertura a la representación. Y se puede dar la asistencia en “en cualquier posición procesal”, es decir, incluso solo cuando se está siendo investigado.

El redactado habla de procedimientos relacionados “por actos u omisiones relacionadas con el ejercicio del cargo”. La ley de 1996 solo amparaba a funcionarios, altos cargos y consejeros. Ahora se pretende que llegue a “empleados públicos” de “todos los organismos de la Generalitat”.