El Govern limitará el alquiler de habitaciones a cuatro turistas por piso

El decreto de reglamento de Turismo que ultima la Generalitat tiene como principal novedad la regulación del alquiler de habitaciones a turistas. “Hogar compartido” se llamará. El decreto establece que las habitaciones se encuentren en viviendas que sean residencia habitual, que el titular de la actividad sea una persona física y no una empresa, que esté presente cuando tenga huéspedes, y limita a cuatro los turistas que se pueden alojar. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer un texto que exige a la Generalitat aprobarlo cuanto antes y que la ciudad tenga el control sobre las licencias e inspecciones del sector.

El decreto está pendiente desde 2015 y solo le falta el informe de la comisión jurídica. El ejecutivo catalán prevé aprobarlo en diciembre. En el capítulo del hogar compartido, también contempla que el titular de la actividad puede ser el propietario de la vivienda o un inquilino autorizado por el dueño, establece que la vivienda debe estar en condiciones higiénicas óptimas y amueblado. Y sobre las características de las habitaciones, remite a la cédula de habitabilidad, que marca la superficie mínima o que tengan ventilación. Sobre el máximo de días de estancia, la futura regulación no fija un límite, aunque avisa de que a partir del día 31 de alojamiento no puede convertirse en residencia habitual.

El alquiler turístico de habitaciones fue uno de los protagonistas del pleno del Ayuntamiento de Barcelona. A propuesta de ERC, y con el apoyo del resto de partidos salvo el PP (que se abstuvo), el consistorio avaló una proposición que emplaza a la Generalitat a aprobar el decreto y exige que la ciudad tenga el control del sector. Concretamente pide que el decreto afirme de forma explícita (y no como posibilidad) que quien habilita a los propietarios de esta nueva oferta turística sean los Ayuntamientos. Esto último permitiría al consistorio tanto habilitar como inspeccionar, multar y revocar las licencias y cerrar alojamientos si no se ajustaran a la norma.

El futuro sector de las habitaciones turísticas preocupa al gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que hace unas semanas dictó una moratoria de solicitudes por si el plan de alojamientos (el PEUAT) resulta finalmente anulado. El ejecutivo teme que tras el esfuerzo hecho por cerrar pisos turísticos ilegales acabe siendo un coladero de nueva oferta turística descontrolada.

La Generalitat no se cansa de repetir que el decreto ya contempla la principal reivindicación de Barcelona: prevé que los Ayuntamientos tendrán un año para aprobar ordenanzas u otras normativas para regular la habilitación de la actividad, paso previo al registro de establecimientos turísticos del Govern.

El director general de Turismo, Octavi Bono, insiste en que el decreto se limita a ordenar las características de cada alojamiento turístico y que son los ayuntamientos quienes deben desplegar “ordenanzas o planes urbanísticos para regular la habilitación y control de cada sector”. Bono reconoce que si la Generalitat regula los hogares compartidos es “para dar soluciones a una realidad que ya existe, que no supone una enorme contribución al sector turístico catalán, pero que es necesario ordenar”.

La proposición impulsada ayer por ERC también pide que los hogares compartidos limiten los turistas a cuatro personas (ya previsto) y la estancia a 31 días (el decreto no lo hace). E insta a la Generalitat a obligar a plataformas como Airbnb a facilitar los datos de los huéspedes, a que en los anuncios figure el número de registro y a incluir un régimen de inspección y sancionador.

"Pensiones ilegales"

El concejal de ERC que ha liderado la iniciativa, Miquel Puig, defendió que “los hogares compartidos son un gran problema en la ciudad de Barcelona”. “Hay que atajar la perversión que supone la conversión de viviendas en pensiones ilegales”, dijo: “Pisos que se retiran del mercado del alquiler, que ocasionan molestias, no pagan impuestos, ni tasa turística y cuyos empleados no están contratados bajo un convenio colectivo”. Por parte de Junts per Catalunya, la concejal Elsa Artadi cifró en 15.000 las habitaciones en hogares compartidos con uso turístico en el Área Metropolitana de Barcelona, aunque el gobierno de la ciudad no se aventuró cuantificar el fenómeno.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz lo resumió así: “Que el decreto deje claro que es Barcelona, que es la primera trinchera del turismo, quien debe liderar los hogares compartidos en la ciudad, con una ordenanza sobre las habilitaciones, regulación urbanística para que el impacto sobre el mercado de la vivienda sea mínimo y poder inspeccionar para no tener fisuras”. Sanz pidió “tolerancia cero” con cualquier ilegalidad y recordó que el gobierno municipal lleva cuatro años “luchando incansablemente” contra los pisos turísticos ilegales en la ciudad y para defender el uso residencial y no turístico del parque de viviendas.

Apartur y los hoteleros

Desde la patronal de los apartamentos turísticos, Apartur, su presidente, Enrique Alcántara, exige que el sector de las habitaciones turísticas "que existe y existirá", se regule cuanto antes. "Como cualquier otro alojamiento turístico, porque lo que queremos es un sector profesionalizo, por el bien de los turistas y los vecinos: que las habitaciones tengan registro, paguen tasa turística, estén controladas por Mossos, garantías de servicio…", pide.

Alcántara confía en que si finalmente el PEUAT fuera tumbado en los tribunales (sigue vigente tras una primera sentencia que lo declara nulo, pero el Ayuntamiento todavía no ha decidido si recurre), "sería la ocasión para incluir el sector de los hogares compartidos, y fijar densidades por zonas, como con el resto de alojamientos".

Sobre la futura regulación de una fórmula que se asemeja al Bed&Breakfast anglosajón, los más críticos por ahora han sido los hoteleros, que hace un par de semanas emplazaron al Ayuntamiento a tener control "firme" sobre un sector que aseguran que ha crecido de forma "descontrolada". En un comunicado, los hoteleros alertaron de una "liberalización excesiva" de la actividad por parte de Generalitat, cuya regulación entienden que "contempla parámetros poco exigentes".