El Govern habilitará a Barcelona para que cobre un recargo turístico

La Generalitat habilitará a Barcelona para que pueda cobrar un tramo municipal de la tasa turística y compensar así la presión que la ciudad soporta para parte de 30 millones de visitantes al año. Lo acordaron este lunes el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona durante la Comisión Mixta, un encuentro que no se celebraba desde julio de 2018. Entonces, la alcaldesa Ada Colau salió disgustada: “esperaba más”, dijo y añadió que estaba “todo por hacer”. El tono mejoró este lunes, aunque los acuerdos dependen de la aprobación de los presupuestos. Unos y otros mostraron voluntad para lograrlo y apelaron al diálogo.

El tramo municipal de la tasa turística (una idea de ERC que en el pleno de septiembre apoyaron comunes, PSC y Junts per Catalunya), permitiría a la ciudad cobrar hasta cuatro euros más por turista y noche, en función de la categoría del establecimiento y la temporada del año. Para materializar la habilitación, la Generalitat incluirá el tramo local en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, por lo que es necesario que apruebe sus cuentas para que la ciudad pueda comenzar a cobrar el tramo local.

En este sentido, tanto la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, como el primer teniente de alcalde del consistorio, Jaume Collboni, señalaron la necesidad de que las dos administraciones tengan aprobados los presupuestos de 2020. De hecho, fuentes del consistorio confían en poder comenzar a cobrar el recargo de la tasa ya desde el primer trimestre. “Nos interesa aprobar los presupuestos”, dijo Collboni, que pidió “un esfuerzo” para que se aprueben.

Una tasa que, avanzó Collboni, podría recaudar “hasta 20 millones de euros” para las arcas municipales. “Podría ser inmediato si se aprueba la ley de acompañamiento de los presupuestos”, afirmó el teniente de alcalde, que defendió el impuesto como “una manera de redistribuir” el impacto que el turismo tiene en la ciudad. “Es un muy buen acuerdo puntual que va en la línea de la carta municipal de Barcelona [que este año cumple 20 años] y que reconoce un tratamiento singular”, manifestó.

Collboni celebró que la Generalitat haya reducido un 75% la deuda reconocida con Barcelona (de 100 millones de euros en 2015 a 25 en la actualidad), pero lamentó la falta de avances “en la deuda ciudadana”, que en 2018 ascendía a 320 millones de euros, y en la que se contabilizan los servicios que paga la ciudad y debería costear el Govern en materia de guarderías, residencias para mayores o vivienda. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, también expresó su “voluntad de poder dotar las instituciones de presupuesto para volver a las políticas de antes de la crisis”.

Budó celebró el “tono constructivo” de la reunión y destacó cuestiones más políticas del encuentro, como la petición de las dos administraciones de una mejor financiación del transporte metropolitano o la de derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL, conocida como Ley Montoro), que entienden que “ataca la autonomía local” porque limita el gasto de los Ayuntamientos.