El juez archiva definitivamente la causa contra Ada Colau por subvenciones a entidades sociales

El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona ha archivado definitivamente la causa contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y diversos exmiembros de su equipo de gobierno por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades sociales denunciadas por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. En un auto el juez afirma no haber resultado probado “ni un solo indicio de participación de la querellada en los delitos mencionados”, y que no ha quedado acreditado que dictara ella misma resoluciones de carácter arbitrario para conceder las subvenciones conociendo su injusticia, textualmente. Además, el magistrado considera que “el hecho que se aplicara ese procedimiento administrativo de concesión y no otro, y que las beneficiarias fueran entidades con las cuales la querellada tuvo algún tipo de vinculación antes de asumir su cargo y que Colau no se abstuviera por existir esos vínculos, son cuestiones que a lo sumo atañen al orden jurisdiccional-contencioso-administrativo”.

Cuando declaró en marzo de 2022, la entonces alcaldesa defendió la legalidad de las ayudas públicas a asociaciones con las que ella y miembros de su Gobierno habían mantenido estrechos vínculos antes de llegar al poder, en 2015, pero que ya habían recibido ayudas anteriormente, mediante la fórmula del convenio con el consistorio. Se trataba del Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que fue fundadora y portavoz.

Los Comunes han celebrado el archivo en comunicados de prensa y en las redes sociales el archivo de la causa contra Colau y la decisión del Tribunal Supremo de archivar, esta misma semana, la causa abierta al diputado de Sumar y exconcejal de Barcelona Eloi Badia por las emisiones contaminantes de la incineradora de Tersa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). El archivo de las dos causas, penales, constata, según el partido, que la exalcaldesa y varios de sus concejales fueron víctimas de “lawfare” por parte de empresas y grupos de presión. “Ha servido para generar ruido y para atacar la imagen y la honorabilidad de representantes democráticos”, subrayan los Comunes, tras recordar que las denuncias presentadas contra miembros del partido que se han archivado ascienden a 22.

En el caso de la denuncia contra Colau, el juez también afirma que “la concesión de subvenciones públicas, conforme a la ley y con las garantías del ordenamiento jurídico de revisión y examen a entidades que compartan la visión política de quien ocupa un cargo público, como consta en el presente supuesto, siendo entidades que también habían recibido subvenciones públicas en el pasado, no puede ser punible”. El pasado mes de febrero, el juez rechazó prorrogar la instrucción de la causa, como había solicitado la asociación, que había recurrido un primer sobreseimiento de las diligencias abiertas por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencia y malversación.

En noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona había ordenado reabrirla investigación, por lo que los querellantes habían solicitado una serie de pruebas, que el Juzgado rechazó en el auto de archivo de febrero de 2025. En este, el magistrado afirmaba que esas pruebas pedidas “inciden de nuevo en cuestiones ya valoradas y relativas a documentos que han sido aportados con anterioridad y que puede encuadrarse, en realidad, en el intento de la acusación de convertir el procedimiento en una suerte de investigación prospectiva, expresamente proscrita en nuestro derecho penal”.