Democracia plena (y mejorable)

Según la última entrega del Democracy Index que elabora anualmente el semanario británico The Economist, España mantiene el tipo en un contexto de regresión democrática global y sigue en el selecto grupo de “democracias plenas” formado por un exiguo 13% de los 167 estados analizados.

Contra el deseo de los que sostienen que la democracia española es de la misma o peor calidad que la turca, el Democracy Index de 2019 no degrada para nada a España. Antes al contrario, en 2019 España obtiene una puntuación superior a la de 2018, lo que le permite escalar de la 19ª a la 16ª posición del ranking absoluto. Ahora bien: esa mejora no obsta para que The Economist dé cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés en unos términos poco halagüeños. “Aunque la sentencia obedeciese a la letra de la ley”, asevera el informe, “las largas penas de prisión impuestas por cargos como sedición a políticos elegidos no están en el espíritu de la democracia”. The Economist reprocha a las autoridades españolas que con su respuesta excesivamente legalista a la cuestión catalana hayan mostrado una falta de confianza en abordar el asunto a través del diálogo político y el debate abierto.

Naturalmente, la evaluación de la calidad de una democracia no termina con las sucintas apreciaciones de un semanario británico que pretende analizar 167 estados a la vez. En enero de este año tuvo lugar en Ginebra el 35º período de sesiones del llamado “Examen Periódico Universal”, un proceso pilotado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que conlleva un escrutinio regular del cumplimiento por parte de los estados miembros de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Uno de los 14 estados analizados fue precisamente España. El resultado del examen todavía no se conoce, pero una ojeada a la documentación previa sugiere por donde pueden ir los tiros.

En su recopilación sobre España, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dedica unos cuantos párrafos a la cuestión catalana que recoge las preocupaciones manifestadas por diferentes actores del ámbito de la ONU respecto a los derechos civiles y políticos, unas preocupaciones que no es evidente que fueran atendidas. En septiembre de 2017, por ejemplo, dos expertos de la ONU (David Kaye y Alfred de Zayas) hicieron un llamado a las autoridades españolas para que las medidas tomadas ante el referéndum del 1-O no interfiriesen con los derechos fundamentales a la libertad de expresión y manifestación. “Al margen de la legalidad del referéndum”, sostuvieron los expertos, “las autoridades españolas son responsables de respetar esos derechos, que son esenciales para las sociedades democráticas”. En una referencia involuntariamente profética sobre las cargas policiales del 1-O, Kaye y de Zayas pidieron que en aquellos días se evitara la violencia “de cualquier tipo”. Justo al día siguiente del referéndum, el Alto Comisionado en persona, Zeid Ra'ad Al Hussein, se manifestó “trastornado” por la violencia policial, pidió que las autoridades españolas aceptaran las peticiones de visita por parte de expertos relevantes en derechos humanos y manifestó su firme creencia de que la situación debería ser resuelta a través del diálogo político, con pleno respeto por las libertades democráticas.

En las preguntas previas por escrito y en las que se hicieron in situ en la sesión del 22 de enero la preocupación también se transluce. Que la República Islámica de Irán se interesase por las medidas para mejorar la situación de la libertad de expresión y manifestación en el contexto del referéndum del 1-O no es quizá significativo, dado el magro historial de ese país en la defensa de los derechos humanos. Pero que lo hicieran Alemania, Bélgica, Estados Unidos o Japón ya es otra cosa.

Sea cual sea el resultado del examen, es posible aventurar que en el próximo examen a que se someta España en el ciclo 2022-2026 la cuestión de los derechos civiles y políticos en Cataluña habrá dejado de ser motivo de preocupación. De manera más inmediata, si la mesa bilateral de negociación entre los gobiernos español y catalán para resolver el conflicto político existente va adelante, es posible aventurar que el Democracy Index de 2020 incluirá una valoración de la “cuestión catalana” opuesta a la de 2019: la democracia española habrá mostrado su confianza en el diálogo político y el debate abierto para resolver el conflicto existente, especialmente si dentro de un año ya no hay políticos elegidos cumpliendo largas penas de prisión por sedición.

Albert Branchadell se profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.