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Los empresarios acusados y la Fiscalía preparan un pacto en el ‘caso 3%’

El acuerdo apuntalaría las acusaciones contra Convergència por recibir comisiones a cambio de obra pública

Registro de la Guardia Civil en el caso 3% en Glòries (Barcelona).
Registro de la Guardia Civil en el caso 3% en Glòries (Barcelona).

La vieja Convergència puede sufrir un zarpazo póstumo de la justicia con el desenlace del caso 3%. A los indicios de la investigación —notas incriminatorias, confesiones, mensajes de WhatsApp— se suma la posición que pueden adoptar en la causa los empresarios que, presuntamente, pagaron mordidas al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Las defensas de algunos de esos empresarios y la Fiscalía Anticorrupción trabajan ya en un pacto por el que, a cambio de reconocer los hechos —lo que dejaría al pie de los caballos a la extinta formación durante la etapa de Artur Mas—, obtendrían una rebaja de la pena.

Las conversaciones avanzan a ritmo pausado y con todas las cautelas por las dos partes. Además, aún están lejos de materializarse en un acuerdo concreto. Fuentes judiciales explican, no obstante, que tanto la Fiscalía como algunos abogados ven en una sentencia de conformidad la mejor vía para defender sus intereses. El pacto evitaría la celebración de un juicio complejísimo, con multitud de testigos, investigados y periciales. Algunos empresarios quieren evitar ese escenario por la exposición y el desgaste que suponen. El acuerdo, además, les permitiría aligerar su carga penal e incluso, según los casos, evitar la cárcel; de paso, su testimonio apuntalaría las tesis sobre la corrupción del partido nacionalista que ha elaborado la acusación pública, que cuenta ya con una notable bolsa de pruebas a su favor.

La vía del acuerdo se está profundizando ahora. Pero ya había sido ensayada, casi desde el inicio del proceso, por algunos de los empresarios involucrados en el pago de comisiones irregulares. Es el caso de Sergio Lerma, excoronel del Ejército y presidente de Oproler. En 2010, su empresa era incapaz de obtener contratos públicos en Cataluña pese a presentar ofertas competitivas. Harto de perder, pidió una entrevista con los responsables de Gisa, la mayor adjudicataria pública del Gobierno catalán. Le explicaron que no estaba en “la lista” y le sugirieron que catalanizara su empresa. Más tarde, le sugirieron que donase dinero a las fundaciones afines a Convergència. La estrategia parece que funcionó, aunque tampoco fue una panacea.

Todo eso lo contó Lerma en su declaración como investigado ante el juez, en 2017. Otro empresario, Jordi Soler (Construcciones Soler), se sumó a esa suerte de confesión sobre el funcionamiento de la obra pública bajo los gobiernos nacionalistas. “Entre las empresas pequeñas de la comarca se hablaba de que no les daban adjudicaciones si no estaban en la lista”, dijo Soler en su declaración ante el magistrado instructor, José de la Mata, en junio de 2018. “Entendí que, si colaboraba con la fundación, estaría en la lista”.

Poco después, el juez De la Mata imputó como persona jurídica a Convergència y a su heredero político, el PDeCAT, por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. Según la investigación, las supuestas donaciones a fundaciones ligadas al partido (CatDem, Fundació Fòrum Barcelona) no eran sino meras tapaderas para encubrir la financiación ilegal. La suma de las adjudicaciones bajo sospecha de distintas administraciones (Generalitat y Ayuntamientos) suma unos 175 millones. El partido de Mas pudo recibir por esa vía un millón de euros. Convergència ya ha sido condenada por recibir 6,6 millones con procedimientos similares (algunos, más burdos, como entregas en efectivo) a través del Palau de la Música en el denominado caso Palau.

Una grabación clave

Destacados cargos del partido permanecen igualmente investigados en el caso 3%. Por encima de todos ellos, Germà Gordó, exgerente de CDC, exsecretario del Gobierno catalán y hombre de la máxima confianza del expresident Artur Mas. Los investigadores consideran que Gordó era el nexo entre los empresarios y los cargos con responsabilidades para adjudicar obras. El empresario Joan Manuel Parra ha aportado al juez la grabación de una conversación que mantuvo en 2011 con Gordó, en la que éste se ofrecía a ayudarle a conseguir contratos: “Te dije: cada vez que te presentes a alguna cosa, me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente”.

La confesión de Parra y la entrega de la grabación han apuntalado las acusaciones contra el partido. Y han estimulado la sensación, entre los empresarios, de que un pacto es idóneo para salir del trance en las mejores condiciones posibles. “Ha marcado un antes y un después”, admiten fuentes de la defensa. Los que por ahora se han mostrado más interesados en una sentencia de conformidad son los constructores. Los políticos son más reacios, aunque están a la expectativa. “Suele ocurrir que empieza uno y después hay efecto dominó”, señalan esas fuentes.

Si los empresarios acreditan la financiación irregular, el panorama para esos políticos se complica. Uno de los escollos de las negociaciones es la necesidad de alcanzar un pacto global. Todo apunta a que habrá acuerdo y que no será necesario esperar para ello al juicio oral. Eso es lo que ocurrió en el caso Palau, cuando Fèlix Millet, saqueador confeso de la institución musical, abrió fuego contra Convergència desde el banquillo de los acusados.

Rebajar las penas para no ir a prisión

Uno de los polos que focaliza las conversaciones entre la acusación y las defensas son las penas a imponer a quienes pacten. Los empresarios persiguen penas de no cumplimiento —o sea inferiores a los dos años de cárcel— que puedan ser sustituidas, además, por el pago de una multa. Las defensas creen que ese escenario ideal es posible si se aplican circunstancias atenuantes (analógica de confesión, dilaciones indebidas, etcétera) y también si se eliminan algunos de los delitos que ahora se les atribuyen, desde la financiación ilegal de partidos (entró en vigor en 2015 y muchos hechos son anteriores) al cohecho o la organización criminal. Éste es uno de los delitos, según esas fuentes, que podría caer con más facilidad. “Hay margen para hablar, porque hay margen para la defensa también”, explican fuentes judiciales. Algunos abogados son menos optimistas y creen que puede darse un escenario similar al del caso ITV, en el que Oriol Pujol, pese a recibir una pena escasa, ingresó en prisión.

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