Barcelona quiere aplicar un recargo a la tasa turística de hasta cuatro euros al día

Barcelona quiere aplicar un recargo a la tasa turística para paliar los efectos del turismo sobre la ciudad. El recargo sería de hasta cuatro euros al día por las pernoctaciones o estancias de cruceros, se sumaría a la actual tasa de la Generalitat y la recaudación sería íntegra para el Ayuntamiento. El recargo es una iniciativa de ERC que se votó ayer en el pleno, que aprobó pedir al Parlament que modifique la ley del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos. En el primer pleno del mandato, la idea logró el apoyo del 80% de los concejales: ERC, los comunes, el PSC y Junts per Catalunya.

El recargo tiene muchas posibilidades de materializarse. Porque el amplio apoyo que tuvo en el pleno municipal hace presagiar que no tendrá dificultades al pasar por el Parlament. Y porque es una medida que no tiene coste para la Generalitat. Técnicamente, la fórmula más rápida para aprobar la modificación y autorizar a Barcelona a cobrar un tramo local de la tasa sería a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, explicaron los grupos. Una vez modificada la Ley y autorizado el Ayuntamiento, el recargo se aprobaría en el paquete de las Ordenanzas Fiscales municipales. Con el calendario en la mano, no será posible incluir el tramo local del impuesto en las ordenanzas de 2020 que se votarán en diciembre. Pero la idea del gobierno es que comience a cobrarse a lo largo del próximo ejercicio.

Las cuatro fuerzas políticas que apoyaron el recargo recordaron que llevaban la idea de subir la tasa turística en sus programas electorales. Señalaron que la ciudad soporta cada año 30 millones de pernoctaciones (solo con la oferta legal), a la que cabe sumar los 2,2 millones de cruceristas que pasan por la ciudad. Actualmente, en función de la categoría de cada establecimiento, la tasa turística cuesta entre 0,65 y 2,25 euros por noche. La ciudad recibe de la Generalitat 15 millones del total de 60 que se recaudan cada año. El recargo propuesto, que también se aplicaría a los cruceros, oscilaría entre cero y cuatro euros, en función de la temporada y la zona de la ciudad donde se encuentre el establecimiento.

El concejal de Turismo, Xavier Marcé, evitó adelantar ninguna cifra de recaudación del futuro recargo. Pero desde ERC, impulsor de la proposición, el concejal Miquel Puig estimó la semana pasada que se podrían alcanzar los 100 millones de euros al año, una suma que situaría la media de la nueva tasa en tres euros por pernoctación.

La recaudación del impuesto se destinará a controlar los pisos turísticos ilegales, mejorar la calidad de vida de los vecinos más presionados por el turismo y crear oferta turística para descentralizar a los visitantes.

Marcé no eludió las críticas al futuro impuesto por parte del Gremio de Hoteles o de la patronal de los apartamentos turísticos, que consideran que el impuesto es discriminatorio con sus sectores económicos. “Abrimos un proceso donde habrá que tener la complicidad de los operadores”, tranquilizó el concejal y pidió que la tasa local “no sea percibida como un elemento impositivo o represor, sino como una aportación que favorece el modelo turístico de la ciudad”. Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP rechazaron el impuesto, reacios a incrementar la presión fiscal.

Nuevo Port Olímpic

El pleno también aprobó el último trámite para que el Ayuntamiento asuma la gestión del Port Olímpic. Concretamente se votaron modificaciones en el convenio por el que la Generalitat cederá el espacio al consistorio, que quiere eliminar el ocio nocturno y doblar el espacio para uso ciudadano. El consistorio prevé asumir la gestión del recinto en pocas semanas y por un periodo de 30 años. Tras un primer protocolo de intenciones firmado por la Generalitat y el Ayuntamiento en 2016, el texto final de la cesión contempla una novedad destacable: que una parte de los beneficios que pueda generar la gestión del espacio (a través de las concesiones) se ponga a disposición de la Generalitat para invertirlo en el sistema portuario que gestiona.

Por último, el pleno acordó una declaración institucional firmada por todos los grupos (salvo Ciutadans y Barcelona pel Canvi) que pide a Endesa que condone el 100% de la deuda de familias vulnerables de la ciudad. Una deuda que afecta a 3.790 familias y roza los tres millones de euros. La alcaldesa Ada Colau agradeció el trabajo de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), promotora de la declaración, en la defensa de los derechos fundamentales como el acceso a los suministros: “Es inaceptable el tono amenazante de Endesa con los ayuntamientos y las familias. Pedimos que las retiren”, dijo.