El Govern enfría un adelanto electoral inmediato en Cataluña

 La fecha de las elecciones en Cataluña es una incógnita justo ahora que el País Vasco y Galicia las celebran en abril. Quim Torra, presidente de la Generalitat, reveló el 29 de enero su intención de anunciar el día de la votación después de que el Parlament apruebe los Presupuestos. El president dio la legislatura por agotada y acusó a ERC de falta de lealtad por lo que se alimentó la idea de que la convocatoria sería automática. Meritxell Budó, portavoz del Govern, ha enfriado este martes esa posibilidad al decir que Torra nunca habló de algo “inmediato”. El plan podría aplazarse levemente unos meses.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) fija que deben transcurrir 54 días desde que se firma el decreto de convocatoria hasta el día de las elecciones. Con la calculadora en la mano, eso apuntaba a que los presupuestos podían aprobarse el 18 de marzo y los comicios celebrarse en mayo o bien en junio si PP y Ciudadanos elevan el proyecto al Consejo de Garantías Estatutarias que tiene un mes máximo de plazo para emitir el dictamen. “No sabemos cuando serán las elecciones. El president dijo que una vez aprobados los presupuestos nos lo comunicaría. Pero en ningún caso hablo de los 54 días. No tenemos una fecha concreta”, dijo Budó tras la reunión del Govern celebrado con la inquietud ante la posible cancelación del Mobile de Barcelona

Torra juega con cierto margen porque la hipótesis del Govern es que la sentencia del Tribunal Supremo que puede comportar su inhabilitación por desobediencia no será inmediata. El plazo para las elecciones puede oscilar entre mayo y septiembre. El vicepresidente Pere Aragonès (ERC) asumió en TV3 que la convocatoria es potestad del president pero confió en que como socios consensúen la fecha. El lehendakari Íñigo Urkulllu telefoneó a Torra el lunes para comunicarle su plan de avanzar las elecciones.

“El Parlament votó la existencia de ese mediador porque creyó que era necesario. Intentaremos tomar una decisión consensuada”, dice la consejera Budó

El Consell Executiu sirvió para ratificar el aumento de un 2% del salario de los funcionarios y la devolución del 60% de la paga extra de 2013; la inversión de tres millones de euros en obras por los desperfectos causados por el temporal Gloria o el nombramiento de los delegados del Govern en México, Argentina y Túnez, que ya ejercían desde el día 15. La aprobación de ese paquete de medidas contrasta con la falta de avances sobre la mesa de diálogo con el Gobierno. El equipo técnico que debe decidir cómo funcionará no ha sido nombrado. Su puesta en marcha es clave para que se reúna la mesa este febrero.

Torra no tiene ningún inconveniente en que el vicepresidente Aragonès participe en la mesa pero el acuerdo sobre la figura del mediador no parece tan fácil. El president lo considera imprescindible y ERC no lo ve mal pero no quiere que la exigencia de ese mediador sea una condición sine qua non y que acabe entorpeciendo la negociación. De entrada, Torra reunirá a los partidos y entidades independentistas para abordar el futuro de la mesa. La cita no será pública. “El Parlament votó la existencia de ese mediador porque creyó que era necesario. Intentaremos tomar una decisión consensuada”, ha sostenido Budó en alusión a que ERC apoyó el texto junto a Junts per Catalunya y la CUP.

La figura del relator desencadenó la ruptura de las negociaciones del último mandato y el fin de la legislatura. La consejera reiteró el doble marco de negociación paralelo: la mesa para debatir el conflicto político, en el que reivindicarán la autodeterminación y la amnistía -en eso coinciden los dos socios y admitem que no habrá sosluciones el primer día- y la comisión bilateral, en la que se discutirán cuestión de gestión de competenciales y la cuarentena de propuestas de Pedro Sánchez. Alfred Bosch, consejero de Relaciones Institucionales, debe convocar la bilateral y está ahora tratando con el resto de consejeros los temas a trasladar.